Una auditoría de la Contraloría reveló que 16 funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa habrían fraccionaron irregularmente contratos de mantenimiento para beneficiar a empresas familiares vinculadas a aportantes de campaña de Rohel Sánchez. El perjuicio económico supera los S/ 208 mil y el caso fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción.
La aparición de grasa en el agua potable y partículas negras encendió la alarma en el Cercado de Camaná. Sunass realizó una verificación en campo y Sedapar tomó muestras, pero niega rotundamente que tenga responsabilidad en esta contaminación. Pancarta.pe corroboró los hechos con grabaciones exclusivas de un vecino afectado de la calle Agustín Gamarra.
El servicio de mantenimiento mayor de tres helicópteros militares del Ejército del Perú, contratados para reforzar su operatividad frente al Fenómeno del Niño, presenta retrasos, piezas faltantes y penalidades millonarias. La Contraloría General de la República identificó una situación adversa en el proceso y pidió al Ministerio de Defensa y al Comando del Ejército adoptar medidas correctivas.
Decenas de entidades en Arequipa no registraron contrataciones menores a 8 UIT en el SEACE, impidiendo su fiscalización. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, más de S/59 millones fueron contratados sin dejar rastro público. La Contraloría advirtió este patrón en al menos 40 municipalidades. Destacan en el nivel de opacidad Yarabamba y La Joya.
La Contraloría General de la República detectó que 48 entidades públicas de Arequipa, entre ellas la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Beneficencia, no han implementado sus portales de transparencia, no realizaron capacitaciones en ética y dejaron pendientes sus planes de control interno para luchar contra la corrupción.
El hackeo a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional también destapó la magnitud del espionaje estatal en el Valle de Tambo: más de doscientas alertas dieron cuenta de seguimientos a actividades de oposición al proyecto Tía María. La filtración confirma lo que era un secreto a voces: la protesta social fue tratada como un objetivo de seguridad interna.
La Contraloría observó que Caylloma cubrió plazas permanentes con contratos temporales. Once trabajadores ya firmaron con el municipio y se encuentran laborando, mientras que la comuna alega que el informe de control llegó tarde, cuando el concurso ya había concluido.
En el municipio de Caylloma se firmaron once contratos temporales en puestos de carácter permanente, de acuerdo a la Contraloría. Los nuevos empleados podrían alegar desnaturalización de contrato para quedarse con sus plazas al no haberse justificado la necesidad de la contratación, según la Contraloría.
La Contraloría detectó que Autodema aprobó pagos por más de 622 mil soles a una empresa de seguridad sin que esta cumpliera con los informes, controles y equipos pactados en contrato.
Una denuncia sostiene que se cobraron 27 mil soles a cambio del ingreso de un postulante a la Facultad de Medicina, pese a no rendir examen. La universidad niega la existencia de una “mafia”, aunque reconoce la investigación en curso.
