Un proyecto de ley del congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, para sancionar con cárcel las denuncias falsas en casos de violencia familiar y aunque tendrá que ser archivado al final del presente parlamento, su autor regresará al Congreso como senador con la posibilidad de volver a impulsarlo. Y es que hasta la fecha Muñante continúa publicando en sus redes sociales contenido sobre denuncias falsas en procesos de violencia familiar.
Estas publicaciones buscan resaltar el eje central del Proyecto de Ley 11561/2024-CR, de su autoría, que propone sancionar con cárcel las denuncias falsas en estos procesos de violencia familiar o de género.
Esta defensa acérrima a su proyecto de ley llegó hasta su columna del diario Expreso, en donde tras la avalancha de críticas que tuvo, Muñante acusó a ciertos operadores mediáticos, supuestos aliados del feminismo radical de desinformar sobre su iniciativa.
Ahora, Muñante es uno de los candidatos al Senado más votados a nivel nacional y hace unos pocos días fue proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones para el periodo 2026-2031. Su proyecto probablemente muera en el archivo debido al fin de este periodo parlamentario, pero su autor tendrá cinco años para sacarlo adelante, y por sus publicaciones, al parecer, esa será su intención.
Un proyecto que se quedó sin quórum
El PL 11561 no llegó a votarse en comisión. El debate fue agendado para el 4 de mayo de 2026 en una sesión virtual de la Comisión de Mujer y Familia, y la sesión no alcanzó el quórum requerido. Solo 7 congresistas marcaron asistencia, cuando se necesitaban 10.
Hasta el momento, no se ha hecho pública una nueva fecha para retomar el predictamen. Con el cierre del periodo parlamentario 2021-2026, la iniciativa pasará al archivo, como el resto de proyectos que no completaron su trámite.
El recorrido del proyecto, sin embargo, no fue improvisado. Antes de presentarlo formalmente, Muñante organizó, el 29 de mayo de 2025, una mesa de trabajo sobre presuntas inconsistencias de la Ley 30364, norma para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Luego, el 13 de junio presentó el PL 11561 en conferencia pública con testimonios y, meses después, lo sustentó ante la Comisión de Mujer y Familia, en la cual no pudo discutirse en medio de críticas de diferentes colectivos y organizaciones.
Las opiniones técnicas que lo declaran inviable
Pancarta.pe accedió —a través de mecanismos de transparencia— a las opiniones técnicas que analizaron el proyecto. Ninguna lo respalda.
Uno de los principales patrones de las denuncias de violencia familiar, es que muchas no cuentan con pruebas inmediatas. En ese sentido La Defensoría del Pueblo explicó en respuesta a la consulta de Muñante, respecto al proyecto de Ley, que la violencia psicológica, las amenazas verbales, el control económico o las agresiones denunciadas días después pueden ser difíciles de acreditar.
También advierte que equiparar la falta de sentencia con falsedad parte de una lectura equivocada del sistema de justicia, ya que los archivos pueden deberse a demoras, falta de pruebas, deficiencias en la investigación, sobrecarga procesal o abandono del proceso.
Por lo que concluye que una víctima real podría evitar acudir a una comisaría, a un Centro Emergencia Mujer o a la Fiscalía, si sabe que el denunciado puede responder con una contradenuncia penal por falsedad o simulación, cuando la situación responde en realidad a un proceso judicial lento e inoperante.
Por su parte, el Ministerio de Justicia identifica un punto crítico en las retractaciones. Sostiene que muchas víctimas retiran denuncias o dejan de participar en el procso por temor, dependencia económica, amenazas o desgaste emocional. Si una ley interpreta esa retractación como indicio de falsedad, podría castigar una conducta que muchas veces forma parte del ciclo de violencia.
El Ministerio de la Mujer llega a una conclusión similar. El proyecto de Ley que promueve Muñante no presenta datos estadísticos, informes técnicos ni estudios que prueben la frecuencia o el impacto real de denuncias infundadas. Y la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial asegura que la propuesta desalentaría a las víctimas —principalmente mujeres— a denunciar por temor a ser perseguidas penalmente, lo que agravaría el subregistro y aumentaría la impunidad.
Shely Cabrera, abogada del Movimiento Manuela Ramos, coincide con estos informes. En conversación con Pancarta.pe, sostuvo que la insistencia en penalizar específicamente las denuncias de género es un retroceso, dado que el delito de denuncia fraudulenta ya existe en el artículo 402 del Código Penal peruano. Según la abogada, contextualizar esta figura legal solo para casos de violencia busca invisibilizar que el problema real es un sistema que no ofrece protección a las víctimas.
Cabrera advierte, además, que el archivo de denuncias suele ser consecuencia de fallas radicales en el sistema de justicia. Como la revictimización, la falta de recursos de las víctimas y la ausencia de celeridad procesal.
Según la ENDES 2024, solo el 29,5% de mujeres que sufrió violencia física por parte de su esposo o compañero acudió a una institución; el 44,6% buscó ayuda en personas cercanas.
Un paquete más amplio
Este proyecto de ley no avanzó solo. La Comisión de Mujer y Familia lo acumuló en un predictamen común con el Proyecto de Ley 11786/2024-CR, del congresista no agrupado Jorge Luis Flores Ancachi, que plantea castigar la simulación de agresiones. Y al paquete se suma el Proyecto de Ley 10342/2024-CR, de la congresista Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo, también de Renovación Popular, que propone eliminar el delito de feminicidio y reemplazarlo por la figura de asesinato de la pareja.
Los tres proyectos acumulan opiniones desfavorables de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Mujer.
Se intentó consultar a los congresistas si retomarían las iniciativas y sus posturas sobre estas opiniones; sin embargo, Muñante y Flores Ancachi no dieron respuesta.
Jáuregui de Aguayo sostuvo que las opiniones son referenciales y no vinculantes. Su asesor, Juan Carlos Palomares, afirmó que lo más probable es que su iniciativa quede archivada en el siguiente periodo, con todos los demás proyectos pendientes.
El archivo cerrará el trámite de los tres proyectos. Sin embargo, la agenda conservadora sigue vigente. La prueba de ello es que a pesar del cierre del presente Congreso la promoción de estas iniciativas no se ha detenido, es necesario permanecer alerta.
