La Contraloría General de la República destapó un nuevo caso de corrupción en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), que compromete a 16 funcionarios y a un grupo de proveedores relacionados con la campaña política del gobernador Rohel Sánchez. Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 043-2025-2-5334-AC, entre enero de 2023 y enero de 2024 se fraccionaron deliberadamente contratos de mantenimiento para evadir los procesos de licitación pública, ocasionando un perjuicio económico de S/ 208,223.94 al Estado.
De acuerdo con la auditoría, los funcionarios del Área Funcional No Estructurada de Mantenimiento de Infraestructura Pública (AFNEMIP) dividieron más de 40 órdenes de servicio derivadas de cinco proyectos educativos y viales. Así, cada requerimiento quedó por debajo del umbral de ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que permitió adjudicar directamente los servicios a empresas relacionadas entre sí.
Las principales beneficiarias fueron P&B Group Construction & Developer SAC, AMP Laboratorio y Servicios Generales E.I.R.L., DTP Servicios Generales E.I.R.L. y otras firmas vinculadas a la familia Pinto Paccara, allegada al entorno político del gobernador. Uno de sus miembros, Alexander Manuel Pinto Paccara, figura además como aportante de campaña de Sánchez, según reportes de la ONPE.
La Contraloría identificó que en la ejecución de los proyectos se validaron pagos duplicados, sobrecostos y servicios no ejecutados, principalmente en la I.E. Benigno Ballón Farfán y el CETPRO del Ejército del Perú. Asimismo, detectó un conflicto de intereses: la funcionaria Jeaneth Rondón supervisó obras mientras su empresa obtenía contratos en los mismos proyectos.
El informe atribuye responsabilidad penal y administrativa a 16 funcionarios. El caso fue remitido al Órgano Instructor de la Contraloría y al Procurador Anticorrupción para el inicio de las investigaciones penales correspondientes.
Con información de diario Revelación y diario Los Andes.
