Alrededor de mil familias pagan cada mes entre 150 y 200 soles a un colegio que, para el Estado peruano, es un colegio público. Lo hacen porque durante años creyeron que la Institución Educativa 40159 Ejército Arequipa funcionaba bajo un esquema legal especial, similar al de los colegios administrados por la iglesia u otras entidades privadas en convenio con el Estado. Ello no es así: una parte de la normativa citada en el convenio que firmaron con el Gobierno Regional fue alterada. Esa alteración abrió la puerta a un sistema de cobro de pensiones que, en un cálculo conservador, supera el millón y medio de soles anuales sin respaldo en el marco normativo vigente.
El convenio adulterado
Para entender cómo llegaron a esta situación, conviene partir del artículo 130 del Reglamento de la Ley General de Educación (D.S. 011-2012-ED), que distingue tres tipos de instituciones educativas: las de gestión directa, las de gestión pública privada y las de gestión privada. En la primera clasificación encajan todos los colegios nacionales; en la segunda, los colegios por convenio a cargo de entidades como la iglesia u otras sin fines de lucro; y en la tercera, los particulares.
El convenio Nro. 001-2022-GRA/GREA-DGI-EPLAN, suscrito el 19 de mayo de 2022 entre el Gobierno Regional de Arequipa y el Comando de Bienestar del Ejército (ahora Jefatura de Bienestar o JBIENE), define a la IE 40159 como una institución de gestión pública privada. Lo firmaron el entonces gerente general de la región de la gestión de la ex gobernadora regional de Arequipa Kimmerlee Gutiérrez, Jorge Luis Suclla Medina, y el General de Brigada EP Max Hernando Marín Lira, en representación del Ejército. Más adelante fue aprobado por la UGEL Arequipa Sur mediante Resolución Directoral Nro. 005658-2022, del 9 de agosto del mismo año.
Para justificar esa clasificación, el convenio cita en su sección de antecedentes el inciso b del artículo 130 del Reglamento de la LGE de la siguiente manera:
«b) Públicas de gestión privada, a cargo de entidades sin fines de lucro que prestan servicios educativos en convenio con el Estado. En este tipo se encuentran las instituciones educativas públicas creadas y sostenidas por el Estado, que son gestionadas o administradas por las FFAA (Ejército del Perú) y/o entidades privadas, mediante convenio con el Ministerio de Educación o el Gobierno Regional (…)».
Sin embargo, lo que en realidad dice ese artículo es que las instituciones educativas públicas de gestión privada «son gestionadas o administradas por la Iglesia católica y entidades privadas» (ver imagen). En ninguna parte se menciona al Ejército del Perú ni a las Fuerzas Armadas. La cita fue alterada, lo que permitió que el colegio funcionara bajo un estatus que no le corresponde.
Consultamos al respecto con el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari, especialista en derecho administrativo, quien explicó que el problema central es que la figura aplicada en el convenio no encaja en el marco normativo vigente. «Si la situación no calza con la norma, entonces estamos ante un acto que no se ajusta al orden legal (…). Aquí corresponde que intervenga el Órgano de Control respectivo», señaló. En la misma línea, Arturo Salas Vildoso, presidente de la ONG Solidaria Perú, indicó que «la inconsistencia detectada podría dar lugar a cuestionamientos sobre la validez del convenio, un aspecto que deberá ser evaluado por las instancias competentes».
Al hacer la consulta al respecto bajo el mecanismo de transparencia —tras varios intentos de coordinar una entrevista con el director del colegio, Coronel Humberto Ortiz, a través del responsable de Relaciones Públicas de la IE—, el Ejército del Perú respondió, a través de la propia dirección de la IE, que no le corresponde clasificar el tipo de gestión de la institución, y que su naturaleza de «gestión pública privada» obedece a lo suscrito en el convenio con el Gobierno Regional. La respuesta es circular: el convenio es precisamente el documento cuestionado.
Lo que dicen los registros oficiales
La realidad que registran los sistemas del Estado es diferente a lo consignado erróneamente en el convenio y la propia definición que usa el colegio en sus documentos oficiales. Al ingresar al portal de Estadística de Calidad Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación, todos los niveles de la IE 40159 Ejército Arequipa —inicial, primaria y secundaria— figuran como «Pública de gestión directa». Es decir, debe manejarse como cualquier colegio estatal, de acuerdo a la normativa vigente.
Al respecto, consultamos con el director del área de Gestión Institucional de la UGEL Arequipa Sur, John Zubia Aguilar, quien confirmó que nuestra conclusión es correcta. “El colegio es público, porque el Ejército forma parte del Estado peruano”, señaló el funcionario.
La Resolución Ministerial 326-2020 refuerza este punto. La norma técnica sobre convenios para la gestión de instituciones educativas públicas a cargo de entidades sin fines de lucro define ese término como aplicable a la Iglesia Católica y a «cualquier persona jurídica de derecho privado que persigue un fin no lucrativo». El Ejército del Perú, en tanto entidad de derecho público, no encaja en ninguna de esas categorías.
Pancarta.pe también revisó el marco legal derogado disponible en el portal del Sistema Peruano de Información Jurídica. No encontró disposición alguna en leyes generales de Educación anteriores que hubiera permitido calificar a esta institución como colegio de gestión pública privada en el pasado.
El dinero de los padres de familia
La alteración del convenio no es solo un problema de formalidad. Su consecuencia práctica es un sistema de cobro de pensiones bajo la denominación de “cuota de bienestar para la mejora educativa” que opera desde hace años sin sustento en el marco normativo vigente.
La IE 40159 cobra mensualmente 150 soles para hijos de militares y 200 soles para hijos de civiles. Con 1,033 estudiantes matriculados este año, el colegio recauda como mínimo 150 mil 950 soles al mes. Al año, ese fondo supera el millón y medio de soles provenientes del bolsillo de los padres de familia.
El problema no es solo el monto. Es quién lo recauda y cómo. Todo colegio público debe contar con una Asociación de Padres de Familia (APAFA) constituida, que es el único organismo legalmente facultado para administrar aportes de los padres, con un tope de 85 soles anuales. Las cuentas de recaudación deben estar a nombre del presidente y el tesorero de la APAFA de forma solidaria.
Sin embargo, en la IE 40159 las cuentas están a nombre del colegio (Banco de Comercio), cuyo representante legal es el director Crnel. EP Humberto Ortiz. Así consta en vouchers y comunicados internos a los que tuvo acceso Pancarta.pe. En años anteriores, en algunas partes del año, los depósitos se realizaban tanto por Yape como a cuentas de personas naturales vinculadas a la institución.
El presidente de la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Padres de Familia (Coordinapafas), Edgar Trejo, fue categórico: la función de recaudar fondos de los padres sólo le corresponde a la APAFA, conforme a la ley 28628 y su respectivo reglamento.
Sin embargo, la IE no cuenta con una APAFA, por una serie de disputas internas en las que a la dirección, de acuerdo, al testimonio recogido de los padres de familia, le ha resultado más conveniente trabajar con comités de aula, y ha decidido desconocer a la APAFA del colegio. Ello que también estaría fuera del marco de la ley. Incluso a pesar de que en su momento la APAFA cumplió con los requisitos necesarios para conformarse, según pronunciamiento de la propia Ugel Arequipa Sur.
“Está prohibido que los colegios nombren a comités de aula en reemplazo de las APAFAS”, señaló en ese contexto Edgar Trejo a Pancarta.pe.
Al ser consultada vía transparencia, la dirección de la IE respondió que tiene facultad para recaudar recursos propios, citando el artículo 156 del Reglamento de la Ley General de Educación, que efectivamente permite a los colegios públicos captar ingresos propios. Sin embargo, las fuentes reconocidas por esa norma son arrendamientos, actividades culturales o deportivas, donaciones y servicios de extensión educativa. En ninguna parte se mencionan aportes mensuales de padres de familia. La dirección también citó en su respuesta el Decreto Supremo N°009-2005-ED como respaldo, pero esa es una norma que se encuentra derogada.
En esa línea, el director de Gestión Institucional de la Ugel Arequipa Sur, John Zubia, indicó que, desde el punto de vista de gestión, “no debe existir estos cobros [por cuota de bienestar]” en este tipo de instituciones, dado que forman parte del sistema educativo estatal. Asimismo, remarcó que conceptos como aportes por “bienestar” no forman parte de los mecanismos de financiamiento de las Instituciones Educativas reconocidos por el marco legal vigente. Todo aporte de los padres de familia debe canalizarse a través de la APAFA.
La matrícula condicionada
Para formalizar este esquema, el colegio diseñó un instrumento adicional: el «Convenio de adhesión a servicios complementarios», que los padres deben firmar como primer requisito del proceso de matrícula. Según los testimonios recogidos, sin ese documento el proceso no puede continuar.
Pancarta.pe tuvo acceso a documentos de años anteriores en que se habla explícitamente de un “contrato” en el que los padres dejarían constancia de su compromiso económico, entre otros aspectos. Sin embargo, ante el escándalo del incremento del monto de las “cuotas de bienestar”, a finales de 2024 e inicios de 2025, se decidió cambiar la denominación por “Convenio de adhesión”, según los padres de familia consultados para este reportaje. Asimismo, nos manifestaron que no es una práctica regular que les entregue una copia de ese documento.
En su contenido se afirma que la IE no recibe presupuesto del Ministerio de Defensa ni del Ministerio de Educación, y que se financia exclusivamente con la cuota de bienestar. Eso contradice lo confirmado por la propia UGEL Arequipa Sur: los sueldos de los docentes son cubiertos por el Estado, al igual que los servicios de agua y electricidad, según directiva 001-2021-GRA/GRE/D.UGEL.AS/D.AADM/ABAST. Existen además respuestas de la propia UGEL a solicitudes de transparencia de padres de familia que acreditan ese financiamiento estatal.
Asimismo, el documento no describe ninguna obligación concreta por parte del colegio, salvo la prestación del servicio educativo en modalidad presencial y virtual, algo que el Estado ya garantiza.
Lo que sí detalla con precisión son las consecuencias para quien no pague: descuento directo en los haberes de los padres que formen parte del personal militar, reporte a centrales de riesgo crediticio, cobro mediante letras de cambio, pagarés, declaraciones juradas con claúsula penal por mora, y retención de certificados de estudios hasta la cancelación total del saldo adeudado.
A los padres “civiles”, además, se les exige presentar un garante como condición para matricular a sus hijos. Quienes no pueden hacerlo tienen como única alternativa el pago adelantado de seis mensualidades. Esta práctica fue reconocida por el propio colegio en respuesta a una de nuestras consultas por escrito, en la que señala que la medida se sustenta en la Directiva 005, un documento interno del Ejército que regula la prestación del servicio educativo bajo su tutela.
Cabe precisar que el convenio también establece expresamente que, ante la existencia de deudas, no se puede retener la libreta de notas ni ningún otro documento de evaluación o seguimiento académico. Tampoco se autoriza la restricción de la continuidad del servicio educativo. Sin embargo, estas disposiciones resultan contradictorias frente a las exigencias y limitaciones previamente descritas.
En la práctica, el convenio adulterado generó una apariencia de legalidad que permitió a la IE 40159 Ejército Arequipa operar, durante años, bajo un esquema irregular al margen de la normativa vigente. Tras las quejas de algunos padres de familia y a partir de nuestras consultas, la UGEL Arequipa Sur ha iniciado acciones para revisar el convenio, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 20 de mayo. En ese proceso se buscará determinar las responsabilidades en su formulación. Y esta denuncia, por ahora, apenas deja ver la magnitud del problema.
4 respuestas
La parte mala es que solo se queda en nota, no se le da seguimiento, nunca se acercan las autoridades a realizar las intervenciones correspondientes, el colegio ya lleva años sin apafa y como los kioskos los manejaba apafa los niños llevan años sin kiosko y no gestionan un sistema de desayuno para los que suelen no llevar alimento. Todo queda en una nota y sensacionalismo, pero nadie nos respalda para solucionar y poner punto final a este conflicto
Es comprensible la frustración por la falta de quioscos, pero hay que entender la realidad financiera del colegio. La UGEL apenas aporta un monto básico (unos S/ 2,000) que no alcanza ni para cubrir los servicios básicos de una infraestructura tan grande.
Si dejamos de pagar pensiones, el colegio simplemente colapsaría:
Infraestructura: El mantenimiento, el agua y la luz se pagan con esos aportes. Sin dinero, las instalaciones se vuelven inhabitables.
Impacto Laboral: Se tendría que despedir a mucho personal administrativo y de apoyo que no depende del Estado, generando desempleo.
Pérdida de Identidad: Si el colegio deja de cobrar y pasa totalmente al Estado, el Ejército tendría que retirar sus instalaciones porque son áreas militares. Perderíamos la disciplina y el modelo que buscamos para nuestros hijos.
Pedir que no se cobre en Arequipa es pedir que también dejen de cobrar los colegios del Ejército en Lima, y eso causaría el cierre masivo de instituciones. No se trata de no cobrar, sino de exigir que ese dinero se gestione mejor para que vuelvan los servicios básicos como el quiosco
El Colegio las Doroteas era muy bueno, quedaba en la calle Melgar de Arequipa, con identidad y tradición, hasta que llego un grupo de padres justicieros, luchadores que porque cobraban pensiones minimas como ahora entre 150 y 200 soles, hicieron que se convierta publico el colegio, al ver lo desastroso que era, los primeros en retirarse fueron esos luchadores que si el colegio era bueno era porque cobraban, finalmente el colegio actualmente queda por el Avelino, ni sombra de lo que era, eso quieren hacer ahora con el colegio el Ejercito, el colegio es bueno porque tiene ingresos si algún padre de familia no esta de acuerdo que se lo lleve a su hijo a la Independencia, unidad escolar o micaela bastidas, no veo el problema, DEJEN QUE LO BUENO SEA SIENDO BUENO…
Interesante tu opinion. Que siga el aporte que dices, pero que lo administre la APAFA no el ejercito. Ya estamos cansados de que esta institución este corrompida de oficiales que solo lucran con las instituciones que manejan.