A pocos meses de las Elecciones Generales 2026, crece la necesidad de un voto informado y consciente en un país donde la desconfianza política se agudiza. Con 43 partidos habilitados y altos niveles de insatisfacción ciudadana, acceder a información clara y confiable es clave para decidir con responsabilidad.
Aunque se insiste en llamar “fiesta electoral” a cada proceso de votación, la realidad dista mucho de ese ideal. Entre electores coaccionados, dádivas, candidatos desconocidos y una sobreoferta de partidos, el sistema peruano enfrenta una crisis de legitimidad que debilita la participación y la confianza ciudadana.
La huelga, reconocida como un derecho fundamental por la Constitución y convenios internacionales, es una herramienta legítima de reivindicación laboral. Su ejercicio, sin embargo, exige cumplir con normas y procedimientos específicos que garanticen su legalidad y eviten afectar otros derechos fundamentales.
La solicitud de asilo político de Betssy Chávez reabrió el debate sobre los alcances y límites de esta figura en el derecho internacional. Mientras México evalúa su pedido, Perú enfrenta obligaciones jurídicas que le impiden negar el salvoconducto pese a la tensión diplomática.
La corrupción continúa debilitando la gestión pública en el Perú y generando pérdidas millonarias. Frente a ello, el enfoque de integridad pública busca fortalecer la conducta ética de los funcionarios y servidores del Estado, promoviendo transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Pasar de la cultura del secreto a la cultura de la transparencia representa un cambio de paradigma que convierte la información pública en un derecho ciudadano. Este principio fortalece la rendición de cuentas, la vigilancia social y la legitimidad democrática frente a la opacidad del poder y la corrupción.
El derecho a la protesta, sustentado en la libertad de expresión, reunión y asociación, es esencial para la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, su reconocimiento jurídico varía en la región. Este análisis examina su tratamiento internacional, latinoamericano y en el sistema jurídico peruano.
“El sistema previsional peruano está constituido por tres regímenes principales: el del Decreto Ley Nº
Si bien los padres son los primeros responsables de educar sobre sexualidad en casa, esto no se da habiendo fracasado tal cumplimiento o bien dicha responsabilidad es escasa, más aún que no serían los únicos en asumir dicho rol, sino el Estado a través de los sectores como educación, salud, entre otros, y como parte de la política nacional y la formación integral de la persona.
