En el Perú de hoy, expresar una opinión política puede convertirse en una experiencia emocionalmente agotadora. Un comentario en redes sociales, una conversación familiar o una postura expresada en público pueden convertirse rápidamente en espacios de confrontación, estigmatización o rechazo. Frente a ese clima, cada vez más personas prefieren guardar silencio, no porque carezcan de opinión, sino porque sienten que expresar lo que piensan puede tener un costo demasiado alto.
Durante las últimas semanas, mientras el escenario político vuelve a tensarse alrededor de una posible segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, he pensado constantemente en algo que atraviesa nuestras conversaciones públicas: el miedo. Miedo a ser etiquetados, atacados, cancelados o expulsados simbólicamente de determinados espacios sociales por lo que pensamos o por cómo votamos.
La politóloga Elisabeth Noelle-Neumann llamó a este fenómeno “la espiral del silencio”. Según su teoría, las personas tienden a ocultar sus opiniones cuando perciben que estas contradicen la posición dominante o socialmente aceptada, principalmente por miedo al aislamiento social. Mientras más personas callan, más fuerte parece volverse una sola narrativa pública, creando la sensación de que existe un consenso absoluto, incluso cuando no es así.
Pero quizá lo más inquietante es que esta teoría, formulada décadas atrás pensando en medios tradicionales, hoy parece amplificarse en redes sociales. Plataformas que prometían democratizar la conversación pública han terminado, muchas veces, incentivando dinámicas de vigilancia, castigo y polarización. Los algoritmos premian el conflicto, viralizan la indignación y reducen los matices. En ese contexto, muchas personas ya no participan para dialogar, sino para defenderse.
Y cuando el miedo entra en la conversación pública, la democracia empieza a deteriorarse emocionalmente.
Porque el problema no es únicamente quién habla más fuerte. El problema es cuántas personas dejaron de hablar.
En contextos de polarización, el debate político deja de centrarse únicamente en propuestas y empieza a construir identidades morales. Ya no se discuten solo ideas: se clasifica a las personas. Se les convierte en “ignorantes”, “extremistas”, “cómplices”, “resentidos” o “enemigos”. Desde la teoría del framing, o encuadre mediático, sabemos que la comunicación no solo transmite información; también moldea la manera en que interpretamos la realidad y a quienes forman parte de ella.
En el Perú, esta lógica no es nueva. Históricamente, ciertos sectores sociales han sido sistemáticamente ridiculizados o deslegitimados en el debate público. Las voces provenientes de regiones fuera de Lima, comunidades rurales, sectores populares o grupos históricamente vulnerabilizados suelen enfrentar mayores niveles de estigmatización cuando participan políticamente.
No todas las personas enfrentan el mismo costo por opinar. Y ahí la discusión deja de ser solamente política para convertirse también en una cuestión de derechos humanos.
Porque participar en la vida pública sin miedo debería ser parte esencial de cualquier democracia. Sin embargo, en sociedades profundamente polarizadas, muchas personas sienten que expresar una posición política implica arriesgar vínculos afectivos, estabilidad emocional o incluso seguridad digital. El resultado es una ciudadanía cada vez más agotada, más silenciosa y más desconectada del diálogo democrático.
El filósofo Jürgen Habermas defendía la importancia de una esfera pública donde las personas pudieran deliberar libremente sobre asuntos comunes. Pero ¿qué ocurre cuando el espacio público deja de sentirse seguro para disentir? ¿Qué pasa cuando la conversación política se transforma en una competencia permanente por humillar al otro?
Como comunicadora, me preocupa especialmente el rol que tenemos quienes participamos en la construcción del debate público. La comunicación puede abrir espacios de escucha y reflexión, pero también puede profundizar el miedo, reforzar prejuicios y normalizar la deshumanización del adversario político. En tiempos electorales, comunicar no debería significar únicamente persuadir: también debería implicar una responsabilidad ética sobre el clima social que ayudamos a construir.
Tal vez uno de los mayores desafíos de nuestra democracia no sea solamente garantizar que las personas puedan hablar, sino construir un país donde no tengan miedo de hacerlo.
Sobre la autora
Alexandra Alegría Sifuentes es comunicadora social con mención en Comunicación para el Desarrollo por la Universidad Católica de Santa María (Arequipa) y magíster en International Social and Public Policy (Development) por la London School of Economics and Political Science (LSE).
Cuenta con más de seis años de experiencia en comunicación estratégica y gestión pública, con énfasis en inclusión y derechos humanos. Ha trabajado en organismos internacionales, el sector público y la sociedad civil, liderando equipos de comunicación y procesos de articulación multisectorial en iniciativas de protección social y acceso a derechos a nivel nacional, regional e internacional.
Actualmente trabaja en la GIZ Perú implementando estrategias de comunicación para fortalecer el desempeño de las instituciones públicas en el marco del proceso de adhesión del Perú a la OCDE. Es docente de posgrado en Gestión Pública en la Universidad Científica del Sur, cofundadora de la ONG KUMPAY y coautora de Ser Comunicadora: 20 voces de la Comunicación.
