El Ejecutivo aprobó el Reglamento de la Ley 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial (IA) como herramienta de desarrollo económico y social. A través de esta normativa también se promueve el uso de la IA en el aparato estatal. Y aunque el tema todavía está en ciernes existe preocupación respecto a que no tiene alcances específicos del uso que pueda darle un funcionario público.
José Eduardo Ochoa, director del Centro de Investigación e Innovación en Computación de la Universidad Católica San Pablo, sostiene que el reglamento es positivo como punto de partida, pero insuficiente en cuanto a precisión. “Lo positivo es que es un lineamiento sobre cómo debería ser llevado a cabo el desarrollo de la IA. Tal vez su punto negativo es que es muy general todavía”, afirmó.
Según Ochoa, la vaguedad puede traducirse en riesgos concretos. “Un riesgo grande es dejar que la IA tome decisiones por uno. El ser humano todavía es superrelevante y tiene que tomar las decisiones principales, importantes”, advirtió. Por ello, considera indispensable que cada institución del Estado defina sus propias reglas de uso. “Mi punto de vista es que cada institución tiene que poner en blanco y negro cuál es la política de uso de la IA, qué es lo que está permitido y lo que no, para que esto no se salga de control. Por ejemplo, ¿puedo redactar documentos con la IA? ¿Qué documentos sí o qué documentos no? Ese tipo de detalles le hacen falta a la norma», explicó.
Ochoa también puso la mira en que la utilización de la IA debe transparentarse para que la población conozca en qué circunstancias se está usando.
La seguridad
La protección de la información sensible es otro flanco débil. El académico advirtió sobre el riesgo de usar la IA para procesar documentos importantes. “Imagínese si nosotros estamos en una entidad del Estado con un contrato súper importante que es recontra sigiloso y, por facilitarnos la vida, subimos el archivo a una de estas plataformas. Tal vez esa información pasa a ser pública. Ese es un riesgo también que no se aborda en la norma”, puntualizó.
En el sector académico, explica Ochoa, ya existen lineamientos claros sobre el uso de la Inteligencia Artificial. Por ejemplo, en la redacción de artículos científicos la IA no puede reemplazar al investigador ni redactar segmentos completos del trabajo. Asimismo, está prohibido compartir información sensible con plataformas externas debido a la incertidumbre sobre el destino de esos datos. En su opinión, replicar esas reglas básicas en las instituciones públicas ayudaría a prevenir abusos en el uso de la IA y dar mayor transparencia sobre cómo se emplea la tecnología en las decisiones estatales.
Finalmente, Ochoa insistió en que la norma debe evolucionar hacia reglas mucho más específicas: “Por ahora son ideas generales de: usa la IA siguiendo principios éticos. Eso no te dice nada. O sea, cuáles son las normas específicas que debería seguir”, cuestionó.
¿Qué dice la norma?
Como se recuerda, este martes 9 de setiembre el Ejecutivo publicó el Reglamento de la Ley 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial (IA) para el desarrollo económico y social del país, con el fin de garantizar un marco ético, seguro y transparente en su implementación. El documento establece principios rectores como la no discriminación, la transparencia algorítmica, la supervisión humana y la protección de datos personales. Además, prohíbe expresamente prácticas indebidas como la vigilancia masiva sin base legal o el diseño de sistemas con capacidad letal autónoma.
El reglamento impone obligaciones tanto al sector público como al privado. Entre ellas figuran la aprobación de políticas institucionales sobre IA, la adopción de estándares internacionales, la realización de auditorías de seguridad y la incorporación de mecanismos de supervisión humana en sistemas de alto riesgo. Asimismo, dispone la creación de un canal digital de monitoreo ciudadano y la elaboración de dos documentos estratégicos: la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) al 2030 y la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos.
Presentan nuevas carreras
Estas declaraciones se dieron en el contexto de la conferencia de prensa convocada por la Universidad Católica San Pablo (UCSP) para anunciar el lanzamiento de dos nuevas carreras de pregrado: Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, que iniciarán en marzo de 2026. Se trata de la primera oferta con esta denominación en el país y la primera en el sur, respectivamente. Ambas carreras forman parte de la Escuela de Computación de la UCSP, que cuenta con 25 años de trayectoria y programas alineados al estándar internacional Computing Curricula, seguido por universidades como Stanford, MIT y Oxford.
Los programas de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos compartirán tres años de formación común con la carrera de Ciencia de la Computación, los dos últimos años académicos serán de especialidad.
De acuerdo, al Dr. Alex Cuadros, responsable del proyecto de ambas carreras, las áreas de aplicación de ambas son transversales a cualquier otra actividad económica (agricultura, banca, medicina, derecho y otras industrias intensivas en datos). Según Cuadros, los sueldos en el mercado varían desde 3 mil hasta 20 mil soles en el Perú, mientras que en el extranjero un practicante puede percibir hasta USD 5,000. El primer proceso de admisión será en octubre de 2025.
