Contraloría: Rohel Sánchez causó perjuicio de S/ 93 mil a la Unsa

La Contraloría presume que hay responsabilidad civil en el gobernador Rohel Sánchez por la designación e incremento irregular del salario de una funcionaria cuando fue rector de la Universidad Nacional de San Agustín.

Edith Lourdes Carrillo, quién ocupó el puesto de secretaria académica cuando Rohel Sánchez fue rector de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), pasó de ganar 1500 a 7000 soles. Según detalla el informe de control específico N°012-2023-2-0210-SCE de la Contralo ría, Sánchez designó a la servidora pública en un puesto que no existía en el cuadro de asignación de personal (CAP). Debido a ese cambio, su remuneración aumentó y el desembolso total entre el 2019 y 2020 fue de 93 mil 47 soles.

La designación de Carrillo fue desde el 1 de agosto del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020. Esta se dió por las resoluciones rectorales 1190-2019 y 0011-2020 donde se le otorga el cargo de confianza, bajo un Contrato Administrativo de Servicio (Cas), como la secretaria académica de Secretaría General. Sin embargo, dicho cargo no se encontraba en el cuadro de asignación de personal de la universidad. La emisión de esas resoluciones, a pesar de que la oficina de Asesoría Legal de la Unsa advirtiera el hecho, permitió el aumento remunerativo de la funcionaria a 7 mil soles.

Otros funcionarios, de la gestión de Rohel en la Unsa, señalados con presunta responsabilidad civil de acuerdo al informe, son: Rosa Fátima Huaquipaco, Alexis Ariel Arias y Jesús Camilo Sierra. Ellos ocupaban los puestos de subdirectora de Recursos Humanos, subdirector de Recursos Humanos y jefe de la Oficina de Planillas, respectivamente. Niguno de ellos tomó las acciones debidas para observar la designación irregular.

¿Rohel Sánchez sancionado?

Según el abogado Jorge Luis Mamani, el informe recomienda que se proceda a establecer responsabilidades civiles en los fueros correspondientes. En este caso, una reparación civil y no un proceso penal. Sin embargo, la procuraduría debe solicitar a un juez que determine si existe sanción o no. «Lo que señala es que efectivamente se contrató a un personal (secretaria) sin que este cargo se halle establecido en el Manual de Puestos, y que después recién fue regularizado».

De acuerdo al abogado, la Contraloría cumplió con señalar que la contratación de la secretaría fue de forma irregular, pero no llega a determinar que ello represente una falta de inhabilitación. 

El abogado aclaró: si bien el informe señala que se puede configurar una presunta responsabilidad administrativa y penal, estas ya no son aplicables porque la pena máxima para el delito de nombramiento ilegal del cargo es de 4 años, tiempo que ya transcurrió. Por ello, realizar una investigación sería en vano.