Perú es un país en el que uno no debería ser indiferente. Aquí, en esta tierra, uno tiene la obligación de indignarse. No es una opción: debe ser la regla. Sentir indignación por todo lo que nos pasa como sociedad es, tal vez, el primer paso para empezar a generar un cambio.
Hace no mucho tiempo, menos de diez años, salir a marchar y protestar por alguna decisión de los gobernantes con la cual, como ciudadano, no estabas de acuerdo —ya sea porque te afectaba directamente a ti o a un grupo social o comunidad con la cual te sientes identificado— no representaba mayor riesgo. Podías expresarte libremente por las calles y avenidas, con carteles en mano y arengando contra las medidas tomadas, ya sea por el presidente, el Congreso o cualquier entidad que represente el poder.
Era un golpe de realidad y servía, en muchas ocasiones, para hacer retroceder a los gobernantes de turno en sus decisiones. Esta realidad cambió en 2020. Aquel año, Manuel Merino tuvo que renunciar a la presidencia tras la muerte de dos jóvenes, Inti y Bryan, durante las protestas que exigían su renuncia. Que alguien pierda la vida protestando no era aceptable dentro de aquello que conocemos como democracia.
Solo dos años después, en diciembre de 2022 e inicios de 2023, las cosas eran muy distintas. Durante las protestas contra Dina Boluarte, tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, las fuerzas del orden (Policía y Fuerzas Armadas) actuaron —con consentimiento del Gobierno— con excesiva crueldad, llegando a asesinar a más de 50 personas que protestaban principalmente en regiones del Ande peruano (Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco), entre otras.
En una sociedad que respete mínimamente los derechos humanos, estos sangrientos hechos hubieran tenido como consecuencia la renuncia de la presidenta Boluarte y un proceso de investigación con las debidas garantías para encontrar y sancionar a los responsables de las muertes. Ello no ocurrió, y ya han pasado casi tres años. Todo ello genera impunidad, que es la ausencia de castigo o sanción para una falta o delito.
Todo lo narrado debería generarnos indignación, que debemos expresarla en nuestras conversaciones con amigos, familia, profesores y demás. Tal vez haciendo eso, dialogando sobre lo que ocurre en el país, podamos generar memoria para saber que las cosas no andan bien y lograr, en el mediano y largo plazo, un rechazo al actuar de los gobernantes.
Han pasado cinco años desde el asesinato de Inti y Bryan, jóvenes que protestaban en Lima, y hoy, octubre de 2025, la historia se repite. Eduardo Ruiz, joven artista conocido como Truko, falleció luego de recibir un disparo realizado por un policía vestido de civil en medio de las protestas contra la inseguridad ciudadana, el Congreso y el nuevo presidente José Jerí. No permitamos que salir a marchar signifique perder la vida. No normalicemos la violencia y la muerte como método para silenciar o generar miedo en la población que tiene el derecho a expresar su desacuerdo con las decisiones de quienes nos gobiernan. No seamos indiferentes. Nunca.
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Sobre el autor:
Gustavo Callapiña Diaz (1996) Arequipeño. 28 años. Nací el último día del año 1996. Estudié Periodismo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA. Comencé a laborar como redactor de política y sociales en el Diario Sin Fronteras (2019). Trabaje en el Diario El Pueblo (2019-2021) y fui corresponsal para el medio digital OjoPúblico en la región Arequipa. Realicé prensa institucional en el Gobierno Regional de Arequipa (2022), y actualmente me desempeño como gestor de comunicación en la Universidad Nacional de San Agustín y soy jefe de prácticas en el programa de Periodismo de la misma universidad.
