Según el jefe de Reniec los documentos corresponden a personas cuyos DNI's caducaron o se perdieron
Faltan recoger 35 mil Documentos Nacionales de Identidad (DNI), según el jefe regional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Ricardo Muñoz. El funcionario aseguró que esta cifra corresponde al 3 % de personas habilitadas para votar. Asimismo, los documentos corresponden a personas cuyas identificaciones caducaron o se extraviaron.
El funcionario recordó que la población puede votar con sus DNI vencidos, por lo que el problema solo se concentra en los que perdieron su identificación; ya que sin este no se podrá realizar ningún trámite, incluída la votación.
Por otra parte, Muñoz señaló que procuran atender a todas las personas posibles. «Hacemos mil DNI al día en promedio, pero en elecciones hacemos 3 mil en promedio». Calcula que una ventanilla puede dar sus documentos a dos clientes por minuto.
‘Colas’ en la Reniec
Algo que es evidente en las afueras del Reniec, es la amplia longitud que tienen las ‘colas’ en el local donde expeden los documentos. Al mediodía del 30 de septiembre, estas sobrepasan la manzana y llenaban una cuadra de la calle Mercaderes.
Muñoz responsabilizó a la población de las filas por la realización de trámites a última hora. «Es un mal hábito que tenemos desde pequeños y que seguimos haciendo de grandes», indicó el funcionario.
Sumado a esto, aseguró que los equipos que tiene la Reniec para verificar la compra no son suficientes durante época de elecciones. Sin embargo, no se piden más porque estos solo serían usados en procesos electorales, lo que no serían usados con regularidad después del proceso electoral.
Según Muñoz, en las filas uno se demora una hora por cuadra esperando para ser atendido. Para solucionar la situación, el Reniec atenderá también el sábado y domingo de elecciones.
Sobre las personas que venden puestos en las filas -que siguen existiendo en las afueras de la sede del Reniec-, Muñoz recordó que no es ilegal, ya que no hay leyes ni iniciativas legislativas que lo impidan; pero que si la población observa estos actos, ejerza presión social sobre el vendedor y la persona que accede a estos servicios.
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