El juez José Málaga dictó 24 meses de prisión preventiva contra Elmer Cáceres Llica y otros seis investigados en el caso «Los Hijos del Cóndor». Todos fueron trasladados al penal de Socabaya en el transcurso de la noche del viernes 26 de noviembre. La fiscalía apelará la decisión buscando obtener los 36 meses que solicitó cuando presentó el requerimiento a principios de noviembre.
La disposición alcanza a los consejeros regionales Veto Bernal y Jeymi Flores; además, a los exgerentes de Autodema, Napoleón Ocsa y Marcelo Córdova; al ex gerente general de la región, Gregorio Palma, y al dirigente Mario Jacobo. La defensa de los investigados apelará la prisión preventiva en las próximas 72 horas.
El octavo implicado, Wilfredo Llaiqui Cáceres, deberá comparecer cada 15 días ante el Poder Judicial para firmar un cuadernillo de asistencia por 24 meses. No deberá variar su domicilio ni tampoco puede ausentarse de Arequipa sin autorización del juzgado. Además, tendrá prohibido acercarse a los testigos y a cualquier implicado en el proceso. Por último, tiene un plazo de siete días hábiles para pagar una caución de 50 mil soles. Su defensa también apelará la medida en cuanto al plazo de pago.
En el caso del gobernador, la gravedad de la pena y la falta de arraigo laboral le jugaron en contra. El juez José Málaga aseguró -en la audiencia- que el cargo de gobernador no puede garantizar que no haya peligro procesal. El magistrado determinó que existe la estructura de una organización criminal entre los investigados y la investidura de gobernador servía para liderarla. Por lo tanto, no existe arraigo laboral porque puede implicar obstaculización de la justicia. El mismo criterio se usó en el caso de los consejeros Flores y Bernal y el ex gerente general del gobierno regional, Gregorio Palma.
Un largo proceso
La maratónica audiencia culminó tras 18 días de intenso debate entre el Ministerio Público y la defensa de los procesados desde el 3 de noviembre. Los implicados pueden afrontar penas des 8 hasta 19 años de prisión por los delitos de organización criminal y cohecho -pasivo impropio y activo genérico-. Hay que recalcar que se sumarían las penas de ambos delitos en todos los casos.
Como se recuerda, durante la noche del 23 y la madrugada del 24 de octubre el Ministerio Público y la Policía Anticorrupción realizaron un operativo en el que detuvieron a once presuntos integrantes de la organización criminal «Los Hijos del Cóndor». En ese momento, también, se encarceló a los consejeros Miguel Guzmán Hinojosa e Ysrael ´Cachete´Zúñiga. Es necesario recordar que Santiago Neyra y Willy Ayñayanque -también consejeros regionales- permanecen en la clandestinidad desde entonces.
Cada uno de los detenidos permaneció diez días bajo la custodia de las autoridades; y, en el transcurso, apelaron su encarcelamiento preliminar. Todas las apelaciones se declararon infundadas; sin embargo, el Ministerio Público solo presentó el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses para los ocho investigados antes mencionados.
La supuesta organización criminal «Los Hijos del Cóndor» era presuntamente liderada por el gobernador regional Elmer Cáceres Llica. La autoridad, según la tesis fiscal, ofrecía a los consejeros regionales beneficios como terrenos, dinero y cargos para terceros a cambio de no fiscalizar su gestión y aprobar las medidas que dispusiera. Para ello, también se hizo necesaria la participación de funcionarios de alto nivel del gobierno regional; además de otras organizaciones vinculadas a la región, como Autodema; y dirigentes de las asociaciones Pampas Bayas, 4 de Diciembre y Sol Radiante.
Samanta Miranda rompió el silencio en sus redes
La consejera regional Crhis Díaz, tras conocer la resolución judicial, publicó un post en su perfil de facebook asegurando que no traicionó a nadie que no lo mereciera.
Desde el primer día de la captura de los investigados se ventilaron unos audios en los que ella conversaba con Marcelo Córdova y Elmer Cáceres Llica sobre favores políticos a cambio de beneficios como terrenos, obras y otros. Durante dos años grabó y reportó todas las pruebas posibles a la Policía Anticorrupción como agente protegido, bajo la denominación de Samanta Miranda Tijeros.
Dale seguimiento al caso en nuestro resumen diario de notas imprescindibles haciendo click aquí.
