La Universidad Católica de Santa María intentó lavarse las manos respecto al caso de presunto abuso policial registrado en sus instalaciones durante el último proceso de admisión contra una menor de 16 años. El comunicado es simplemente vergonzoso. Vamos a desglosarlo poco a poco para entender que este abuso institucional no solo compromete a una agente de la Policía Nacional del Perú, si no también es, en gran parte, responsabilidad de la casa de estudios santamariana.
Primero, el comunicado contiene un mensaje indiferente. El hecho de supuestamente colaborar con la justicia para esclarecer lo sucedido es una forma tibia de sacar cuerpo. No hay un acto de contrición, tampoco una disculpa y menos una pizca de empatía con la familia. Al contrario, cobardemente, expusieron de forma innecesaria al padre de la menor dejando entrever que no tiene la voluntad de conversar con la universidad. Y está en todo su derecho, sobre todo luego de que la casa de estudios no protegiera en lo mínimo indispensable la integridad de su hija. A la señorita se le desnudó completamente, de acuerdo al testimonio de su madre, y no se le encontró absolutamente nada. Nada. El ser respetuosos del Derecho no debe nublarnos el sentido común. En todo caso, ¿cuál era el objeto de conversar con el papá de la postulante, si no tenían la más mínima intención de pedir disculpas?
Segundo, en el comunicado dejan entrever que la menor de 16 años, quien fue postulante a la escuela de Medicina, continúa como implicada en el caso. Reiteramos, de acuerdo al testimonio de la madre de familia, tras el presunto cateo ilegal y vejatorio, no se le encontró absolutamente nada que diera indicios de que su hija participó en el intento de fraude para rendir la prueba. Hagamos un ejercicio de sentido común: ¿si hubiera el menor atisbo de responsabilidad de la menor, su madre habría salido a denunciarlo a los medios de comunicación? La propia madre de familia anunció que iniciará acciones legales en contra de la universidad.
Tercero, otro aspecto que llamó la atención del comunicado es la justificación que usaron para no intervenir durante el presunto abuso policial. «La UCSM subraya que no puede ni debe oponerse a un operativo policial en casos de flagrancia, ya que ello constituiría obstrucción a la justicia, conforme al artículo 409-A del Código Penal».
El artículo citado por la universidad dice lo siguiente: «El que mediante el uso de fuerza física, amenaza, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, impide u obstaculiza se preste un testimonio o la aportación de pruebas o induce a que se preste un falso testimonio o pruebas falsas, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años».
Nosotros nos preguntamos ¿Si la universidad hubiera garantizado los derechos de la postulante, de qué manera se habría generado algún tipo de obstrucción de la justicia?
El asunto es más delicado porque se trata de una menor de edad. No hubo una pizca de razonabilidad en la intervención. Bien pudo haberse esperado que la postulante acabara su prueba, primero para no afectar su derecho a participar del proceso de admisión, por el cual sus padres pagaron a la universidad. Dos, el examen pudo ser cautelado, y la menor conducida a un ambiente controlado, donde se le garantizara la presencia de un fiscal para la respectiva evaluación policial, con presencia de sus padres y, si fuera posible, su defensa legal. Pero todo ello no sucedió.
La propia universidad, en el marco de su autonomía, pudo tener un mayor control para hacer respetar el derecho de una aspirante a formar parte de su comunidad. Fuera del tema del protocolo que debió seguir la suboficial implicada en el cateo irregular, ¿acaso la universidad no cuenta con sus propios procedimientos para garantizar que no se acuse falsamente a un estudiante de hacer trampa y que también se protejan sus derechos? ¿El protocolo de la universidad frente a estos casos permite este tipo de atropellos?
Lo peor es que en la parte final del comunicado se vanaglorian de sus «mecanismos de control», y al parecer saludan su eficiencia. Pero a qué costo.
