El 30 de diciembre de 2025, a la una de la tarde con diez minutos, en la sede del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa del Ministerio Público de la ciudad de Arequipa, se culminaba de redactar el acta de una denuncia respecto a la presunta falsedad de certificados de capacitación a auxiliares de educación, emitidos por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), con logo, sello y firma de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). La denuncia fue asentada por las auxiliares de educación Flor Meléndez Castillo y Marisol Peñaloza Guzmán.
En el documento se narra que la firma en los certificados de capacitación de los años 2020, 2021 y 2022 del entonces decano de la Facultad de Educación de la UNFV, Florbel Rodrigo Navarro Quispe, es falsa. También se consigna la respuesta de la universidad a una consulta de información de febrero de 2025, hecha por el congresista Edwin Martínez, en la que se asegura que entonces no se contaba con ningún convenio interinstitucional entre la casa de estudios y el sindicato para el desarrollo de capacitaciones.
Además, las resoluciones decanales consignadas como base legal en los certificados tienen que ver con aspectos administrativos y operativos de la Facultad de Educación de la UNFV, y no con actividades de auspicio académico o respaldo institucional para cursos, capacitaciones o actualizaciones del SUTEP.
Es decir, también se manipularon los números de resoluciones decanales para dar apariencia de legalidad a las acreditaciones manipuladas.
Este problema tiene alcance nacional. Miles de docentes y auxiliares obtuvieron certificaciones con el supuesto aval de la UNFV; sin embargo, no tendrían validez legal. La gravedad del asunto radica en que muchos accedieron a sus puestos haciendo uso de estos documentos apócrifos en procesos de nombramiento y ascenso en la carrera pública magisterial, así como en convocatorias ordinarias.
Especialistas consultados por Pancarta.pe advierten que este problema pone en riesgo la estabilidad laboral de todos los docentes y auxiliares que obtuvieron estas certificaciones. Además, señalan una ventaja indebida para quienes, haciendo uso de estos documentos, ganaron un proceso concursal. En el presente reportaje desglosaremos documentalmente cada uno de los hechos señalados.
Las convocatorias
Pancarta.pe tuvo acceso a capturas de pantalla de al menos dos convocatorias hechas por la base del SUTEP Junín para capacitaciones virtuales que se desarrollaron en 2024 (noviembre) y 2025 (marzo), dirigidas a auxiliares de educación. Los cursos son gratuitos, pero para obtener un certificado es necesario pagar entre 50 y 60 soles si se es afiliado al SUTEP, y 90 soles si se es externo al gremio. En la convocatoria de 2024 se prometió la acreditación de 120 horas pedagógicas por 14 clases de dos horas cronológicas cada una; en la segunda se ofrece lo mismo por apenas cinco clases del mismo tiempo (dos horas).
En la parte superior de las convocatorias se coloca el logo de la Universidad Nacional Federico Villarreal como auspiciadora y también como emisora de los certificados. Pancarta.pe pudo corroborar que las cuentas bancarias del Banco de Crédito e Interbank, además del Yape consignado en cada una de las convocatorias, pertenecen al secretario de organización del SUTEP, Héctor Sinche Crespín. De acuerdo con un aplicativo bancario, la cuenta del BBVA consignada en las convocatorias se encuentra bloqueada indefinidamente.
Conforme al testimonio de Flor Meléndez, una de las autoras de la denuncia, estas convocatorias son habituales en grupos de WhatsApp en los que están incluidos trabajadores del sector educación de todo el país.
Uno de los administradores del grupo denominado “08. ACTUALIZACIÓN…” es el dirigente antes mencionado, Héctor Sinche. En las capturas de pantalla facilitadas a Pancarta.pe se puede verificar las coordinaciones para la entrega de certificados en marzo de 2025.
Incluso en uno de los mensajes, enviado por el número de Sinche y corroborado por Pancarta.pe, se utiliza el nombre de la universidad para solicitar a los auxiliares que completen sus DNI para la emisión de certificados: “La universidad hace de conocimiento que los siguientes señores auxiliares de educación, sus datos son incompletos”. Pancarta.pe pasó las capturas de pantalla por detectores de inteligencia artificial y de deepfakes, y verificó que las imágenes no contienen ninguna alteración (Hive Moderation).
Firmas falsas
El 18 de febrero de 2025, el congresista Edwin Martínez, alertado por un grupo de auxiliares de educación, envió una solicitud de “informe de convenio interinstitucional celebrado con el SUTEP”, dirigida a la rectora de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Cristina Asunción Alzamora. En el documento se adjuntan al menos seis certificados de capacitaciones que datan del período 2020–2024.
El 17 de marzo de ese mismo año, en atención a la solicitud del parlamentario, la Secretaría Académica de la Facultad de Educación de la UNFV, dirigida por Jaime Iparraguirre Morillo, solicitó al exdecano Florbel Rodrigo Navarro Quispe “informar, con carácter de urgente, la verificación de las firmas que figuran en los certificados de capacitación […]”. La respuesta del aún docente de la Facultad se produjo cuatro días después y resulta reveladora.
Navarro Quispe se desempeñó como decano de la Facultad entre octubre de 2019 y junio de 2023. En su respuesta asegura que durante su gestión no ha efectuado “ningún convenio con instituciones educativas estatales y/o particulares, universidades, ni sindicatos, o instituciones de cualquier otra denominación, para realizar capacitaciones, congresos, seminarios, cursos, etc., dirigidos a los docentes del magisterio nacional”. Esta afirmación fue respaldada por la propia universidad en su respuesta al congresista Edwin Martínez (Oficio N.º 136-2025-SA-FE-UNFV).
Además, Navarro deja claro lo siguiente: «Toda capacitación que hemos realizado como Facultad ha sido planificada, organizada y desarrollada enteramente solo por la Facultad de Educación».
El punto más grave tiene que ver con la firma que aparece en los certificados y que se le atribuye a la exautoridad universitaria. «La rúbrica que se consigna en los documentos no corresponde a mi firma como decano de la Facultad de Educación de la UNFV; es decir, es apócrifa», señala reiterativamente.
Más hallazgos
En el mismo documento, Navarro Quispe también pone en evidencia dos aspectos que permiten confirmar que los certificados no solo tienen firmas falsificadas, sino que también se hace uso de base legal descontextualizada y se carece de protocolos que permitan la verificación de su autenticidad en el acervo documental de la Facultad.
“[…] Al expedir un certificado de capacitación, se consigna en la parte inferior derecha del certificado el número, libro y folio del certificado expedido, con la finalidad de verificar la autenticidad del mismo; sin embargo, este hecho no se observa en los mencionados certificados”, responde Navarro.
Pancarta.pe obtuvo información de que algunos certificados incluso tendrían sello y código de registro de la Secretaría Académica de la Facultad de Educación de la UNFV, pero estos figuran en la parte posterior del documento y no como lo describe Navarro Quispe.
Además, en los certificados apócrifos se mencionan resoluciones decanales con diferentes numeraciones y fechas, las cuales no fueron expedidas por la Facultad de Educación como autorización para las mencionadas capacitaciones. Dichas numeraciones corresponden a distintos procesos administrativos propios de la Facultad de Educación, describe la fuente.
Esto también ha sido corroborado por la dirigente Flor Meléndez, quien, tras varios meses de espera y una apelación ganada, recibió en septiembre de 2025 respuesta a una solicitud de información presentada el 4 de febrero de 2025, al amparo de la Ley de Transparencia (Ley N.° 27806). El Tribunal de Transparencia prácticamente obligó a la universidad a responder el requerimiento de Meléndez (Oficio N.° 374-2025-SA-FE-UNFV) tras siete meses de espera.
Meléndez había solicitado copias de seis resoluciones decanales de los años 2020, 2021 y 2024 que habían sido usadas como base legal en los certificados entregados a los auxiliares y docentes que participaron en las capacitaciones convocadas por el SUTEP. La UNFV respondió que todas las resoluciones solicitadas estaban relacionadas con reprogramaciones académicas, títulos profesionales, asignaciones de personal, asuntos administrativos internos y felicitaciones públicas a sus docentes. Ninguna hacía referencia a auspicios académicos para capacitaciones del SUTEP.
Toda esta información ha sido corroborada por el congresista Edwin Martínez Talavera, quien —como ya se ha mencionado— conoce el caso desde febrero de 2025.
Más resoluciones fachada
Pancarta.pe cuenta con certificados en los que aparece la firma de Lucio Castro Chipana, secretario general del SUTEP, y de Héctor Sinche Crespín, secretario de Organización del SUTEP.
En esos certificados se consignan los números de cuatro Resoluciones Decanales de los años 2021 y 2022 [ver cuadro]. Ninguna de ellas corresponde a algún tipo de convenio o auspicio académico con el SUTEP.
Este esquema de falsificación ha continuado dándose hasta inicios de 2025. Pancarta.pe también tuvo acceso a otros 30 certificados correspondientes a dos capacitaciones, en los que se consignaron dos Resoluciones Decanales adulteradas (037 y 038-2025). Ambas están referidas al otorgamiento de grados académicos y no a capacitaciones de trabajadores del sector educación.
Todos los datos han sido corroborados a través del portal de Transparencia Estándar de la UNFV, en el que también pudimos revisar y comprobar la inexistencia de auspicios académicos otorgados por la Facultad de Educación de la UNFV en beneficio del SUTEP. No se registra ninguno desde 2020 (las fechas previas no aparecen completas).
En los certificados de 2025 se consignó la firma de la actual decana de la Facultad de Educación de la UNFV, Clotilde Alicia Spelucín Medina. Por el momento, no hemos recibido confirmación sobre si su firma también habría sido falsificada, pero al haberse configurado el uso manipulado de las resoluciones decanales de 2025, es altamente probable que el escenario de la falsificación de la firma se haya repetido.
Graves consecuencias
Arturo Salas Vildoso, analista penal y director de la ONG Solidaria, sostiene que el uso de certificados falsos en concursos públicos constituye delitos contra la fe pública, falsedad genérica y fraude en la administración pública. Explica que, si bien la simple posesión de un documento es irrelevante, el “tráfico jurídico” o uso del mismo para obtener una ventaja laboral activa la responsabilidad penal, pudiendo resultar en la inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos en el caso de los docentes. Además, precisa que la inexistencia de convenios interinstitucionales anula la eficacia jurídica de los certificados, por lo que el Ministerio de Educación debe judicializar estos casos para sentar un precedente.
Walter Andía, representante de la Federación Nacional Magisterial (FENAMAGP), organización gremial opositora del SUTEP, sostuvo que este sistema también ofrece certificados a docentes sin necesidad de asistir a las sesiones. “Ya tienen esa característica de no tener escrúpulos, de no tener ética, de no tener moral”, señaló en referencia a la dirigencia del SUTEP liderada por Lucio Castro Chipana. “Asisten unos 40 o 50; sin embargo, dan certificado a 200 sin que hayan participado. Esos profesores ganan concursos con puntajes que no les corresponden. Eso es peor”, enfatizó.
Fuentes internas especializadas de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) confirmaron que para presentarse a un puesto en el magisterio debe incluirse una declaración jurada en la que se indica que toda la documentación que se acredita es verídica, por lo que, de haberse presentado estos certificados en cualquier proceso laboral, la responsabilidad recaería directamente en el profesor o auxiliar. También señalaron que, si bien el SUTEP puede certificar por su cuenta cualquier curso, esos documentos no tienen ningún rango académico.
El congresista Edwin Martínez ha calificado formalmente la situación como un “aprovechamiento indebido de un certificado no concedido por una universidad para tener mayor posibilidad de nombramiento”. Ante la gravedad de estos hallazgos, Martínez ha exigido que “todos aquellos que hayan incurrido en este delito deben ser sancionados por parte del Ministerio de Educación” de manera ejemplar. Con el fin de fiscalizar el avance del caso, ha procedido a pedir un informe sobre qué acciones ha realizado el Ministerio de Educación respecto al tema, a fin de conocer las medidas administrativas y legales específicas que se están implementando frente a este fraude.
Silencio total
Pancarta.pe se contactó directamente con la Oficina General de Comunicaciones de la UNFV, a cargo de Ana Terrones Silva, 48 horas antes del cierre de la presente edición. Inicialmente, se nos prometió gestionar una entrevista con un vocero que pudiera responder nuestras preguntas. Sin embargo, horas más tarde se nos pidió enviar nuestras dudas por el conducto regular para ser atendidas en los plazos legales, que pueden tardar hasta 15 días hábiles de acuerdo con la normativa vigente, en el mejor de los casos.
Asimismo, Pancarta.pe intentó contactarse con el Ministerio de Educación para conocer las acciones tomadas alrededor de este tema. En la denuncia presentada en la Fiscalía se narra que el “MINEDU está haciendo comisión de supervisión y revisión de los expedientes de las personas que se han nombrado en el año 2021”. Por el momento, no se conoce la cantidad exacta de docentes y auxiliares que accedieron a sus puestos de trabajo haciendo uso de este tipo de certificados adulterados. Una de las denunciantes teme perder su trabajo y ser procesada por presentar esos certificados falsificados, a pesar de declarar que desconocía la falsedad de los mismos cuando los obtuvo.
Ante nuestro contacto con la Oficina General de Comunicaciones (OGC) del MINEDU, se nos solicitó enviar un correo con nuestras consultas a Lilya Serna Alva, jefa de la OGC, sin recibir respuesta hasta el cierre de la presente edición.
Asimismo, logramos contactarnos con el secretario general del SUTEP, Lucio Castro Chipana, quien solicitó que le enviemos nuestras dudas a través de WhatsApp. Ante nuestros cuestionamientos, teniendo en cuenta que en los documentos también se consignan certificados con su firma y sello, aseguró lo siguiente: “No es mi firma, lo digo convencido. Debe ser una campaña que busca el descrédito de una organización histórica y gloriosa”.
También nos contactamos con Héctor Sinche, a través del número que aparecía en las capturas de pantalla de coordinación y entrega de certificados en el grupo descrito en el presente reportaje. Sin embargo, nos pidió enviar los datos de nuestro medio con el respectivo cuestionario vía WhatsApp, no sin antes cuestionar si realmente somos periodistas. Al enviarle nuestras preguntas, tampoco recibimos respuesta hasta el cierre de la presente edición.
Ante la existencia de una red que ha traficado y adulterado estos certificados, la respuesta de las autoridades educativas ha sido prácticamente nula. Aún surgen algunas dudas sobre las implicancias y la gravedad del tema. ¿Cuántos docentes y auxiliares quedaron rezagados tras ser perjudicados porque sus competidores sí obtuvieron puestos en el magisterio usando esta certificación falsa? ¿Cómo es que se obtuvieron sellos de la UNFV para hacer creer que estos documentos eran auténticos? ¿Dónde está el dinero cobrado por dirigentes del SUTEP por estos cursos? Y tal vez el dilema más complicado de resolver para el MINEDU es la forma en la que distinguirá a los docentes inocentes de aquellos que sabían de este esquema y se beneficiaron de él.
