La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa abrió una investigación preliminar de 60 días por el proyecto de la carretera Jachaña–Cayarani. La denuncia, presentada el 22 de setiembre por el consejero regional César Huamantuma, apunta a presuntos giros y devengados irregulares que bordean los 37 millones de soles. Todo esto pese a que el contrato ya había sido resuelto porque el consorcio no cumplió ni siquiera con el primer entregable del expediente técnico.
Antecedentes
El contrato de la obra «Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera vecinal AA-670: Jachaña – Tambopata – Viscavisca – Cayarani – Puente Cayarani» se firmó el 17 de febrero de 2025, mediante la modalidad de Llave en Mano (Concurso Oferta). La empresa adjudicada fue el Consorcio Vial Caylloma que debía encargarse de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra por un monto que supera los 95 millones de soles.
En ese contexto, el consorcio debía avanzar con un primer entregable del expediente presentado el 14 de julio de este año. Este fue observado hasta en 3 oportunidades por la Oficina Regional de Supervisión de Infraestructura y Obras (ORSIT). Por ello, el 16 de setiembre el GRA decide rescindir el contrato mediante carta notarial 075-2025-GRA/ORA por incumplimiento reiterado de requisitos técnicos. Cabe mencionar que hasta la fecha no se ha ejecutado ni un solo metro de la vía.
Giros y Devengados
La resolución del contrato no habría generado más controversia si no se hubieran descubierto giros y devengados inexplicables en el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. Pancarta.pe puedo corroborar que hasta la fecha figura un giro de 9 millones 462 mil 577 soles y un monto por devengado equivalente a 28 millones 454 mil 120 soles.
En el «Manual de Usuario del Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria (Consulta Amigable)», se explica que el apartado «girado» se define como la forma en la que el Estado desembolsa el dinero para la obra y «devengado» implica que el presupuesto se encuentra comprometido o separado para ejecutar el pago posteriormente.
En este caso, los 9 millones y fracción mencionados corresponderían a un adelanto económico equivalente al 10 % del costo de la obra. «Este pago debía ejecutarse una vez aprobado el expediente técnico. Pero ni siquiera han cumplido con el primer entregable y, además, se les ha resuelto el contrato», dijo Huamantuma al ser consultado por Pancarta.pe.
En efecto, de acuerdo al contrato, el GRA solo debió girar lo equivalente al 40 % del presupuesto destinado a la elaboración del expediente técnico (1 millón 100 mil), cuando se aprobara el primer entregable. El resto (60 %) cuando se culminara el documento y obtuviera el visto bueno de la ORSIT para luego pasar a la ejecución de la obra.
En su momento, el actual gerente general de la Región, Berly Gonzáles, declaró para un medio local que el dinero permanecía en una cuenta de fideicomiso y que el consorcio no había tocado un sol. En ese mismo contexto, el gobierno regional través de un comunicado negó que haya concretado el adelanto en las cuentas del consorcio.
Sin informes
Cuando un monto presupuestal adquiere el status de girado o devengado, debe contar con un informe previo que sustente tal decisión. Para ello debe darse conformidad a los documentos o trabajos ejecutados. Es decir, debe corroborarse que se pagará por la ejecución de lo solicitado.
Como se mencionó líneas arriba, existe un monto devengado que supera los 28 millones de soles. «¿Cómo han podido devengar 28 millones, si le han resuelto el contrato en el primer entregable?¿Qué informes han aprobado para decir que le voy a devengar 28 millones?«, declaró Huamantuma. El mismo cuestionamiento se aplica para el monto girado como adelanto (9 millones de soles).
Fuera de que ese dinero haya llegado o no a las manos de la contratista, de acuerdo a Huamantuma, lo cuestionable está en que se haya comprometido ese dinero sin contar con sustento técnico, sin que el consorcio cumpliera con su primer entregable y con una resolución de contrato.
La obra debería convocarse a un nuevo proceso de selección. Sin embargo, el consorcio presentó una solicitud de arbitraje por emergencia ante el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Comercio. Por el momento no se conocen detalles de este proceso.
Diligencias de la fiscalía
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha dispuesto un plazo de 60 días naturales para llevar a cabo la investigación preliminar. La pesquisa se ha iniciado «contra los que resulten responsables» (L.Q.R.R.) por el presunto delito de Negociación Incompatible, una figura penal que sanciona al funcionario público que se interesa indebidamente en un contrato u operación en la que interviene por razón de su cargo. La investigación está a cargo de la fiscal Madeleine Córdova.
Dentro de las primeras diligencias, la disposición fiscal ha ordenado solicitar al Gobierno Regional de Arequipa toda la documentación original relacionada con el contrato de elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra. Además, también solicita la información de SUNAT, SUNARP y OSCE respecto a las empresas involucradas en el Consorcio Vial Caylloma: SAIN Ingenieros Constructores S.A., Projet Services H&G S.A.C., RMJ Constructores S.A.C., e Ingeconsult Consultorías S.A.C.
Actualmente, el futuro del proyecto Jachaña-Cayarani es incierto. La obra no solo está «paralizada» por la resolución del contrato, sino que además se encuentra entrampada en una disputa de arbitraje y, ahora, bajo una investigación fiscal por negociación incompatible. Aquí los principales afectados serán los pobladores entre Jachaña y Cayarani, porque ellos esperaban con ansias una vía moderna.
