En medio de un clima electoral de hartazgo, memoria herida y democracia en disputa, hay una noticia que merece ser visibilizada con fuerza, y es que cada vez más personas LGTBI están postulando a cargos de elección popular en las elecciones de abril de 2026. No es un dato menor: es un síntoma político y también una esperanza. Según información recogida por Crónicas de la Diversidad, hoy vemos más candidaturas LGTBI visibles en distintos partidos y regiones del país.
Por el Partido Morado postulan: Marisol Liñán, Lucero Torero, Alonso Cornejo, Froy Torres Delgado, Carlos Sánchez, Leyla Huerta y Pedro López-Torres. Por la Alianza Venceremos, en Arequipa, tenemos a Karla Paloma Cayani; en Junín, a Salvador Oré; a Lucero de Belén Pinedo en Pasco y a Gahela Cari en Lima Metropolitana. Por Perú Primero, postula Lucrecia Zevallos.
Seguramente hay más personas LGTBI postulando que no lo hacen de manera visible por miedo, por estrategia o por supervivencia política, y eso también dice mucho del país en el que vivimos. Aun así, algo está cambiando: cada vez más personas LGTBI están eligiendo la militancia política como una forma legítima de lucha, porque entendimos que la calle no basta si no disputamos también el poder institucional.
Las luchas LGTBI nunca han sido una isla. Siempre han caminado junto a otras luchas sociales. Y cuando hablamos de representación política LGTBI no hablamos de “agendas gay” ni de la fantasía de la “ideología de género” que agita el conservadurismo, sino de derechos civiles básicos negados históricamente: matrimonio civil igualitario (civil, no religioso) para que nuestras familias sean reconocidas, protegidas y dejen de existir solo en la informalidad y el abandono legal; reconocimiento de la identidad de género y DNIs que nos representen; leyes que sancionen los crímenes de odio; salud pública de calidad, porque la salud no es un negocio, y sistemas de salud con protocolos acordes a nuestras realidades; trabajo, vivienda y educación sin discriminación ni humillación; seguridad para caminar sin miedo por las calles; espacios públicos para convivir y encontrarnos con nuestros amigos y vecinos, no ciudades diseñadas solo para consumir.
No pedimos nada extraordinario. Pedimos ciudadanía plena.
Y si les gusta el cine tanto como a mí y vieron el documental Uyariy, del reconocido y premiado director Javier Corcuera (alerta de spoiler), recordarán una escena poderosa: Leyla Huerta aparece junto a sus valientes compañeras trans de Féminas Perú acompañando las marchas contra Boluarte y la masacre en el sur del país, hasta que la entrevista se corta abruptamente por el avance de las bombas lacrimógenas. Esa escena me llenó el corazón, porque ahí está condensada una verdad histórica: las personas LGTBI siempre hemos marchado con el pueblo.
En Arequipa, en mi época universitaria, marchábamos lesbianas, gays y trans defendiendo el Valle de Tambo; marchamos contra Merino; marchamos contra esta mafia congresal; marchamos aunque nos miraran raro; marchamos aunque algunos gritaran: “¿Qué hacen estos maricones aquí?”. La respuesta es simple y contundente: este país también es nuestro y lo luchamos porque queremos transformarlo.
Personalmente, Uyariy para mí no es solo una película, es un acto político. Y por eso incomodó tanto, y su estreno estuvo marcado por denuncias públicas de maltrato en la exhibición comercial: la sacaron de varias ciudades, con funciones mínimas o inexistentes en cadenas de cine, y una circulación claramente desigual frente al cine comercial. Esto no es un caso aislado: el cine peruano independiente y regional vive sistemáticamente este tipo de obstáculos, algo que cineastas y colectivos culturales vienen denunciando desde hace años.
Que una película como Uyariy, que conmueve y humaniza a las víctimas de la represión estatal durante el gobierno de Dina Boluarte, haya sido empujada a una circulación tan precaria no es casualidad. Uyariy es peligrosa para ciertos poderes porque genera empatía, y la empatía ciudadana es profundamente subversiva para quienes gobiernan desde el miedo y el olvido. No olvidemos que desde el propio Congreso se ha llegado a estigmatizar a las víctimas de la masacre de Juliaca, llamándolas “terroristas”, como ocurrió en declaraciones públicas del congresista Fernando Rospigliosi. Uyariy hace exactamente lo contrario: les devuelve humanidad, rostro y voz.
Por eso incomoda, y por eso también el público respondió, llenando salas, reclamando en redes sociales y sosteniendo la película en cartelera más allá de los intentos de censura solapada. En un año electoral, esto importa. Porque la memoria se activa y la gente vota con memoria.
A este panorama se suma una amenaza que no podemos dejar de recordar: la nueva ley de cine impulsada por la congresista Adriana Tudela (hoy nuevamente candidata al Congreso), una norma ampliamente cuestionada por el sector cultural porque debilita el apoyo al cine nacional, especialmente al cine regional e independiente, reduciendo el financiamiento público, recortando la autonomía del sector y abriendo la puerta a un mayor control político sobre la creación artística. Todo lo contrario a lo que necesita un país diverso, democrático y con memoria.
A ello se suma una deuda histórica que el Estado sigue sin saldar: la ausencia de una ley de cuota de pantalla que obligue a las cadenas de cine a exhibir películas peruanas en condiciones dignas y competitivas frente a las grandes producciones extranjeras. Sin reglas claras, no hay industria posible. Países como Brasil nos llevan la delantera justamente porque entendieron que el cine no es solo entretenimiento, sino una herramienta de memoria, identidad y reflexión política. No es casual que actualmente muchas de sus películas más reconocidas internacionalmente hayan sido críticas de las dictaduras y violencias de Estado que marcaron su historia, como Ainda Estou Aquí y O Agente Secreto.
Por eso necesitamos congresistas y autoridades que defiendan la memoria y la cultura, no que las debiliten o las censuren. Porque un país digno no se construye solo con pistas y edificios; se construye también desde el arte, la memoria y el cine, desde las historias que incomodan, que preguntan y que nos obligan a no olvidar.
Finalmente, tengo esperanza en estas candidaturas que mencioné al inicio de este texto y espero sinceramente que muchas de ellas lleguen al Congreso. Este Parlamento ha dedicado su tiempo y su poder a desmantelar sistemáticamente los avances en igualdad y perspectiva de género, legislando como si el Perú fuera su iglesia privada y olvidando que representan a una sociedad profundamente plural. Han intentado borrarnos. No lo lograrán.
Porque mientras ellos destruyen, nosotres resistimos. Unes postulando. Otres marchando. Otres filmando. Otres escribiendo. Como este humilde servidor. Y aquí seguimos, con memoria, con dignidad y con la certeza de que este país también nos pertenece.
Sobre el autor:
Bruno Montenegro (Él) es un hombre trans arequipeño, comunicador y director audiovisual. Fue reconocido como defensor de derechos humanos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú en 2019. Es director de proyectos en Fraternidad Trans Masculina Perú y director de comunicaciones de la REDCAHT, donde lidera iniciativas sociales y regionales en favor de la salud y los derechos trans en América Latina. Estudió Comunicación en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) y cuenta con amplia experiencia en incidencia política nacional e internacional, así como en la gestión de proyectos de comunicación con organizaciones sociales dentro y fuera del país. Apasionado por el cine y el ciclismo, utiliza el arte y la comunicación como herramientas para visibilizar realidades diversas, promover la empatía y transformar narrativas sobre las identidades trans en el Perú y la región.
