Cerca de 1 500 familias del centro poblado Quebrada Verde, en Pachacámac, permanecen desde el 11 de mayo sin agua potable luego de que Luz del Sur suspendiera el suministro eléctrico del pozo que las abastece por riesgos identificados en la infraestructura de seis postes aledaños.
El suministro eléctrico permitía el funcionamiento de la cámara de bombeo del pozo que proveía de agua potable a la zona.
Desde entonces, el servicio no se ha restablecido. Los vecinos permanecen sin agua potable y dependen de camiones cisterna, un servicio mucho más costoso que el agua distribuida mediante la red pública. Además, temen que el almacenamiento prolongado de agua en recipientes favorece la proliferación del mosquito transmisor del dengue.
La emergencia ocurre en una población que, pese a estar incluida desde 2023 en un proyecto de agua y alcantarillado para el ámbito rural de Pachacámac, todavía depende de un único pozo para abastecerse. Ahora esta situación se agravó con el corte eléctrico que dejó inoperativo el pozo de agua que los abastecía.
Postes inseguros
La empresa Luz del Sur identificó anomalías en al menos seis postes de telefonía que se instalaron muy cerca de los postes de media tensión de su red eléctrica (a menos de 50 cm), lo cual está prohibido por seguridad.
En la carta N° 604-2026, dirigida a los dirigentes del centro poblado Quebrada Verde, Luz del Sur señala que se encontraron postes de concreto con grietas, desprendimiento de material y armadura expuesta con signos de corrosión; ausencia de pozos a tierra en todas las estructuras inspeccionadas, además de postes ubicados en zonas vulnerables, como uno próximo a un río.
El documento también señala incumplimientos de las Distancias Mínimas de Seguridad en distintos tramos de la red, y detalla que el equipo de medición particular presenta corrosión, transformadores con manchas de aceite y cajas de medidores instaladas a nivel del suelo.
Tras la inspección, se ordenó la suspensión inmediata del servicio ante riesgo eléctrico grave. La empresa precisó que las instalaciones observadas son de titularidad del cliente, por lo que su mantenimiento y corrección corresponden, de acuerdo a Luz del Sur, a los habitantes de Quebrada Verde.
Los postes que no son suyos
La Asociación de Productores y Emprendedores Ecológicos de Quebrada Verde (APEE QV) presentó una solicitud de intervención urgente ante la Defensoría del Pueblo el 13 de mayo de 2026.
En el documento, la asociación argumentó que los seis postes observados están ubicados en la vía pública, no en instalaciones internas del pozo, y que corresponden a empresas de telecomunicaciones, no al sistema eléctrico de la comunidad.
La asociación también señaló que, según les informó el Gerente General de la Municipalidad de Pachacámac, no existiría licencia municipal para la instalación de esos postes, por parte de las empresas de telefonía mencionadas.
La intervención de la Defensoría
Tras la denuncia, la Defensoría señaló que, independientemente de a quién pertenezcan los postes, existe una evaluación técnica que sustenta la suspensión por falta de condiciones de seguridad, y que esas observaciones deben superarse para garantizar el derecho al agua de la población.
La Defensoría abrió dos expedientes ante la Municipalidad de Pachacámac, por la falta de atención a la problemática de los postes no autorizados, y SEDAPAL, para gestionar el abastecimiento provisional de agua mediante camiones cisterna mientras se resuelven las observaciones técnicas.
Callejón sin salida
Sin embargo, para que la comunidad pueda firmar contratos o realizar trámites oficiales ante Luz del Sur, necesita una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) reconocida por la municipalidad. Esa JASS tendría la potestad de gestionar el retiro de los postes y resolver el problema. Sin embargo, actualmente, no existe.
La Municipalidad de Pachacámac, declaró improcedente la solicitud de renovación de la junta directiva anterior ya que existe un proceso judicial en curso en el Juzgado Civil de Manchay, donde se discute la situación del centro poblado. La municipalidad señaló que, mientras el caso se ventile en el juzgado, ninguna parte puede arrogarse la facultad de resolverlo. Mientras tanto 1 500 familias seguirán sin acceso al agua.
