La discusión sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) volvió a encender tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso. Mientras el presidente José Jerí sostiene que solo es razonable extender el proceso por un año más, el Parlamento aprobó llevarlo hasta 2027. Pero especialistas advierten que el verdadero debate no es de tiempo, sino de procedimiento: la ampliación no reabre el registro, no incorpora nuevos mineros y no resuelve las fallas que arrastra el sistema desde hace casi una década.
El analista politico Arturo Montesinos aclara un punto clave que suele pasar desapercibido en el debate público. “No es una ampliación del REINFO, porque el REINFO ya está cerrado. Lo que se está ampliando es el proceso de formalizarte”, explica. El registro quedó cerrado hace años; ningún minero puede inscribirse hoy para iniciar su trámite. Los que sí están dentro —unos 30 mil en todo el país— buscan evitar que, al terminar el año, la falta de una prórroga los convierta automáticamente en ilegales, sin posibilidad de trabajar ni vender mineral.
¿Qué es el REINFO y por qué no funciona?
El REINFO fue creado en 2016 como un mecanismo temporal para que los mineros informales pudieran continuar operando mientras avanzaban en su formalización. La idea era que aquellas personas que trabajaban en zonas permitidas, pero sin concesión o con trámites incompletos, tuvieran una vía legal para regularizar su situación. La inscripción solo estuvo abierta hasta 2017, por lo que hoy nadie puede sumarse, y quienes ya están dentro deben cumplir una serie de requisitos ambientales, técnicos y administrativos.
Pese a esa intención, el sistema no ha dado resultados. A nivel nacional, solo entre 2,4% y 10% de los inscritos logró culminar el proceso. La mayoría quedó detenida por trámites complejos, falta de acompañamiento estatal y por uno de los principales problemas identificados por especialistas: la exigencia de contar con un contrato con el titular de la concesión minera. Montesinos sostiene que este es el freno más crítico. “Mientras el titular de la concesión no me dé el contrato, nunca voy a poder formalizarme. Así pasen uno, diez o cincuenta años”. Muchos mineros trabajan desde hace décadas en concesiones inactivas cuyos dueños no operan, pero tampoco firman acuerdos. Sin ese documento, el proceso se vuelve imposible de cerrar.
A ello se suma la falta de gestión estatal. No existe un diagnóstico actualizado que permita saber cuántos mineros están avanzados, qué trabas enfrenta cada grupo o qué zonas requieren intervención prioritaria. “El que no ha hecho su trabajo no es el minero, es el Estado. Nunca se ha identificado cuáles están avanzados y cuáles no”, afirma el entrevistado. La ausencia de este ordenamiento ha generado la percepción permanente de que el REINFO no funciona y que, aun con ampliaciones, el avance seguirá siendo mínimo.
¿Qué se debe hacer? ¿Es una cuestión de tiempo o de gestión?
Mientras el Congreso plantea ampliar el proceso hasta 2027, el Ejecutivo insiste en otorgar solo un año adicional. Para el presidente Jerí, esa debería ser “la última oportunidad”, pues considera que extender más el plazo solo dilata un sistema que no ha mostrado resultados. Sin embargo, especialistas sostienen que el problema no está en la duración de la prórroga, sino en la forma en que se ejecuta la formalización.
Montesinos afirma que, con un trabajo organizado, el proceso podría resolverse mucho más rápido de lo que se discute. Para ello plantea que el primer paso debe ser un censo regional que permita saber exactamente quién está en qué etapa, cuáles dependen de un contrato pendiente y qué trámites faltan en cada caso. “Hay que separar el trigo de la paja. No todos están en la misma situación”, explica. Con esa información, el Estado podría desplegar equipos técnicos por provincia, priorizar zonas como Camaná y Caravelí, y convocar a titulares de concesiones que llevan décadas sin operar sus áreas.
El entrevistado también destaca la necesidad de establecer mesas de trabajo entre mineros y titulares para destrabar los contratos. Considera que el Estado debe evaluar incluso la reversión de concesiones inactivas que impiden avanzar en la formalización. Hasta que ese obstáculo no se resuelva, ningún plazo —sea corto o largo— permitirá que los inscritos culminen el proceso.
De esta manera, la ampliación resulta necesaria para evitar que miles de familias queden en ilegalidad. Pero la pregunta central no es si deben ser uno o dos años. El verdadero desafío es corregir un sistema que, sin cambios estructurales, seguirá produciendo los mismos resultados.
