Hasta el cierre de la presente edición, el canal de Telegram Deface Perú había triplicado sus suscriptores. Este canal, para el cual no es necesario contar con evaluación para ingresar, publicó el hackeo más grave que ha sufrido el Estado peruano hasta la fecha. La débil seguridad de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN) quedó expuesta y con ello la identidad de sus agentes, los reportes, alertas y operaciones de inteligencia desarrollados a nivel nacional.
Arequipa no está excenta de esta divulgación. De los más de 37 mil reportes filtrados, al menos 1920 corresponden a alertas de inteligencia reportadas por agentes en la región desde el año 2016. Estas alertas están vinculadas a distintos aspectos como partidos del FBC Melgar, visitas de mandatarios, reuniones técnicas con ministros y autoridades regionales, además de manifestaciones, huelgas y paros. En este último punto resalta la frecuencia de menciones que se hacen a las actividades de los opositores al Proyecto Tía María y La Tapada, de Southern Cooper Perú, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay.
En la base de datos de la DIRIN, Pancarta.pe ha logrado identificar al menos 210 alertas vinculadas a reuniones, asambleas, coordinaciones, jornadas, paros, viajes y movilizaciones en el Valle de Tambo, Arequipa y Lima, entre enero de 2016 y agosto de 2025, vinculados a la oposición al proyecto Tía María de los pobladores de la zona. Es necesario reiterar que estas alertas no van más allá del 2016.
Las menciones
Los reportes contienen una especificidad que permite diferenciar cuando un dato se obtuvo a partir de circunstancias públicas y cuando fue producto de seguimiento de inteligencia. En el primer escenario usan el término «Fuente abierta», y otros menos específicos, y, en contraste, para referirse al segundo usan el término «Por el canal de inteligencia». En ese contexto, Pancarta.pe pudo identificar que el 95 % de los reportes (200) tienen esta última nomenclatura. De ello se deduce que todos los dirigentes que mencionaremos a continuación tuvieron algún tipo de vigilancia de la DIRIN.
El nombre con mayor número de citas en los reportes es el de Miguel Meza Igme, de quien los agentes de inteligencia aseguran se ‘autodenomina’ vocero del Valle de Tambo, y cuyas convocatorias y reuniones fueron reportadas al menos 36 veces desde el 2017. Otros nombres incluidos, y vinculados a la oposición contra el proyecto Tía María, son el de Jesús Cornejo Reynoso, ex presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo ahora encarcelado, quien entre 2016 y 2017 tiene al menos 20 menciones. También está incluido Roger Chirapo, vocero, con cinco citas, dos en 2019 y tres, recientemente, en 2025.
Un personaje que igualmente figura en los registros y que está asociado a las protestas contra Tía María es el de Jorge del Carpio Lazo, quien es citado en dos oportunidades. Aparece con menor frecuencia en los reportes Julio Cornejo Reynoso, ex alcalde de Cocachacra, de quien los agentes reportan que buscaría provecho político de las jornadas de protesta. Asimismo, están con al menos una mención el dirigente de Construcción Civil de Deán Valdivia, Lucio Calle Mamani, y el presidente de la Asociación de Agricultores Progresistas de Deán Valdiva, Elard Juárez.
En la lista también hay alusiones que datan del 2016 a Mariluz Marroquín (2), José Blanco Choquehuanca (1) y el abogado Héctor Herrera (1).
¿Cómo vigilan?
Siempre ha sido de conocimiento público que las actividades de los dirigentes del Valle de Tambo han sido objeto permanente de vigilancia. Desde vigilias en la plaza de Armas de Arequipa hasta reuniones, acuerdos y manifestaciones. Solo en lo que va del 2025, existen al menos 29 reportes sobre concentraciones, caravanas, paros y movilizaciones.
El lenguaje de los documentos varía, pero el objetivo se mantiene: prevenir o neutralizar cualquier acto que altere el orden público. En algunos casos, sin embargo, las recomendaciones van más allá. Un parte de enero 2017 señalaba, por ejemplo: “esta Dirección de Inteligencia recomienda maximizar la OEBI (Orientación de Esfuerzo de Búsqueda de Información) tendientes a la identificación de dirigentes, seudo dirigentes, militantes, activistas y agitadores, con videos, tomas fotográficas y grabaciones de audio”, respecto a una movilización convocada por Jesús Cornejo Reynoso, entonces presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo. Lo descrito en este parte podría interpretarse como un mecanismo de presunto reglaje.
Este tipo de instrucciones disminuyeron desde 2018 y fueron reemplazadas por expresiones más generales, como “intensificar la orientación del esfuerzo de búsqueda de información y mantener estrecha comunicación y coordinación con las unidades operativas para prevenir y neutralizar cualquier acción que perturbe la paz, tranquilidad, tránsito y orden público”. Ello nos permite concluir que existe mayor moderación en las notas de inteligencia aunque al final es altamente probable que impliquen lo mismo.
Lo que vigilan
Uno de los aspectos que llamó nuestra atención es que existen registros de la vigilancia a políticos de izquierda con actividades en el Valle de Tambo. Los partes mencionan la visita de Gregorio Santos (2016), reuniones de dirigentes con el movimiento Frente Amplio (2017), la llegada de Dina Boluarte cuando era candidata a la vicepresidencia por Perú Libre (2021), y un foro convocado en diciembre de 2024 para debatir sobre la contaminación del río Tambo y el uso de aguas residuales solicitado por la minera Southern Cooper.
En otro contexto, en una alerta que data de julio del 2019, cuando entonces se llevaba a cabo un paro provincial (Islay) en contra de Tía María, el agente de inteligencia narra lo siguiente: «se tiene conocimiento que los manifestantes que se ubican a la altura del túnel de ingreso a Islay Matarani, estarían recolectando botellas descartables, posiblemente para la elaboración de bombas caceras, asimismo, que al detectar presencia policial pretenderían derrumbar el túnel». El parte dejaba constancia de la tensión en la zona y del supuesto riesgo de que las acciones de protesta derivaran en hechos de violencia extrema.
Por ello, en el reporte se aconseja que «el personal integrante del SIPOL(Sistema de Inteligencia Policial), que se encuentre en la zona antes indicada, deberá aplicar las tácticas y las cubiertas adecuadas a fin de no poner en evidencia su identidad y pueda ser objeto de agresión por parte de los manifestantes». Ello confirmaría la existencia personal infiltrado, específicamente, en esa jornada de protesta.
Por otro lado, los agentes también siguieron la pista a otros conflictos en Islay que involucraban a dirigentes del Valle de Tambo. En octubre de 2020, una nota de inteligencia alertó sobre el riesgo de “reactivación de la conflictividad social” por la construcción de una planta de cementos en Matarani. Según el parte, estos hechos eran “aprovechados por líderes antimineros del Valle de Tambo para ampliar su influencia y lograr una mayor capacidad de presión”.
Entre otros reportes más recientes, durante mayo del 2025, desde inteligencia informaron que en las jornadas de verificación notarial de oposición al proyecto Tía María se habrían usado agricultores foráneos que laboran temporalmente en el valle por la época de cosecha de arroz para darle legimidad a la jornada. Asimismo, también hay comunicaciones sobre las recientes caravanas, movilizaciones y actividades dirigenciales.
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Reacciones
Pancarta.pe se comunicó con Miguel Meza, uno de los actores más mencionados en las alertas de inteligencia de la DIRIN, y respondió que conocía de las labores de inteligencia a su alrededor, pero no imaginó que tuvieran la magnitud descrita. «Sabemos que hay inteligencia pero que tenga 36 menciones quiere decir que los servicios de inteligencia están muy cerca de nosotros».
Meza aseguró que el propio Southern también tiene sus servicios de inteligencia. «Es una amenaza permanente», remarcó. Además sostuvo que no existe ningún temor porque no comete ningún delito, «porque dentro del marco de la ley y de nuestra constitución participo de las marchas y asambleas populares pacíficas». El dirigente también pidió la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos debido a que, de acuerdo a su opinión, esta vigilancia estaría buscando criminalizar su derecho a la protesta.
El congresista Jaime Quito también se pronunció en la misma línea. «Primero, se está demostrando que la inteligencia en nuestro país no es nada inteligente, que cualquiera la puede hackear más allá de las inversiones que se hagan. Se supone que la inteligencia debe ser para enfrentar la delincuencia en el país, el crimen organizado, los graves problemas que afectan a la ciudadanía respecto al tema de seguridad. Estamos muy preocupados por esos reportes. Rechazamos totalmente esta persecusión», sostuvo el parlamentario. Quito informó que se ha firmado la interpelación al ministro del Interior, Carlos Malaver, y que se espera explicaciones respecto a la filtración y las acciones al respecto.
Una explicación razonable
Por su parte, Guido Del Carpio, expolicía criminólogo y especialista en seguridad, opinó para Pancarta.pe que este tipo de vigilancia es una herramienta necesaria para anticipar y manejar conflictos sociales. «Es larga la data histórica en el Perú en la que muchos dirigentes se han radicalizado con filosofías muy extremas políticamente. Eso no quiere decir que todas las personas sean radicales, pero ¿cómo podemos estar seguros? Para eso es el trabajo de inteligencia, para siempre estar atento y buscando información». Del Carpio aclaró que la obtención de información de alguna persona, político o dirigente no implica que sean sospechosas de algún delito.
Sin embargo, también expresó que la información recolectada no debe ser utilizada con fines políticos y que un direccionamiento de este tipo en la obtención de información sería incorrecto. «En inteligencia no deben obedecer a ningún gobierno específicamente, ni tampoco debe existir aprovechamiento de información para explotarla políticamente. Eso es lo que no debe darse. Lo que sí debe darse es efectivamente tener información sobre ciertas personas que podrían ser activadores de conflictos sociales, pero como actividad de prevención, nada más. Recordemos que los agentes de inteligencia no tienen la potestad de intervenir, su función es el recojo de información para que otras entidades tomen acción», finalizó.
