El Perú atraviesa un momento peligroso, mientras las desigualdades se endurecen, muchas personas especialmente jóvenes, diversidades sexuales y cuerpos trans seguimos enfrentando no solo el estigma social, sino decisiones políticas que agravan esa vulnerabilidad. El reciente respaldo del Parlamento a la nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres que erradica el “Enfoque de Género” del Estado peruano constituye un paso atrás, histórico, en materia de Derechos Humanos y salud pública.
Al borrar de los documentos oficiales términos como “género”, “equidad de género”, “violencia de género” y redefinir el marco normativo bajo una óptica que rechaza cualquier categoría con la palabra “género”, se expulsa del reconocimiento institucional a identidades trans y no binaries, por ejemplo.
Para toda la población LGBTIQ+ esto no es simbólico, sino que implica vacíos en el acceso a salud con perspectiva de género, invisibilización de necesidades específicas, riesgos mayores de discriminación, estigmatización y limitaciones en el ejercicio de nuestra ciudadanía.
Al borrar las categorías que permiten visibilizar desigualdades estructurales, el Estado está suprimiendo herramientas esenciales para combatir la violencia, la inequidad y la discriminación. Además estudios y activismo construidos en base a ese enfoque quedan en el limbo. Más aún, instituciones públicas dedicadas a la protección de derechos como la salud y la justicia, pierden su eje estructural para reconocer desigualdades. Eso debilita la respuesta estatal y deja nuestras vidas a merced de la suerte, prejuicios y moralismos religiosos ultraconservadores.
Este 1 de diciembre es el Día Mundial de Respuesta al VIH/Sida y hablar de esta epidemia es hablar de una realidad que no golpea por igual a todos. Históricamente, las personas LGTBI han sido de los más afectadas, no solo por el virus, sino por la falta de protección social, acceso desigual a servicios de salud, estigma, y discriminación. En un contexto como el peruano, donde los cuerpos trans suelen quedar al margen, la eliminación del enfoque de género viene a reforzar ese extremo que invisibiliza realidades, borra identidades, omite datos y vacía protocolos.
La salud trans en general requiere reconocimiento explícito como el respeto por identidad, acompañamiento psicológico, asesoría especializada en terapia hormonal, salud sexual diferenciada, información accesible, espacios seguros, pruebas de VIH sin prejuicio, educación sobre prácticas sexuales de riesgo específico elementos que dependen de un Estado que reconozca diversidad y desigualdades. Sin ese reconocimiento, las personas trans se nutren de redes comunitarias informales muchas veces insuficientes o quedan en la desprotección. Eso incrementa la vulnerabilidad al VIH, la automedicación, al estigma, a la violencia y la invisibilización.
Eliminar el enfoque de género es una muestra de desprecio hacia nuestras vidas y desestabiliza también la Educación Sexual Integral (ESI) y no solo hablamos de VIH, sino de violencia sexual, discriminación, precariedad en salud, inequidad en acceso a servicios, invisibilización de jóvenes y personas diversas. Marginación real.
A este panorama ya precario se suma un problema que revela el abandono estructural del Estado y es el desabastecimiento de antirretrovirales. Según GIVAR, en los últimos años el país ha enfrentado faltantes recurrentes, 179 denuncias en 2023 y 98 en 2024 y el propio MINSA reconoció que más del 20% de establecimientos llegó a tener stock cero de TLD, el tratamiento de primera línea.
Estos quiebres no solo obligan a miles de personas a interrumpir o cambiar de esquema sin evaluación clínica, sino que ponen en riesgo directo su vida y la respuesta nacional al VIH. Que haya sido necesario un fallo judicial para obligar al MINSA a garantizar un medicamento esencial evidencia la gravedad del problema y es que cuando el Estado falla en lo más básico, que es garantizar tratamiento continuo, no es solo una negligencia administrativa, es una decisión política que cuesta vidas.
El VIH es mucho más que un virus, es también resultado de desigualdades, omisiones sistémicas, silencios y prejuicios. Para las personas trans, para las diversidades, para quienes resisten en márgenes, el VIH revela la urgencia de un Estado que reconozca identidades, que garantice salud, que respete cuerpos. Pero hoy, ese Estado ha decidido borrarse a sí mismo como garante de equidad, de derechos, de dignidad. Ha decidido ignorar una vez más que los cuerpos diversos existen, sufren, viven, aman y necesitan protección.
Si hay algo que el VIH me recuerda es la crudeza que cuando un Estado calla, la ignorancia mata. Cuando el Perú niega todas sus diversidades, la vulnerabilidad se convierte en política pública. Cuando se borran identidades, se borran vidas. Y hoy, frente a una ley impulsada por un Congreso conservador que actúa como una maquinaria moralista y autoritaria, la única esperanza inmediata recae en el Presidente. Aunque sabemos que muchas veces ha obedecido a esta dictadura congresal y a su mafia, deseo y exijo que el cargo no le quede grande. Que observe la ley. Que no la firme. Que elija la dignidad antes que la complacencia. Porque nosotros, como población diversa, como sociedad, como personas con memoria, no podemos permitirlo. No podemos callar, no merecemos ser anulados, no merecemos que nos vuelvan a los márgenes.
Con las próximas elecciones en abril, lo que hoy parece un debate abstracto de terminologías será una decisión sobre vidas, dignidad y futuro colectivo. Votar ya no es solo elegir autoridades, es definir qué tipo de país somos, si uno que protege la diversidad, la salud, y los derechos humanos o uno que legitima la omisión, silencia identidades y reproduce inequidades. Si quienes postulan al congreso y a la presidencia provienen de discursos que niegan la realidad de las diversidades, que desprecian derechos de personas trans, están apostando por perpetuar un sistema de exterminio. Si, por el contrario, elegimos representantes comprometidos con la inclusión, la salud pública, la defensa de vidas marginalizadas, podemos reconstruir un Estado digno y no solo en la retórica, sino en el cuerpo, en la carne y en los sueños de todos los peruanos.
Sobre el autor:
Bruno Montenegro (Él) es un hombre trans arequipeño, comunicador y director audiovisual. Fue reconocido como defensor de derechos humanos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú en 2019. Es director de proyectos en Fraternidad Trans Masculina Perú y director de comunicaciones de la REDCAHT, donde lidera iniciativas sociales y regionales en favor de la salud y los derechos trans en América Latina. Estudió Comunicación en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) y cuenta con amplia experiencia en incidencia política nacional e internacional, así como en la gestión de proyectos de comunicación con organizaciones sociales dentro y fuera del país. Apasionado por el cine y el ciclismo, utiliza el arte y la comunicación como herramientas para visibilizar realidades diversas, promover la empatía y transformar narrativas sobre las identidades trans en el Perú y la región.
