¿Peligra la economía peruana si se modifican los Contratos Ley?

Este año vencen varios contratos ley que benefician a los grandes inversionistas. Dichos acuerdos se firmaron hace más de 30 años y este 2023 varios de ellos podrían renovarse por más tiempo. 

En redes sociales se advirtió que varios contratos ley con las grandes empresas estarían por vencer este 2023 después de 30 años de firmarse. 

Acusan al Ejecutivo y Legislativo de no tener intenciones de adelantar las elecciones generales para este año; y así renovar esos acuerdos -amparados por la Constitución y sin ningún tipo de modificación- por más tiempo. 

Un grupo sostiene que ello continuará favoreciendo a los grandes inversionistas. ¿La solución es modificar o derogar por completo estos acuerdos? Hay distintas opiniones de especialistas sobre este tema; pero antes te explicamos en qué consiste.

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Contratos Ley 

Los “Contratos Ley” se plantearon durante la crisis económica y social de los 90 para fomentar la inversión privada; tanto de empresas nacionales como extranjeras. 

Dichos acuerdos se firman entre el Poder Ejecutivo y los privados por 30 años o más. De aquí surge el cuestionamiento hacia la presidenta Dina Boluarte de no renunciar. 

El artículo 62 de la Constitución dice que “el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades; otorgándoles a ambas partes la calidad de intangibles”. Es decir, por ningún motivo pueden modificarse por otras leyes; ni siquiera el Congreso tiene injerencia hasta que culmine el contrato. 

Este “blindaje constitucional” a las grandes corporaciones podría cambiarse y este año sería el tiempo adecuado; puesto que muchos de esos acuerdos vencen. En ese sentido, el Congreso tendría que aprobar a través de una reforma constitucional alguna modificación o derogatoria de tales Contratos Ley. 

La norma señala que los parlamentarios deben votar en dos legislaturas y sumar más de 87 votos a favor o consultarse vía referéndum; sin embargo, este asunto no está en la agenda del Congreso, hasta el momento. 

Ya no justifica

Para la abogada constitucionalista, Melissa Valdivia, esos contratos “desequilibran la balanza, a favor del inversionista y en contra del Estado”. Sostiene que en la actualidad “carece de sentido mantener esos acuerdos, que en otros países de latinoamérica no existen”. 

Además, considera que la economía del Perú “está en auge; por lo que, el gobierno tiene la capacidad de negociar en igualdad de condiciones con las empresas”. 

Es popular la frase de que “en política no hay casualidades” y esto resalta Salazar. No sin antes mencionar que el gobierno tiene un “haz bajo la manga” para permanecer en el cargo y renovar esos contratos. Aunque no lo asegura al cien por ciento. 

En tanto, el especialista en derecho constitucional, Jorge Luis Mamani, calificó de obsoleta la figura del contrato ley. 

En su lugar, propone que el Congreso apruebe los convenios a “rango de ley que también brindan seguridad jurídica”. En ese sentido, ningún presidente podría romper el acuerdo, si es ese el temor de las empresas. A menos que el parlamento lo autorice; lo cual “es complicado”.  

Mamani también critica la falta de transparencia del Estado al no hacer públicos dichos acuerdos. Insiste en que ya no se ampare más en la constitución; de tal manera ya no se beneficiaría únicamente a las grandes empresas.

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Respalda a empresas

El economista Gustavo Riesco difiere e incluso atribuye que los contratos ley “son como unas muletas que nos ayudan, porque aún no tenemos las piernas desarrolladas. Si fuésemos estables y predecibles no lo necesitaríamos”. 

Riesco considera que el Perú todavía no cumple con generar credibilidad institucional; por lo que prescindir de los contratos ley ahuyentaría la inversión extranjera de nuestro país.

“Las inversiones son necesarias para el desarrollo del país, reducir la brecha. No son suficientes, pero sí necesarias”, nos dice el economista.

Según explica el problema es del Estado que “debe fortalecer su rol como regulador y supervisor. Pero no lo está cumpliendo bien. En la medida que cumpla su función la población percibirá los beneficios (que generan los privados)”.