Desde el 21 de enero de este año, el Ministerio Público investiga de forma preliminar un presunto caso de tráfico de vacantes en la facultad de Medicina de la Universidad Católica Santa María. Conforme a documentos a los que accedió Pancarta.pe, la denuncia refiere que se habrían pagado 27 mil soles para asegurar el ingreso de un postulante en el segundo proceso ordinario de admisión para el año 2025, realizado el 15 de diciembre de 2024.
De acuerdo con la acusación presentada, existiría una supuesta red que habría captado a familias de aspirantes con exámenes de admisión fallidos, ofreciéndoles una vacante en Medicina a cambio de dinero. La denuncia sostiene que dicha red tendría acceso privilegiado a los sistemas de la universidad.
El contacto
En un audio —adjuntado a la denuncia interpuesta ante fiscalía por el ex vicerrector administrativo de la casa de estudios, César Cáceres Zárate— se escucharía al padre del postulante narrar los hechos en una llamada telefónica.
Cabe mencionar que el joven había postulado en reiteradas oportunidades a la casa de estudios que ofrece solo 14 vacantes para la facultad de Medicina, lo que también la hace altamente competitiva. El estudiante en cuestión tenía puntajes cercanos a los puestos de ingreso, de acuerdo a su progenitor.
Según la grabación, el padre del postulante —cuya identidad mantenemos en reserva por tratarse de un proceso en investigación— relató que recibió una llamada inesperada: “Me dijeron: nosotros trabajamos en el área de admisión y damos un apoyo a las personas que están postulando y están cerca al ingreso”.
Modus operandi
El ofrecimiento, de acuerdo con el audio adjuntado a la denuncia, habría sido el siguiente: primero debía facilitar datos como el código de postulante, número de DNI y copia del documento de identidad para que esa información fuera enviada al “doctor”. Este último es un supuesto personaje descrito en las conversaciones como quien tendría poder para asegurar la vacante. Esto consta en capturas de conversaciones de WhatsApp que la fiscalía evalúa como medios probatorios.
Posteriormente, el postulante debía entregar su DNI a un operador de la presunta red y también se le habría solicitado no acudir a rendir el examen. Tras verificarse el ingreso a la carrera de Medicina Humana recién debía concretarse el depósito del “apoyo”.
Es así que según lo narrado en el audio, el estudiante y su madre habrían entregado el documento de identidad a una mujer que los citó cerca de la iglesia Santo Domingo, días antes de la evaluación. Tal como se lo indicaron, el postulante no asistió al examen y aun así apareció en la lista de ingresantes. El pago se ejecutó un día después de la prueba. El padre de familia hizo el pago, de acuerdo al audio, temiendo algún tipo de consecuencia por parte de esta presunta organización, además de perder el ingreso.
Otros cinco jóvenes podrían haber accedido a una vacante bajo el mismo mecanismo, de acuerdo con el audio entregado como medio probatorio. Es decir se habrían ofrecido 6 de las 14 vacantes bajo esta modalidad. Reiteramos, todo ello aún es materia de investigación por parte del Ministerio Público cuyas indagaciones ya acumulan un poco más de 150 días.
De acuerdo a un documento fiscal, al cual Pancarta.pe tuvo acceso, el 19 de julio se aprobó una prórroga adicional de 30 días para completar la investigación. Para ello, se requirió a la universidad remitir el protocolo de verificación de identidad del examen en cuestión, las actas originales que acrediten la asistencia de los postulantes, el nombre completo del personal administrativo o docente que estuvo a cargo del control de identidad, videos y grabaciones que acrediten la presencia de los postulantes y también los actuados administrativos de la universidad respecto a la denuncia de la existencia de la supuesta «mafia», además de la declaración testimonial de una de las testigos del hecho.
Respuesta y contradicciones
El área de imagen institucional de la universidad admitió a través de comunicación telefónica con Pancarta.pe la existencia de la denuncia. Además, aseguraron que estarían colaborando con todas las diligencias programadas por el Ministerio Público. Sin embargo, también negaron la existencia de una «mafia» que se dedique a la venta de vacantes al interior de la casa de estudios.
Cabe mencionar que estos hechos, de acuerdo a la denuncia, fueron de conocimiento del Consejo Universitario el 9 de enero de este año, el cual formó una comisión investigadora. Ello también fue admitido por el área de imagen institucional. De acuerdo a la versión de la casa de estudios, tras cinco días de conocerse los hechos habrían acordado denunciarlo ante el Ministerio Público. Es decir, supuestamente existirían dos investigaciones paralelas. Lo que de acuerdo con fuentes legales consultadas por este medio, no sería posible desde el punto de vista jurídico, ya que por principio de acumulación si las denuncias tratan de los mismos hechos deberían llevarse en una sola carpeta.
Asimismo, se solicitó al área de imagen de la universidad el acceso a su denuncia o al acuerdo del Consejo, y se nos dijo que no lo tenían a la mano. Por lo tanto, al cierre de la presente edición, no nos queda constancia de alguna acción legal de la casa de estudios.
También hicieron referencia al ex vicerrector César Cáceres —el denunciante— a quien acusaron de no acudir, supuestamente, a las citaciones de la investigación solicitada a la fiscalía por parte de la universidad. Cáceres negó estas acusaciones y aseguró que nunca lo citaron por ningún otro proceso vinculado al caso, aparte de su propia denuncia.
Asimismo, la universidad ha evitado confirmar o negar si el estudiante ha conservado o no su vacante excusándose en la reserva de la investigación de la fiscalía.
