
¿Son las elecciones verdaderas fiestas electorales?
La respuesta, a nuestro juicio, es no. Una fiesta implica participación voluntaria. En una patronal, la gente acude por elección propia ante la imagen de su santo o Virgen. En cambio, en las elecciones muchos votan coaccionados por la multa o impulsados por la entrega de alguna dádiva. Los testimonios sobre la entrega de “tápers” a cambio de participación son un ejemplo de ello.
A diferencia de la fiesta religiosa donde se pide bienestar o salud, en el proceso electoral el ciudadano acude en busca de un puesto laboral, un contacto o la promesa de obtener “algo”, generalmente relacionado con obras, licitaciones o adquisiciones futuras.
A esto se suma el desencanto por los candidatos. Antes, el postulado solía ser el vecino destacado o una figura respetada por su conducta. Hoy, en cambio, muchos aspirantes son desconocidos incluso en sus barrios y acceden a la candidatura previa “inscripción” que implica miles de dólares. Lejos de solucionar problemas, la dinámica electoral parece amplificarlos, con más actos de corrupción, sobrevaloración de obras y adquisiciones dirigidas.
En suma, para hablar de una verdadera fiesta electoral debería haber participación voluntaria, ausencia de incentivos perversos y opciones de candidatos con principios y valores sólidos. Y eso hoy no ocurre.
Listas y candidatos por doquier
Un total de 43 partidos políticos están inscritos ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras cumplirse la fecha límite del 12 de abril de 2025, con miras a las Elecciones Generales 2026.
Según el cronograma electoral, el 31 de octubre fue la fecha límite para que partidos y alianzas formalicen precandidaturas presidenciales de cara a las primarias, un paso clave para definir quién disputará la presidencia desde el 28 de julio de 2026.
Según estimaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el proceso electoral de 2026 presenta la virtual postulación de 117 fórmulas presidenciales, cada una compuesta por un candidato a la presidencia y dos a las vicepresidencias. En paralelo, existen 624 pretendientes al Parlamento Andino, quienes buscan uno de los cinco cargos titulares o uno de los diez suplentes.
Para el Parlamento nacional, 6,162 candidatos buscan uno de los 130 escaños de la Cámara de Diputados y 3,354 aspiran a las 60 curules del nuevo Senado. Esta masiva participación responde tanto al rediseño del Legislativo como al amplio número de agrupaciones interesadas.
Ante tal volumen de postulantes, la ONPE se ha visto obligada a diseñar una cédula de votación de dimensiones inusuales, lo que podría generar confusión entre los electores. La entidad ya inició campañas informativas para facilitar la ubicación de partidos y candidatos en la cédula.
En total, la suma preliminar de candidaturas presidenciales, congresales y al Parlamento Andino alcanza las 10,257, cifra sujeta aún a variaciones. Para el JNE, esto evidencia la fragmentación partidaria y el impacto de nuevas normas electorales.
Urge un análisis sobre este punto ante tanta dispersión de partidos y candidatos. Si en el Perú imitamos tantos modelos y tendencias de los Estados Unidos, ¿por qué no imitamos su sistema electoral con dos listas predominantes? O, por qué no seguimos el ejemplo de Chile, donde en la reciente primera vuelta hubo poco más de cinco candidatos, ¿por qué aquí tenemos 43 partidos? Ahí la dejamos, por ahora.
Sobre el autor:
Walter Andía. Licenciado en Educación por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa-UNSA. Egresado de la Facultad de Administración Segunda Especialidad en Gestión Publica Regional Municipal-UNSA. Con estudios concluidos en Maestría en Gestión Pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha logrado los Diplomados en Gestión Educativa y Gestión Pública por la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta. Ejerce la docencia en la IIEE L.V Beethoven-ASA (Arequipa). Es actualmente representante del SIMAG Arequipa(Sindicato Magisterial).
También te puede interesar: Enfoque ciudadano: La integridad pública