Un informe reciente de la Contraloría ha revelado serias deficiencias en el proyecto de ampliación y mejoramiento del Hospital Goyeneche de Arequipa. El principal problema es que parte del personal contratado por el consorcio extranjero EGIS AP-HPi, que actúa como consultor directivo, no cumple con las leyes peruanas sobre colegiatura y revalidación de títulos profesionales. A esto se suma que el propio consorcio es el que definió la calidad y el contenido técnico de los productos de trabajo, en lugar de que el Estado peruano, a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS).
La historia
El Hospital Goyeneche es uno de los megaproyectos más importantes de la región. Se construye en un terreno de más de 45 mil metros cuadrados y busca convertirse en un hospital de alta complejidad, categoría III-1. La inversión total asciende a 632 millones 900 mil soles. El PRONIS, que depende del Ministerio de Salud, firmó en febrero de 2025 la Décimo Segunda Adenda de un contrato de Estado a Estado con el consorcio francés EGIS AP-HPi para llevar adelante la obra.
El consorcio fue designado por Francia y tiene como misión brindar asistencia técnica para el diseño, construcción y puesta en marcha del hospital. Esa asistencia se organiza a través de una oficina llamada PMO Directiva, que funciona como una oficina de gestión de proyectos. El contrato tiene un plazo de 50 meses y se divide en cinco fases. Sin embargo, desde la primera fase —la implementación de la PMO y actividades preliminares— ya se han detectado irregularidades.
¿Precio justo?
La Contraloría advierte que el PRONIS no definió en el contrato operativo cuál debía ser el contenido mínimo de los entregables, es decir, de los documentos y productos que el consorcio debía entregar como parte de su trabajo. Ante esa ausencia, fue el propio consorcio el que estableció la calidad y estructura de esos productos. Esto genera dudas sobre cómo puede asegurarse que el Estado está pagando un precio justo si no existen parámetros claros para evaluar la calidad. Un ejemplo citado es el desembolso de 71 mil soles por el acta de constitución del proyecto, en el cual no se fijaron criterios mínimos para comprobar la calidad del documento.
Contratos sin cumplir ley peruana
El informe también pone la atención en la contratación de personal. La Contraloría halló que tres profesionales clave del consorcio no cumplen con la legislación peruana. Se trata de Lina Estefanie Jacome Paez (experta en gestión de costos), Ariel Fernando Muñoz Pereira (experto en gestión de calidad) y Sandra Rocio Castiblanco Montes (experta en gestión de cambios). Ninguno de ellos tiene su título revalidado en la SUNEDU ni está colegiado en el Colegio de Ingenieros del Perú, requisitos indispensables para ejercer funciones de ingeniería en el país.
Además, en el caso del director de la PMO y del especialista en gestión de riesgos, el PRONIS solo proporcionó un nombre y un apellido. Esto impidió verificar si cumplen con la normativa vigente o si son profesionales adecuados para el puesto de trabajo.
El informe concluye que estas deficiencias ponen en riesgo la calidad del servicio de asistencia técnica y el cumplimiento del contrato.
