La exministra de Educación habló sobre el riesgo de esta ley -que permite la intervención de los padres en la elaboración de los textos escolares- en perjuicio de los estudiantes.
Al parecer la suerte está echada. Para Patricia Salas -exministra de Educación- revertir la ley 31498, la cual permite la intervención de los padres en la elaboración de los textos escolares, es complicado.
Ciertos grupos conservadores esperaban que se promulgue la norma para vetar -en especial- el «temido» enfoque de género del material educativo; tema que genera muchos desacuerdos entre los peruanos. Salas habló con Pancarta.pe sobre el riesgo de esta ley en perjuicio de los estudiantes.
Ya se promulgó que permite que los padres intervengan en la producción de textos escolares y veten ciertos contenidos. ¿Qué opina de ello?
Estoy muy preocupada porque la ley establece que un grupo de padres de familia organizados en una asociación civil si no está de acuerdo con un texto puede simplemente vetarlo (…) Eso puede detener la producción de textos. Y si el funcionario que está a cargo de la producción no toma en cuenta esa opinión puede ser sancionado. Prácticamente, cualquiera desde un punto de vista muy particular -y no pensando en la necesidad de formación integral de los estudiantes- podría detener la producción. La cual se va a volver mucho más engorrosa, mucho más larga. El inconveniente que ya tenemos es que los textos no llegan oportunamente a las aulas. Con esta ley se va a multiplicar ese problema.
Hay una currícula educativa que comprende 7 enfoques transversales y no solo la ideología de género como lo dejan entrever determinados grupos. ¿cómo explicar a los padres esos puntos?
Uno es el enfoque de interculturalidad, que es una forma de combatir el racismo y la discriminacion, sea por razones de color de piel, etc. El segundo es el enfoque de género que tiene que ver con combatir todo tipo de discriminacion y violencia por razones de diferencia de género. Y el tercero es ciudadanía; que es el desterrar la forma autoritaria de relacionarnos entre las personas, para favorecer el diálogo y el respeto.
Esos tres enfoques se refuerzan entre sí, para que todos reconozcamos a todas las personas como dignas de respeto; por lo tanto, con derecho a las mismas oportunidades y [a] no ser tratadas con violencia. El enfoque de género es algo que se ha puesto un poco en discusión, por la acción de algunos grupos religiosos conservadores u organizaciones como “Con mis hijos no te metas”.
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No entiendo como un padre o madre invalida un enfoque que permitirá que su hija sea tratada con respeto y tenga las mismas oportunidades que un varón. El enfoque enseña que la relación de la pareja sea como enamorados, esposos o cualquier situación esté basada en el respeto. No en la supremacía de uno de los miembros de la pareja y menos en la violencia.
Ayuda a que las mujeres podamos hacer una vida sexual más sana. Que no haya embarazos no deseados[que] no seamos violadas o víctimas de algún tipo de violencia por razones sexuales. Se busca el respeto, desterrar la violencia y -entre los tres enfoques- favorecer una sociedad más justa para todos y todas.
¿Es pensar más en el presente que en el futuro?
Es pensar en el presente y en el futuro de la sociedad. Las personas tenemos derecho a vivir en una relación respetuosa y digna. Que nadie me trate mal por el color de mi piel, porque soy mujer o simplemente porque sea mi jefe o jefa.
¿Qué caminos quedarían para poder rebatir esta norma? ¿Hay alguna solución?
Siempre hay solución, pero lo que pasa es que es un proceso complicado. Una ley se cambia por otra ley. El Congreso de la República, el Ejecutivo o cualquiera de las instituciones que tienen iniciativa legislativa -como un Gobierno Regional- podrían presentar una propuesta de ley.
Es un escenario complicado porque tendría que pasar igual por el Congreso y ya sabemos como piensan.
Otra ruta puede ser presentar una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, porque vulnera las competencias del Poder Ejecutivo y Legislativo. Porque se vulnera el derecho de las personas a acceder a textos escolares. Porque se vulnera el derecho de un aprendizaje basado en el respeto, en el diálogo. También en una sociedad justa, libre de violencia y de discriminacion.
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¿Cree que exista voluntad política para revertir esa norma o presentar algún recurso?
Es complicado decirlo porque si el poder Ejecutivo no ha hecho observación de la norma, yo creo que la voluntad política ha sido expresada de alguna manera. Habría que ver con otros actores, a nivel regional por ejemplo. Qué piensan los gobernadores, las gobernadoras, alcaldes, alcaldesas.
El ministro de Educación, Rosendo Serna, dijo que el Ejecutivo no hizo las observaciones del caso porque era en vano dar su opinión sobre algo que al final el Congreso no toma en cuenta y que -como sucedió en otros casos- se aprobaría la ley por insistencia.
Pero en realidad no es tan en vano. Ellos cómo poder Ejecutivo y el presidente como una autoridad electa por la población tiene que responderles acerca de lo que es su voluntad política. Marcar la diferencia con el Legislativo, si este hace algo que contraviene a los intereses de las grandes mayorías de la población.
Entonces, el presidente sí debió observar esta ley, aunque fuera “inútil». Además, si el Ejecutivo no observa una ley pierde el derecho de entablar una acción de inconstitucionalidad. Me parece en realidad una mala excusa (…).
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¿Esta norma puede generar algún tipo de dificultades tanto técnico como pedagógicas en la elaboración de los textos escolares?
Se pueden quedar sin material educativo. Un grupo de padres de familia forma una asociación y dice “a mi no me gusta esto que dice en el texto” va a paralizar toda la producción . Y hasta que el texto no diga algo que les parezca bien, va a estar detenido. Si ese grupo insiste en esa idea entonces ese texto no se va a aprobar (…). [El proceso] Se puede hacer más lento e inclusive podemos quedarnos sin materiales
¿Entonces genera más problemas que soluciones?
No genera ninguna solución.
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