Municipios y GRA postergaron inversiones por 1, 241 millones de soles en Arequipa

Reportaje elaborado por Dirceu Chávez y Germaín Contreras.

Entre octubre y noviembre, la Contraloría General de la República publicó un total de 101 informes de orientación de oficio en la región Arequipa, correspondientes a 76 entidades entre unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Arequipa y municipios provinciales y distritales. En estos documentos se advierte el riesgo de pérdida de vigencia de viabilidad de un total de 319 obras públicas en la región.

Pancarta.pe recopiló todos los informes y verificó que el monto proyectado para estas obras asciende a 1 241 millones de soles. Estos proyectos obtuvieron su viabilidad hace tres años, pero aún se mantiene en espera la elaboración del respectivo expediente técnico y su posterior ejecución. Es decir, cada uno de estos proyectos, pese a contar con la viabilidad correspondiente, fue pospuesto por diversas razones que, de acuerdo con especialistas consultados, tienen relación con factores políticos y con la priorización de otras inversiones.

Es necesario explicar que, para que una obra se ejecute, en términos generales se requieren cuatro etapas. La primera corresponde a la elaboración del perfil técnico o proyecto de preinversión, en el cual se concibe la idea, se evalúa su impacto, se declara su viabilidad y se le asigna el Código Único de Inversión. La segunda comprende la elaboración del expediente técnico. Luego se procede a la ejecución de la obra y, finalmente, a su entrega y liquidación.

También cabe aclarar que las orientaciones de oficio de la Contraloría son revisiones preventivas destinadas a advertir deficiencias en el gasto público, cuyas observaciones suelen ser subsanables. Además, también es necesario mencionar que estos informes fueron elaborados por la Subgerencia de Prevención de la sede central de la Contraloría General de la República (Lima).

Los informes mencionados líneas arriba (101) están basados en proyectos de inversión que superaron únicamente la primera etapa. Según el análisis realizado por Pancarta.pe, los municipios con mayor cantidad de proyectos con viabilidad a punto de caducar son Paucarpata, Hunter y Cerro Colorado, además del Gobierno Regional de Arequipa y la Gerencia Regional de Agricultura (ver cuadro).

Sectores más afectados

Como señalamos líneas arriba, una de las principales causas de la postergación de estas obras tiene que ver con la priorización que realiza cada gestión o también factores políticos o también algunas trabas burocráticas. Sin embargo, corresponde preguntarnos si la infraestructura de un colegio puede ser relegada durante tres años bajo los criterios antes mencionados.

De acuerdo con el análisis hecho por Pancarta.pe, basado en los informes de la Contraloría recopilados, al menos 25 colegios siguen a la espera de una intervención desde hace tres años. La inversión que debió ejecutarse equivale a 153 millones de soles. El ranking de este abandono lo lidera el Gobierno Regional de Arequipa, con cuatro instituciones educativas en cola; le siguen la comuna de Huanuhuanu, en Caravelí, con tres, y Cerro Colorado con dos. En total, 18 entidades y/o municipios no priorizaron estas obras vinculadas al sector educación, afectando a decenas de miles de escolares.

Por si fuera poco, también se pospuso un total de 24 proyectos de agua y desagüe. En este caso, los distritos con más proyectos postergados son Tiabaya, Cerro Colorado y Alto Selva Alegre, cada uno con tres obras sin expediente técnico ni ejecución. De acuerdo a la contraloría , la inversión en saneamiento que hasta hoy no se concreta supera los 73 millones de soles en toda la región.

Un aspecto que llamó la atención en nuestro análisis es que también se relegaron por lo menos tres proyectos para la construcción de infraestructura en beneficio de la compañía de bomberos. En este caso, nos referimos a los distritos de Uchumayo y Cerro Colorado, en Arequipa; y Chala, en la provincia de Caravelí. Esta situación evidencia cómo incluso iniciativas para la atención de emergencias pueden quedar postergadas.

En esa misma línea, no se han ejecutado, desde hace tres años, al menos 14 proyectos en el sector salud, la mayoría vinculados a la adquisición de equipamiento. Para muestra un botón: el Gobierno Regional de Arequipa ha aplazado la inversión en tres proyectos de aprovisionamiento del Hospital Central de Majes. Pero eso no es todo. La provincia más afectada es Castilla con al menos dos proyectos de equipamiento y otros tres de infraestructura sin hacerse realidad en Aplao y Chachas.

Cabe resaltar que los proyectos de inversión postergados afectan con mayor gravedad a los sectores de Transportes y Agricultura. En total, 78 inversiones viales siguen a la espera desde hace 36 meses (475 millones de soles) incrementando la brecha de conectividad de la región. Mientras tanto, en el caso de la intervención en infraestructura agrícola, existen por lo menos 29 proyectos con perfiles viables sin ejecutar, equivalentes a 179 millones de soles (ver cuadro).

Respuesta de gerentes municipales

A partir de los resultados, Pancarta.pe se comunicó con los gerentes municipales de las comunas con mayor incidencia de proyectos que estuvieron a punto de caducar.

En una breve conversación, el gerente municipal de Hunter, Filamir Contreras, negó tener 25 proyectos próximos a vencer. “Nosotros tenemos todos nuestros proyectos de viabilidad actualizados”, afirmó, comprometiéndose a facilitarnos el contacto con su gerente de Desarrollo Urbano, Gianpierre Acero, para brindar mayor detalle. Sin embargo, ese contacto no se concretó hasta el cierre de esta edición, pese a nuestros reiterados intentos.

En el caso de Cerro Colorado, la respuesta llegó a través de un documento remitido como descargo ante las observaciones realizadas por la Contraloría. Según la información proporcionada, todas las obras consignadas se encontrarían activas o en proceso de activación. Fue la única respuesta recibida.

Asimismo, Paucarpata también negó contar con proyectos caducos. En este caso, el gerente municipal, Nilo Mariaca Carbajal, se comprometió a enviar la información correspondiente relativa a su respuesta ante la Contraloría. Al cierre de esta nota, no habíamos recibido los documentos ofrecidos.

En este punto corresponde mencionar que debido a la intervención de la Contraloría varios de los proyectos señalados fueron reactivados por la mayoría de los municipios. Ello lo pudimos corroborar en el Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, ello no quita el hecho de que todos estos proyectos fueron pospuestos o permanecieron sin avance durante casi tres años.

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La Contradicción

Asimismo, Pancarta.pe corroboró, de forma muestreal, mediante el Sistema de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, que solo durante 2024 el nivel de inversión pública en dos de los municipios con más proyectos a punto de caducar presentan márgenes millonarios de presupuesto sin ejecutar.

Por ejemplo, en Cerro Colorado el presupuesto inicial de apertura fue de 244 millones de soles, pero solo se llegó a certificar —es decir, garantizar fondos para distintos fines— un total de 224 millones. Esto significa que hubo un margen de al menos 20 millones que pudieron destinarse a ejecutar al menos diez de las obras en riesgo de caducar.

En Paucarpata ocurrió algo similar. De los 92 millones presupuestados, se certificaron 78, dejando al menos 14 millones sin comprometer. Las obras que estuvieron cerca de perder su viabilidad superan los 46 millones de soles, sin embargo, pudo avanzarse con el remanente presupuestal en por lo menos diez proyectos con presupuestos menores al millón de soles.

El Gobierno regional de Arequipa tiene una situación parecida. Durante 2024 certificó 2 mil 956 millones de soles, de los 3 mil 18 millones que se le asignaron en el Presupuesto Inicial Modificado, es decir no ejecutó un total de 62 millones que pudieron servir para reducir brechas ejecutando obras pendientes desde 2022. La inversión que no se presupuestó para 21 proyectos viables supera los 155 millones de soles.

Ahora, si bien la disponibilidad presupuestal no implica automáticamente que pueda destinarse a cualquier proyecto —pues depende de la fuente de financiamiento y de la programación multianual—, el margen sin certificar evidencia que había espacio para gestionar recursos a los proyectos que estuvieron por caducar.

Cabe aclarar, estimado lector, que cada uno de estos casos refleja realidades particulares y no necesariamente se replican en los demás municipios o entidades, aunque exista alta probabilidad de ello. Estos ejemplos sirven para dimensionar la gravedad del asunto, considerando que forman parte del grupo con más obras que estuvieron próximas a perder su vigencia de viabilidad. Hacemos este disclaimer (aclaración) porque en el caso de Hunter su margen presupuestal sin comprometer no llega a los 300 mil soles, por lo que en 2024 no contaban con el dinero suficiente para reactivar alguno de sus proyectos pendientes.

¿Pierden presupuesto?

Una de las preocupaciones más frecuentes cuando se habla de inversión pública es la eventual pérdida de presupuesto. En estos casos suele cuestionarse la capacidad técnica de gasto de las entidades del ámbito local y regional. Sin embargo, pese a la información que circula en algunos medios dando a entender que la pérdida de vigencia implica una pérdida dineraria de la obra, es falso que el monto proyectado se pierda, porque simplemente no existe una certificación presupuestal por el total de la obra en la etapa de perfil.

De acuerdo con el gerente municipal de Paucarpata, Nilo Mariaca, cada etapa del proceso de inversión de una obra cuenta con su propia certificación. “En la etapa de perfil se asigna el presupuesto destinado al profesional y a los estudios necesarios para elaborar el proyecto de preinversión. En la etapa de expediente técnico ocurre lo mismo, y recién cuando se pasa a la etapa de construcción se realiza la certificación para la ejecución”, explicó. Aclaró, además, que, incluso cuando se inicia la construcción de una obra que se ejecutará en dos años distintos, solo se certifica el presupuesto correspondiente al año en curso. En otras palabras, cada etapa tiene su propia asignación y certificación presupuestal.

No obstante, ello no significa que la pérdida de vigencia no genere perjuicios para el Estado. El gerente municipal de la comuna de Cayma, Edwin Ruelas, explicó a Pancarta.pe que, en promedio, un expediente a nivel de perfil de una obra valorizada en un millón de soles podría costar alrededor de 30 mil soles. Ese monto puede incrementarse según la complejidad del proyecto y el presupuesto planificado para la obra. “Es evidente que se hace uso de profesionales y otros recursos”, señaló. Sin embargo, la Contraloría no ha detallado cuánto se ha gastado en cada proyecto de preinversión; por ello, si estas obras caducan, no se conocerá el monto real de la pérdida.

En esa misma línea, Mariaca indicó que, incluso después de vencido el plazo de tres años de viabilidad, existe la posibilidad de reactivar el proyecto hasta un año después de la caducidad. Sin embargo, la actualización correspondiente también implicaría un gasto adicional para el Estado.

¿Cuál es el problema?

Una de las causas más frecuentes del vencimiento de viabilidades es el cambio de gestión municipal. Según Jorge Sumari, muchos alcaldes que inician proyectos en su último año dejan la ejecución para sus sucesores, y estos deciden no continuar porque no coincide con sus prioridades políticas, pese a que la ley exige la continuidad del ciclo de inversión pública. Esto explicaría por qué muchos proyectos declarados viables en 2022 quedaron abandonados al iniciar el 2023 y en este caso algunos se están reactivando solo tras la intervención de la Contraloría ahora a finales de 2025.

El gerente municipal de Cayma, Edwin Ruelas, explicó que también otra de las razones del aplazamiento de estas obras tiene que ver con la prioridad del gasto de cada gestión. «Cada municipio decide que proyectos priorizar», señaló.

En definitiva, la magnitud de proyectos viables que quedaron en pausa y la falta de certificación oportuna de presupuesto de varias municipalidades y otras entidades configuran un patrón difícil de ignorar. Los hechos evidencian que la continuidad de la inversión pública ha sido relegada pese a contar con condiciones técnicas para avanzar. Si bien cada gestión podrá argumentar prioridades o interpretaciones administrativas, la documentación oficial deja claro que hubo espacio temporal —y en algunos casos recursos— para actuar y no se hizo. Esa omisión, ejemplificada con números y plazos, es el dato más contundente.

¿Quieres conocer el listado completo de obras que se pospusieron y estuvieron a punto de perder su vigencia? Haz click aquí (cuadro elaborado por Pancarta.pe).