
Como cusqueña radicada en Arequipa, siempre llevo conmigo el orgullo de pertenecer a la tierra donde nació el Imperio del Tahuantinsuyo. Sin embargo, mi reciente regreso a casa no solo ha sido un reencuentro con mis raíces, sino también una dolorosa llamada de atención para mis paisanos y hermanos. Lo que voy a describir no es una simple queja, sino la crónica de una realidad que fractura nuestra hospitalidad: el maltrato sistemático al turista local y nacional. Ante la imposibilidad de acceder a Machu Picchu sin agencias o reservas hechas con meses de anticipación, busqué refugio en la majestuosidad de Pacchanta. Pero lo que encontré fue una experiencia marcada por la arbitrariedad.
El primer golpe fue al bolsillo y a la confianza. En menos de un año, los costos de transporte hacia la zona se han triplicado sin justificación aparente. Si antes un colectivo desde Tinqui cobraba 7 soles, hoy la tarifa se ha disparado a 20 soles solo por el trayecto de ida. A ello se suma la aparición de «peajes fantasmas» de otros 20 soles, cobrados por lugareños que aseguran haber instalado cámaras para que «nadie se les escape», pese a la ausencia de señalización oficial. Incluso el transporte básico se ha convertido en una negociación de favores: los choferes sugieren «aumentar» 10 soles adicionales al pasaje como muestra de cortesía.
Esta problemática no es exclusiva de Pacchanta; es un síntoma de lo que muchos viajeros describen como las «múltiples fronteras comunales» que rodean el Ausangate. Al cruzar de un sector a otro, grupos de comuneros interceptan a los caminantes exigiendo «tasas de paso» o «derechos de camping» de hasta 20 soles adicionales, muchas veces bajo la amenaza de impedir el avance o el pernocte. Estos cobros, realizados de forma verbal y sin la emisión de boletos oficiales, evidencian una preocupante falta de fiscalización.
En gran medida, es comprensible que las comunidades actúen con este celo defensivo y económico. Durante décadas, el abandono constante del Estado las ha obligado a autogestionarse para sobrevivir y proteger sus territorios. Al tratarse el Ausangate de un Área de Conservación Privada (ACP) asentada sobre tierras tituladas, se ha fortalecido la idea de que el Estado no tiene derecho a intervenir en sus «tarifas internas». Sin embargo, ese legítimo derecho a la autonomía está derivando en prácticas abusivas que dejan de lado la empatía más básica.
La asimetría de precios golpea con dureza a quienes viajamos por cuenta propia. En mi estancia, un menú de 15 soles terminó costando 25 tras el consumo. El hospedaje, por su parte, cobra por cama —entre 30 y 40 soles adicionales— en habitaciones que ni siquiera ofrecen agua caliente. Informes de la Gercetur indican que, en zonas como Machu Picchu Pueblo, los precios se han incrementado hasta en un 100 % de manera imprevista, desplazando al turista nacional que viaja con presupuestos limitados.
Incluso en la famosa Montaña de Siete Colores la situación ha escalado hasta el punto de que asociaciones locales cobran peajes arbitrarios de 20 soles a los peruanos, descolocando a los propios compatriotas. El control absoluto sobre servicios como el alquiler de caballos genera monopolios agresivos en los que los precios aumentan según la desesperación o el mal de altura del visitante. El Ministerio de Cultura no tiene competencia sobre estos destinos paisajísticos y la Gercetur, aunque califica estos cobros como «indebidos», carece de poder sancionador para intervenir en las tranqueras.
Resulta triste ver cómo un nevado, un Apu tan sagrado, se ha transformado en un tablero de negocios abusivos. No estoy en contra de que las comunidades generen ingresos; es justo que se beneficien de su tierra. Pero los precios no pueden convertirse en un muro de exclusión. Un poco de empatía con el paisano, con aquel que recorre su patria con esfuerzo y recursos propios, no estaría de más. Pacchanta corre el riesgo de seguir los pasos de Vinicunca, donde la ambición parece haber corroído la esencia del lugar.
El turismo no debería convertirse en una batalla de resistencia para el peruano. Si permitimos que la autonomía comunal, nacida de la necesidad y del olvido estatal, se transforme en un ejercicio de desmesura, terminaremos asfixiando los destinos que amamos. La autonomía debe ser una herramienta de desarrollo, no un arma para vaciar el bolsillo del hermano que llega a admirar la misma tierra que ambos compartimos. Si el trato entre paisanos se reduce a cuánto dinero se puede extraer de una ruta de senderismo, el futuro de nuestra identidad turística habrá perdido su alma a cambio de un peaje sin boleta.

Sobre la autora:
Angela Pamela Zárate Mancilla. Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital e IA gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative, la Fundación Gabo y Pulitzer Center.
Un comentario
Tiene mucha razón, el turismo en Cusco se ha canibalizado por parte del Estado, que impone tarifas, a la par que deja que el capital privado en el transporte hacia Machupicchu cobre de manera excesiva y grosera por una ruta corta, haciéndose de la vista gorda, so pretexto de respetar el contrato Ley, ni que hablar de la venta del boleto de ingreso hacia la ciudadela.
Por otro lado están nuestros hermanos de comunidades campesinas que siguen el mal ejemplo de las autoridades e imponen su propia ley basado en la necesidad de generar recursos y ganarse alguito que en muchos casos se convierte en botín de unos cuantos dirigentes.
El turismo en Cusco, es un caos y urge soluciones técnicas. GERCETUR está de adorno