Según la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción 2025 de Proética (Perú), la corrupción se ha convertido en un componente estructural de la vida cotidiana. El 67% de la población la ubica entre los tres principales problemas del país, apenas un punto por debajo de la delincuencia.
Este resultado marca un salto histórico. En 2008, solo el 37% de los peruanos señalaba a la corrupción como un problema central. Diecisiete años después, la cifra creció 30 puntos porcentuales. Para José Luis Gargurevich, director de Proética, este cambio permite entender por qué la corrupción pasó de ser un fenómeno asociado a coyunturas políticas a convertirse en un eje explicativo de los males nacionales.
El estudio muestra, además, un desplazamiento clave en la percepción ciudadana. La corrupción en el Perú ya no se limita a casos emblemáticos como Lava Jato. Ahora se identifica en la llamada “última milla” de los servicios públicos: la posta médica, el hospital, la escuela o una oficina administrativa. Prácticas que antes se atribuían a simple ineficacia hoy son reconocidas como actos corruptos.
Esta nueva mirada tiene efectos directos. El 87% de los encuestados considera que la corrupción perjudica su vida diaria. Principalmente, golpea la economía familiar (55%) y deteriora la calidad de los servicios de salud y educación (39%). A pesar de ello, el pago de coimas aparece como una práctica normalizada: el 45% admite haberlas pagado porque percibe que, de lo contrario, “las cosas no funcionan”.
Sin embargo, el dato más contundente es la impunidad. El 90% de quienes enfrentaron un pedido de pago indebido no denunció el hecho. La razón principal es la desconfianza en las autoridades: el 43% considera que denunciar “no sirve de nada” o que las autoridades no actúan. A ello se suma el temor a represalias y la percepción de ineficacia del sistema de justicia.
Paradójicamente, la ciudadanía deposita la responsabilidad de liderar la lucha anticorrupción en las mismas instituciones que percibe como más corruptas. El 45% señala al Congreso de la República como principal responsable de resolver el problema, pese a que el 85% lo considera una de las entidades con mayor corrupción.
Asimismo, según el estudio, el 64% de los ciudadanos considera corruptos a sus compatriotas, pero apenas el 3% admite prácticas corruptas en su vida personal.
Este contraste refleja una clara externalización de la responsabilidad. Gargurevich, explica que conforme la pregunta se acerca al individuo, la percepción de corrupción disminuye de manera sostenida: baja al 51% cuando se evalúa la ciudad, al 29% en el barrio y al 7% en el entorno familiar. De este modo, se consolida la idea de que el problema es siempre ajeno no propio.
Tras los resultados, para Proética, mientras no exista una reflexión individual honesta, será difícil construir una respuesta colectiva que exija integridad con verdadera autoridad moral. Descarga el detalle del estudio aquí.
