La Corte Suprema sentenció a Pedro Castilllo más de 11 años de prisión por el fallido golpe de Estado de 2022, convirtiéndolo en el primer presidente peruano condenado por intentar quebrar el orden constitucional y el quinto expresidente condenado por la justicia peruana.
1. Una condena por conspiración, no por rebelión
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema impuso a Pedro Castillo una pena exacta de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión. El tribunal lo halló responsable del delito de conspiración para la rebelión, y no del delito de rebelión consumada, como solicitaba la Fiscalía.
En la misma sentencia, el expresidente fue absuelto de los cargos de abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El tribunal consideró que estos no eran delitos autónomos, sino actos constitutivos que formaban parte del desarrollo del delito principal de conspiración.
Esta condena contrasta significativamente con la petición original del Ministerio Público, que había solicitado una pena de 34 años de cárcel para el exmandatario.
2. Los otros sentenciados: el círculo cercano del expresidente
La sentencia alcanzó también a tres de sus más altos funcionarios, a quienes el tribunal consideró coautores del plan para quebrar el orden constitucional. Betssy Chávez, ex primera ministra, y Willy Huerta, exministro del Interior, recibieron la misma pena que el exmandatario: 11 años, 5 meses y 15 días de prisión. Por su parte, Aníbal Torres, quien se desempeñaba como asesor presidencial y fue también primer ministro, fue condenado a una pena reducida de 6 años y 6 meses, un beneficio otorgado debido a su edad superior a 80 años.
La situación de cada uno es distinta. El tribunal ordenó la ubicación y captura nacional e internacional de Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México en Lima, a la espera de un salvoconducto que el Gobierno peruano se niega a conceder. En el caso de Aníbal Torres y Willy Huerta, la ejecución de sus penas fue suspendida hasta que la sentencia sea confirmada en segunda instancia, dado que son los únicos condenados que afrontaron el proceso en libertad.
3. El autogolpe fallido del 7 de diciembre de 2022
El proceso judicial tiene su origen en los hechos del 7 de diciembre de 2022. Ese día, Pedro Castillo emitió un Mensaje a la Nación en el que anunció la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la reorganización del sistema de justicia.
El intento de autogolpe se desmoronó en cuestión de horas debido al rechazo contundente e inmediato de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ambas instituciones, a través de comunicados públicos, reafirmaron su lealtad al orden constitucional, dejando a Castillo políticamente aislado en cuestión de minutos.
Tras el mensaje, y al verse sin apoyo, Castillo fue detenido «en flagrancia» por su propia escolta cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo político.
4. Las consecuencias jurídicas y políticas
La condena incluye una pena de inhabilitación por dos años para ejercer cualquier cargo público, sanción que le impide a Pedro Castillo participar en las elecciones generales de 2026. Esta sanción judicial es independiente del proceso de inhabilitación por 10 años que la Comisión Permanente del Congreso ha recomendado en paralelo.
Además, se fijó el pago de una reparación civil de 12 millones de soles, monto que deberá ser asumido de forma solidaria por los cuatro sentenciados.
El expresidente continuará cumpliendo su condena en el Penal de Barbadillo, donde ya se encontraba bajo prisión preventiva desde su detención.
5. Este quinto si es malo
Pedro Castillo se ha convertido en el primer presidente peruano en la historia en ser condenado por intentar un golpe de Estado.
Con este fallo, se convierte también en el quinto expresidente del Perú en ser sentenciado por la justicia, sumándose a una lista que incluye a Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y, recientemente, Martín Vizcarra.
La sentencia marca una diferencia con el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. A diferencia de Castillo, Fujimori sí contó con el apoyo militar para disolver el Congreso y nunca fue procesado judicialmente por ese hecho específico. La razón clave es que, al momento de su extradición desde Chile en 2007, el gobierno chileno no autorizó que fuera juzgado por el autogolpe, limitando los cargos a violaciones de derechos humanos y corrupción.
