De acuerdo a estimaciones de la médica oncóloga del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur), ubicado en la ciudad de Arequipa, Josefa Fuentes, al menos 7 de cada 10 de sus pacientes con cáncer llegan con la creencia —o bajo la insistencia de sus familiares— de que tomar sopa de cuy todos los días los ayudará a curarse de la enfermedad.

Sin embargo, esta creencia es falsa. Una revisión de las principales bases de datos biomédicas mundiales —como PubMed y el registro de ensayos clínicos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos—, así como las consultas realizadas a la Sociedad de Oncología Médica de Perú, además de especialistas del IREN Sur, confirman que no existe ningún estudio clínico en seres humanos que demuestre que comer carne de cuy (cobayo, cuyo, conejillo de indias) prevenga, detenga o cure el cáncer.

¿Por qué se cree que la carne de cuy cura el cáncer?

El origen de la confusión se remonta a dos investigaciones farmacológicas de mediados del siglo XX que no guardan relación con la dieta humana.

En 1953, el patólogo estadounidense John G. Kidd publicó dos estudios en la revista The Journal of Experimental Medicine (1,2) tras descubrir que, al inyectar suero sanguíneo de cobayos o cuyes (Cavia Porcellus) en la cavidad abdominal de ratones y ratas con linfomas trasplantados (cáncer), los tumores retrocedían e incluso desaparecían por completo en varios de los animales tratados. Entonces Kidd no fue capaz de identificar el compuesto que produjo tal efecto.

Ocho años después, entre 1961 y 1963 (1,2), el investigador John D. Broome demostró en publicaciones en las revistas Nature y The Journal of Experimental Medicine que el componente activo de ese suero inyectado era la enzima L-asparaginasa, presente en el suero del roedor.

Esta enzima degrada el amioácido asparagina en el torrente sanguíneo e impide que ciertas células malignas de la sangre —como los linfoblastos de la leucemia linfoblástica aguda— puedan multiplicarse.

Desmontando el mito

En ese sentido, Giancarlo Casas Acillo, nutricionista clínico del IREN Sur, subespecializado en nutrición oncológica, explicó que la L-asparaginasa es una proteína sensible a la temperatura. Al hervir, freír u hornear el cuy, la enzima se degrada.

También, al tragarse, las enzimas digestivas la desintegran antes de que llegue a la sangre. «Desde el sentido molecular y fisiológico, es completamente inviable que la asparaginasa del cuy cocido genere algún efecto por vía oral en pacientes oncológicos», precisó Casas.

Asimismo, La diferencia entre el medicamento oncológico y un plato de comida radica también en una cuestión de concentraciones y física básica. Casas Acillo señala que en el suero sanguíneo del cuy la enzima apenas se encuentra en concentraciones mínimas a escala de nanogramos. En contraste, los medicamentos hospitalarios de quimioterapia contienen asparaginasa altamente purificada en dosis de miligramos —una escala un millón de veces superior—. Según el especialista el medicamento L-asparaginasa que se usa en pacientes oncológicos actualmente no se obtiene de cuy, sino mediante biotecnología a partir de las bacterias Escherichia coli y Erwinia.

Incluso administrada por vía intravenosa en un hospital, la L-asparaginasa solo funciona contra las neoplasias hematológicas puntuales como la leucemia linfoblástica aguda (LLA), y no tiene efecto sobre otros tipos de tumores cancerígenos.

«Comer cuy no equivale a recibir asparaginasa intravenosa, del mismo modo que comer corteza de sauce no equivale a tomar una aspirina solo porque del sauce se aisló originalmente su compuesto activo», resumió el nutricionista.

Ello no quiere decir que la carne de cuy no tenga valor nutricional.

¿Qué beneficios nutricionales tiene la carne de cuy?

De acuerdo con las Tablas Peruanas de Composición de Alimentos (TPCA) del Instituto Nacional de Salud, cada 100 gramos de carne de cuy aportan 19,0 gramos de proteínas, 1,6 gramos de grasas, 1,90 miligramos de hierro y 96 kilocalorías.

Casas Acillo explicó que este aporte proteico ayuda a contrarrestar el desgaste muscular que sufren los pacientes sometidos a quimioterapia o radioterapia, pero cumple exactamente la misma función dietética que otras carnes blancas o magras como el pollo, el pavo y el pescado. «Lamentablemente ni el cuy ni ninguna otra carne son una bala mágica contra el cáncer». A la misma conclusión llega la médico oncóloga Josefa Fuentes.

Por su parte, Fuentes advirtió que obligar a los pacientes con quimioterapia a tomar sopa de cuy todos los días puede provocarles aversión, por lo que recomienda variar la dieta de los pacientes oncológicos.

Sin evidencias

Pancarta.pe consultó con la Sociedad de Oncología Médica del Perú y a través de una respuesta breve se nos aseguró que no tienen conocimiento de que exista algún estudio científico que permita concluir que el consumo oral de la carne de cuy combata el cáncer.

También revisamos el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación (ALICIA/RENATI-SUNEDU) y confirmamos que no existe ninguna tesis médica ni estudio clínico sobre el consumo de la carne de cuy aplicada al cáncer.

Lo que si existe es un estudio que diagnostica el uso del cuy en la medicina alternativa en la región Lambayeque (2018). Sin embargo, no está disponible y en su resumen ejecutivo no se establece ninguna evidencia científica que relacione el cuy como una cura contra el cáncer más allá de su aceptación popular basada en la creencia que se busca desmentir en la presente verificación.

En ese sentido, si bien la carne de cuy posee un alto valor nutricional, ni su pulpa ni su sangre contienen la concentración de L-asparaginasa necesaria para un tratamiento oncológico en seres humanos. Además, tanto la cocción como la digestión por vía oral destruyen esta enzima, lo que impide cualquier efecto antitumoral en los pacientes. Finalmente, incluso como medicamento inyectable de origen bacteriano, la L-asparaginasa solo actúa sobre un grupo específico de cánceres hematológicos —como la leucemia linfoblástica aguda y ciertos linfomas—, sin acción sobre los demás tipos de tumores. Por lo expuesto, es falso que el consumo de la carne de cavia porcellus, cuy, cobayo, cuyo o conejillo de indias cure el cáncer.

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Mientras se define quién asumirá la gobernación regional para el periodo 2027-2030, los resultados del Consejo Regional de Arequipa (CRA) revelan un problema de representación política: de los 16 consejeros que integrarán este órgano, solo uno fue elegido como candidato formalmente acreditado bajo la cuota indígena.

Este resultado demuestra que aunque la legislación exige incorporar candidatos de comunidades campesinas y pueblos originarios en determinadas listas, no garantiza que estos obtengan representación efectiva en los órganos de gobierno.

Cómo se distribuyen los 16 escaños del Consejo Regional de Arequipa

La elección de los integrantes del Consejo Regional de Arequipa responde a un sistema de representación territorial que distribuye 16 escaños entre las ocho provincias del departamento.

La provincia de Arequipa elige seis consejeros mediante el sistema proporcional de cifra repartidora. Camaná, Caravelí, Condesuyos e Islay cuentan con un representante cada una, mientras que Caylloma, Castilla y La Unión eligen dos consejeros por circunscripción.

En estas tres últimas provincias se aplica la cuota indígena, un mecanismo de acción afirmativa orientado a promover la participación política de integrantes de comunidades campesinas y pueblos originarios.

Sin embargo, la obligación de incluir candidatos acreditados bajo esta cuota no implica que necesariamente obtengan una curul. Su elección depende de los resultados de cada organización política y de la ubicación que ocupen en sus respectivas listas, incluso aplicando la cifra repartidora cuando corresponda bajo el esquema del voto preferencial.

Caylloma y Castilla: candidatos de la cuota indígena quedaron fuera de los escaños

En Caylloma, con el 98.32 % de las actas contabilizadas, la aplicación de la cifra repartidora permitió adjudicar las dos curules a Luz Karol Del Carpio Argüelles, de Alianza para el Progreso, y Edy Milagros Casco Cano, de Arequipa Avancemos.

Ambas candidatas encabezaban las listas generales de sus respectivas organizaciones políticas pero ninguna fue inscrita bajo el mecanismo de la cuota indígena, lo que fue reservado para los postulantes ubicados en el segundo lugar de esas listas, quienes no alcanzaron representación.

Una situación similar se presenta en Castilla, donde el cómputo electoral alcanzaba el 97.14 %. Fuerza Arequipeña obtuvo una curul con Martha Marcelina Huamaní Castro, quien registró 3,291 votos.

La adjudicación del segundo escaño permanece pendiente debido a una diferencia de apenas dos votos entre Max Elías Morón Álvarez, de Ahora Nación, con 3,080 votos, y York Elías Yáñez Rojas, de Arequipa, Tradición y Futuro, con 3,072 votos.

La resolución de esta diferencia depende del pronunciamiento del Jurado Electoral Especial (JEE) sobre tres actas observadas, que podrían representar entre 400 y 500 votos adicionales que están en disputa.

Sin embargo, independientemente de cuál de las dos organizaciones políticas obtenga finalmente la curul, el escaño correspondería al candidato ubicado en el primer lugar de su lista general. Por tanto, ninguno de los postulantes inscritos bajo la cuota indígena en el segundo lugar accedería al Consejo Regional por esa vía.

La Unión: el único representante elegido mediante la cuota indígena

La provincia de La Unión constituye la excepción en los resultados preliminares de Arequipa.

En esta circunscripción, Ahora Nación inscribió en el primer lugar de su lista a César Concepción Bellido Angulo, candidato formalmente acreditado bajo la cuota indígena.

Bellido obtuvo 1,462 votos, equivalentes al 28.12 %, resultado que le permitió alcanzar una curul en el Consejo Regional.

A diferencia de lo ocurrido en Caylloma y Castilla, su ubicación en el primer lugar de la lista hizo posible que la participación mediante la cuota indígena se tradujera en representación política efectiva.

El caso demuestra la importancia del orden de los candidatos dentro de las listas electorales. Aunque las organizaciones políticas pueden cumplir formalmente con la cuota indígena, la posición asignada a sus postulantes condiciona sus posibilidades de resultar elegidos bajo la cifra repartidora.

La cuota indígena no garantiza representación efectiva

El especialista en derecho electoral Jorge Mamani explicó que la legislación peruana establece la cuota indígena como una obligación para la presentación de candidaturas, pero no asegura que las personas inscritas bajo este mecanismo accedan a los cargos de representación.

«En nuestro país la normativa electoral señala la cuota indígena como un requisito de postulación, más no de resultado», sostuvo.

Según Mamani, esta diferencia permite que los partidos políticos cumplan con incorporar a candidatos de comunidades campesinas y pueblos originarios, pero los ubiquen en posiciones con menores posibilidades de elección.

«Los partidos políticos pueden poner a la persona que es comunero o comunera indígena en el último lugar (…). De ser así, nunca va a ingresar porque solo entra el primer lugar», explicó.

El especialista comparó esta situación con las dificultades que enfrentaban las candidatas mujeres antes de la implementación de mecanismos de paridad y alternancia.

«Es como lo que sucedía hace años cuando no había paridad y alternancia: a las mujeres las ponían al último», señaló.

Frente a esta limitación, Mamani considera necesario modificar las reglas de ubicación de los candidatos inscritos bajo la cuota indígena para favorecer su acceso a los órganos de representación.

Su propuesta consiste en establecer que, en las provincias donde se aplica este mecanismo, los candidatos de comunidades campesinas y pueblos originarios ocupen posiciones que les permitan competir por los primeros escaños.

El abogado calificó la situación como «un defecto normativo del que no se habla mucho».

Consejo Regional de Arequipa 2027-2030

Los resultados preliminares también muestran que el próximo Consejo Regional de Arequipa estará integrado por representantes de seis organizaciones políticas, sin que ninguna alcance por sí sola la mayoría absoluta.

Ahora Nación tendría cinco escaños si obtiene la curul pendiente de Castilla. Fuerza Arequipeña contaría con cuatro representantes; Alianza para el Progreso y Arequipa Avancemos, con dos cada una; mientras que Acción Popular y Somos Perú tendrían un consejero cada uno.

Si el escaño de Castilla se adjudica a Arequipa, Tradición y Futuro, esta organización lograría ingresar al Consejo Regional con una curul uninominal (York Yáñez), elevando la fragmentación a siete bancadas; mientras que Ahora Nación no alcanzaría la sexta curul que disputa en esa provincia y se mantendría como primera minoría con cinco consejeros consolidados en Arequipa (2), Caravelí (1), Condesuyos (1) y La Unión (1).

Con 16 integrantes, la mayoría absoluta requiere nueve votos. En consecuencia, ninguna de las organizaciones políticas que integrarán el Consejo Regional contará individualmente con los votos suficientes para alcanzar ese umbral.

Esta composición obligará a construir acuerdos entre distintas agrupaciones para adoptar decisiones que requieran mayoría absoluta durante el periodo 2027-2030.

Conformación Oficial del Consejo Regional de Arequipa (2027-2030)

Fuente: Cómputo oficial ONPE (Gobernación al 99.17% y Provincias entre el 97.14% y 100%) cruzado con el padrón del JNE.

Investigación desarrollada con la asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial, supervisada y editada por el autor firmante.

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Ahora Nación fue la agrupación que obtuvo más alcaldías distritales en la región Arequipa en las Elecciones Municipales 2026: 23 de los 101 distritos que eligen alcalde propio (22,8 %), según el conteo de la ONPE al 98,93 % de actas contabilizadas (4.149 de 4.194 mesas distritales).

En el nivel provincial, en cambio, ninguna organización concentró el poder. Las ocho alcaldías provinciales quedaron repartidas entre siete agrupaciones distintas, y solo Progresemos se impuso en más de una: Caravelí y Castilla.

Detrás de Ahora Nación se ubican Somos Perú, con 12 alcaldías distritales; Progresemos, con 11; Arequipa Tradición y Futuro, con 10, y Fuerza Arequipeña, con 9. Les siguen Alianza Para el Progreso y Perú Primero, con 8 cada una, y Arequipa Avancemos, con 7.

En total, 15 organizaciones ganaron al menos un distrito y cuatro de ellas solo uno. Las cinco primeras suman 65 de las 101 alcaldías distritales (64,4 %).

Las provincias

En la provincia de Arequipa, la más poblada de la región, el primer lugar fue para Manuel Enrique Vera Paredes, de Fuerza Arequipeña, con 19,29 % de los votos válidos. Ahora Nación quedó segunda con 15,71 %, a 23.813 votos de diferencia (3,58 puntos), con el 99,25 % de las actas contabilizadas.

En los 28 distritos de esta provincia que eligen alcalde propio, Ahora Nación obtuvo 8 alcaldías, entre ellas Cerro Colorado, además de Cayma, La Joya, Uchumayo, Yarabamba, Quequeña, Alto Selva Alegre y Socabaya. Fuerza Arequipeña ganó 6 distritos (Tiabaya, Sachaca, Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero, Mollebaya y Santa Isabel de Siguas).

Llama la atención que en las mesas de votación del distrito de Arequipa (Cercado) la candidatura provincial más votada fue la de Renovación Popular del candidato Ricardo Ramírez del Villar (19,68 % de los votos válidos en esa jurisdicción).

En cuanto a los resultados de otras provincias, en Caravelí, Roberto Gerardo Vásquez Pisco (Progresemos) obtuvo el 37,48 % y logró la mayor ventaja provincial de la región: 22,09 puntos sobre Podemos Perú.

Por su parte, en La Unión ganó Antonio Dionicio Castro Flores (Somos Perú), con 39,70 %.

En Condesuyos, la única provincia con el 100 % de actas contabilizadas, ganó Ronal Marcos Medina Tejada (Ahora Nación), con 38,51 %.

En Camaná, el primer lugar fue para Luz María Carazas Carnero (Acción Popular), con 21,95 %, y en Caylloma, para Julio César Calsina Ortiz (Perú Primero), con 18,80 %.

En la provincia de Islay, el triunfo correspondió a la lista del movimiento regional Yo Arequipa, con 21,16 % (7.503 votos) frente al 17,32 % de Somos Perú; sin embargo, al no figurar postulante a alcalde inscrito en la boleta, la alcaldía provincial recaería en el primer regidor (teniente alcalde), cargo que encabeza Richard Hitler Ale Cruz, actual alcalde provincial de Islay en funciones.

Las contiendas más ajustadas

La elección provincial más ajustada se vive en Castilla: Antonio Manuel Quispe Yauri (Progresemos) marcha primero con 27,20 % sobre Fuerza Arequipeña (25,69 %). La ventaja es de apenas 247 votos y faltan contabilizar exactamente 2 actas de las 105 que componen la provincia (1,91 % restante).

A nivel distrital, las diferencias son milimétricas: en Tapay (Caylloma) la ventaja fue de 2 votos; en Puyca (La Unión), de 4; y en Ayo (Castilla), de 6 votos, todas ellas al 100 % de cómputo.

En otros siete distritos el desenlace sigue abierto porque las mesas pendientes superan el margen del puntero: Yura (ventaja de 76 votos con 2 actas pendientes), Acarí (28 votos con 2 actas pendientes), Sabandía (117 votos y 1 acta), San Juan de Tarucani (119 votos y 1 acta), Pampacolca (142 votos y 1 acta), Sayla (35 votos y 1 acta) y Yarabamba (613 votos pero con 6 actas observadas enviadas al JEE).

En paralelo, en Lari (Caylloma) se presentó un escenario atípico: hubo lista única (Somos Perú), pero de los 676 sufragios emitidos solo 188 fueron válidos (27,81 %), mientras que 488 votos (72,19 %) fueron blancos o nulos, superando los dos tercios que exige la Ley Orgánica de Elecciones para la nulidad de los comicios.

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¿Por qué Fuerza Arequipeña obtiene 9 de los 15 regidores?

¿Cómo logra el ganador tener nueve regidores si obtuvo el 19.28% de los votos? La respuesta está en la Ley de Elecciones Municipales (Ley N.° 26864). Esta norma determina que sin importar el porcentaje con el que gane, a la lista más votada se le asigna de forma automática la mitad más uno de los regidores (9 de 15 en el caso de Arequipa). El objetivo de esta ley es garantizar que el alcalde entrante cuente con el respaldo necesario en el concejo para gobernar sin que su gestión quede trabada desde el primer día, dejando —en el caso de Arequipa— los seis cupos restantes para las minorías.

Los 9 regidores oficialistas

La abogada Francis Nieto Paz asumiría como teniente alcaldesa de la ciudad, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmara la exclusión del primer postulante de la lista original de Fuerza Arequipeña, Franz Salomón Vargas Núñez. Junto a ella, integrarían la bancada de mayoría Josseph Peñares Chalco, Rosalinda Flores Flores, Anselmo Arenas Perez, Stefany Campoverde Hinojosa, Wily Jano Huallpa, Alexandra Huarca Ascuña y, tras correrse la nómina por resoluciones electorales, Fiorella Soncco Neyra y John Calle Ciña. Este bloque de nueve votos le permitirá a la gestión de Vera aprobar sus ordenanzas y proyectos sin depender de alianzas con otras bancadas.

El reparto de escaños

Los seis asientos de la oposición, en tanto, se repartirían mediante la fórmula matemática de la «cifra repartidora», que asigna escaños según la cantidad de votos de cada grupo que superó el 5% de apoyo. En esta distribución, Ahora Nación fue el único partido que lograría colocar dos regidores: el coronel en retiro de la Policía y alcalde de Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra Black, y la abogada Zulema Nuñonca Huarca. Los otros cuatro puestos se dividirían individualmente entre Argelio Córdova Espezua (Arequipa Avancemos), Stefany Hernani Neyra (Renovación Popular), Catterine Álvarez Meza (Primero La Gente) y César Del Carpio Ugarte (Partido del Buen Gobierno), mientras que Alianza Para el Progreso (APP) quedaría fuera al no alcanzar el puntaje mínimo requerido.

Concejo Provincial de Arequipa 2027-2030: Lista preliminar completa de autoridades electas

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La fiscal de Prevención del Delito, Ana María Cordero, explicó que los intervenidos fueron sorprendidos promoviendo una candidatura cuando el plazo legal ya había concluido. Esta infracción puede ser sancionada con hasta dos años de prisión.

Cordero precisó que la investigación penal es independiente del procedimiento administrativo que desarrolla el Jurado Nacional de Elecciones frente a las organizaciones o personas involucradas.

Por otro lado, en el Cercado de Arequipa, las autoridades localizaron cinco carteles de propaganda política colocados en distintos puntos. En otros distritos como Miraflores, Paucarpata, Alto Selva Alegre, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, entre otros se han reportado situaciones similares, además de la dispersión de volantes en miniatura conocidos como «mosquitos» en distintos puntos de la ciudad.

La Policía Nacional y representantes del Ministerio Público también recorrieron desde primeras horas los exteriores de colegios y otros locales de votación. Durante estas intervenciones retiraron propaganda que todavía permanecía visible, pese a las restricciones vigentes durante la jornada electoral.

Asimismo, la fiscal señaló que Quequeña y Yarabamba se encontraban entre las zonas bajo vigilancia especial. En ambos distritos fueron desplegados 24 fiscales. Hasta el balance preliminar no se habían reportado incidentes, alteraciones del orden ni hechos contrarios a la legislación electoral.

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Pero un certificado sin registros no necesariamente significa que una persona nunca haya sido condenada.

Para entender la diferencia hay que separar tres cuestiones: qué información contienen los certificados de antecedentes, qué sentencias deben declarar los candidatos ante el sistema electoral y qué condenas pueden impedir actualmente una candidatura.

En el Perú existen certificados de antecedentes policiales, penales y judiciales. Aunque suelen ser presentados conjuntamente, cada uno consulta registros diferentes.

Los antecedentes policiales se generan a partir de investigaciones policiales por delitos sustentadas en informes o atestados remitidos al Ministerio Público, así como por faltas comunicadas a la autoridad jurisdiccional.

Los antecedentes penales, en cambio, son expedidos sobre la base del Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial y permiten conocer si una persona registra antecedentes derivados de sentencias condenatorias.

Los antecedentes judiciales son administrados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y están vinculados al registro penitenciario, que contiene información sobre ingresos y egresos de establecimientos penitenciarios dispuestos por mandato judicial.

La información contenida en estos registros puede variar con el tiempo. Una persona que recibió una condena puede posteriormente obtener su rehabilitación judicial y la cancelación de sus antecedentes penales.

Por eso, que un certificado aparezca actualmente sin registros no permite concluir, por sí solo, que la persona nunca tuvo una sentencia condenatoria.

El especialista en derecho electoral Jorge Mamani explicó que presentar estos documentos como prueba de una trayectoria sin condenas puede inducir a confusión, pues los certificados acreditan la información existente en los respectivos registros al momento de su expedición.

Sin embargo, los candidatos tienen una obligación de transparencia distinta a la información que aparece en sus certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales. 

La Ley de Organizaciones Políticas establece que la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) debe incluir la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, incluidas las sentencias con reserva de fallo condenatorio.

Esto significa que la obligación electoral no depende únicamente de que la condena continúe figurando como antecedente penal.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha aplicado esta diferencia durante las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

En septiembre de 2026, el JNE confirmó la exclusión de un candidato que había omitido declarar en su Hoja de Vida una condena de 1982 a siete años de pena por tráfico ilícito de drogas. En su apelación, el candidato alegó que había sido rehabilitado judicialmente en 2008 y que su certificado de antecedentes penales no registraba ninguna sentencia. El JNE rechazó ese argumento y determinó que la obligación de declarar una sentencia condenatoria firme por delito doloso se mantiene independientemente de la rehabilitación o del tiempo transcurrido. 

El JNE determinó que la rehabilitación y la cancelación de los antecedentes penales no eliminaban la obligación electoral de declarar aquella sentencia.

En otras resoluciones emitidas durante este proceso electoral, el organismo ha reiterado el mismo criterio: para determinar qué debe consignarse en la Hoja de Vida importa la existencia de una sentencia condenatoria firme por delito doloso y no simplemente si actualmente aparecen antecedentes penales o judiciales (1,2,3,4,5).

En ese sentido, un candidato puede presentar hoy un certificado sin antecedentes y, al mismo tiempo, tener una condena pasada que debe figurar en su Hoja de Vida electoral. Tal es el caso de 1.739 candidatos que consignaron en sus hojas de vida que tuvieron condenas previas a su postulación.

No obstante, existe otra diferencia importante.

Que un candidato tenga que declarar una condena pasada no significa automáticamente que se encuentre impedido de participar en una elección.

En 2018, el Congreso aprobó la Ley 30717, que modificó la legislación electoral y estableció impedimentos para personas condenadas por determinados delitos como terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación sexual y delitos de corrupción de funcionarios (colusión, peculado). Algunas de esas restricciones se mantenían incluso después de que la persona hubiera cumplido su condena y obtenido la rehabilitación judicial:“el impedimento resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitadas”, consigna la norma.

La constitucionalidad de esta restricción fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional (TC).

En la Sentencia 370/2022, correspondiente al Expediente N.° 00005-2020-PI/TC, el TC declaró inconstitucional el impedimento señalado posterior después de la rehabilitación de un sentenciado por delitos de terrorismo. Entre sus fundamentos consideró el principio constitucional de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad y el ejercicio de los derechos políticos reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta discusión volvió a adquirir relevancia durante las Elecciones Generales de 2026 con el caso de Mario Enrique Vizcarra Cornejo, entonces candidato presidencial de Perú Primero.

Vizcarra registraba una condena por peculado, pero contaba con una resolución judicial de rehabilitación y había acreditado el pago de la reparación civil. Al resolver su caso mediante la Resolución N.° 0085-2026-JNE, el Pleno del JNE usó como referencia la resolución del TC antes mencionada para fundamentar su resolución, y estableció que un candidato sentenciado puede postular a un cargo público tras 10 años de concluida su sentencia, pago de reparación civil y que haya obtenido su resolución de rehabilitación. Previamente, ya se contaban con al menos cinco resoluciones del Poder Judicial (a través de procesos de amparo) que determinaron durante las Elecciones Regionales y Municipales 2022 que los candidatos podían continuar en carrera si habían sido rehabilitados. 

Por último, la Hoja de Vida no queda únicamente bajo responsabilidad de lo que declara el candidato.

Josué Salazar, especialista legal del Jurado Nacional de Elecciones, explicó a la Red AmaLlulla que el sistema electoral realiza una fiscalización posterior de la información presentada por los postulantes.

Durante este procedimiento, la Dirección Nacional de Fiscalización solicita información a entidades como las Cortes Superiores del Poder Judicial para contrastar los datos consignados en las declaraciones juradas.

La omisión de una sentencia que legalmente debía declararse puede generar consecuencias. En los casos previstos por la normativa, el Jurado Electoral Especial puede disponer la exclusión de una candidatura y remitir los actuados correspondientes a las autoridades competentes.

Además, la situación jurídica de un candidato puede cambiar después de su inscripción. El artículo 43 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 permite al Jurado Electoral Especial excluir a un postulante hasta un día antes de la elección cuando tome conocimiento, entre otros supuestos establecidos por la norma, de una condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de libertad o una pena de inhabilitación que afecte su candidatura.

Por todo ello, la exhibición de constancias impresas de antecedentes penales, judiciales y policiales en público, por parte de candidatos, solamente valida la ausencia de condenas vigentes al momento de ser expedidas, no asegura transparencia plena ni exonera de la obligación de consignar sentencias, investigaciones o procesos en su hoja de vida antes de postular. En ese sentido la única plataforma en la que la ciudadanía debe contrastar la información del candidato de su preferencia es la plataforma oficial Voto Informado del JNE.

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“Tenemos además una contaminación, la más alta en el Perú y la décimo segunda a nivel mundial”.

Esta misma versión fue reiterada por el candidato durante el debate organizado por radio Yaraví el último 13 de septiembre.

Pero esto es falso.

En primer lugar, la frase de Romero alude a dos posiciones específicas dentro de un ranking: el primer lugar en el Perú y el duodécimo puesto en el planeta. La única fuente internacional masiva que elabora este tipo de clasificaciones comparativas entre ciudades es el Informe Mundial sobre la Calidad del Aire (World Air Quality Report), elaborado por la compañía suiza IQAir. Dicho reporte ordena a las urbes según su concentración promedio anual de material particulado fino (PM2.5), expresado en microgramos por metro cúbico (µg/m³).

Al revisar el ranking mundial de ciudades más contaminadas de IQAir correspondiente a su reporte más reciente —respaldado en su nota de prensa metodológica oficial—, que evaluó a 9.446 ciudades en 143 países y territorios, Arequipa se ubicó en el puesto 614 a nivel global, con un promedio anual de 26,1 µg/m³. Es decir, la ciudad está muy lejos de los primeros puestos mundiales. Las 25 urbes más contaminadas del planeta se concentran en el sur y centro de Asia (en países como India, Pakistán y Bangladesh), con concentraciones promedio que van desde los 80 hasta más de 115 µg/m³, registros que cuadruplican a los reportados en la capital arequipeña.

Asimismo, al filtrar la tabla de monitoreo de IQAir correspondiente al Perú —que incluye 40 localidades evaluadas—, Arequipa ocupa el séptimo lugar nacional. Por encima de los 26,1 µg/m³ de Arequipa figuran seis distritos de Lima Metropolitana: Santa Anita (33,0 µg/m³ y puesto 399 mundial), Puente Piedra (28,9 µg/m³), Comas (28,7 µg/m³), San Juan de Lurigancho (27,1 µg/m³), Pachacámac (26,6 µg/m³) y San Borja (26,5 µg/m³). De hecho, la propia plataforma de IQAir identifica a Santa Anita, y no a Arequipa, como la localidad peruana con mayor concentración de PM2.5.

Para profundizar en el sustento de estas cifras, Pancarta.pe realizó una auditoría técnica a la plataforma digital de IQAir. Los resultados revelaron que la empresa privada no posee una red de monitoreo regulatorio en Arequipa. En su plataforma, la presencia física en la ciudad se limita a dispositivos indicativos de bajo costo: por un lado, la estación comunitaria UNSA-1-AREQUIPA, ubicada en el Cercado; y por otro, la estación IQAir-pucp#4, vinculada a proyectos de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en convenio con ProCiencia y universidades locales para el ensayo de sensores ambientales basados en el Internet de las Cosas (IoT).

Dichos puntos de muestreo no son centros de fiscalización del Estado. En el caso de UNSA-1-AREQUIPA, se trata de un sensor comercial de la marca PurpleAir, conectado por un «colaborador anónimo» (Anonymous contributor). A su vez, los módulos de la PUCP forman parte de campañas académicas experimentales. Además, en el reporte histórico anual, el registro de Arequipa figura con un asterisco (*). De acuerdo con el manual metodológico de IQAir, esta marca certifica que la cifra anual no proviene de una red física terrestre suficiente, sino de un modelo matemático derivado de observaciones de satélite. En otras palabras, compensa la carencia de un monitoreo con cálculos satelitales y estimados.

Ante la denominación UNSA-1-AREQUPA del sensor en IQAir , Pancarta.pe revisó los equipos disponibles de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) para este tipo de monitoreos. De acuerdo a la información del Centro de Investigación de Contaminantes Ambientales (CICA), la universidad cuenta con muestreadores de alto volumen de partículas (Ecotech Hi-Vol) y analizadores de gases en su laboratorio especializado. Estos equipos universitarios funcionan recolectando muestras físicas en filtros que luego son procesadas en laboratorio para tesis y proyectos académicos. Pancarta.pe revisó que la UNSA no cuenta con una plataforma pública con datos en tiempo real sobre mediciones de material particulado.

Por otra parte, Pancarta.pe revisó la base de datos oficial del Estado peruano, consolidando 16.236 observaciones diarias de calidad del aire del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) entre el 1 de enero de 2025 y el 14 de septiembre de 2026, disponible en nuestro libro interactivo de datos abiertos del caso.

Este contraste permitió esclarecer el mapa institucional de monitoreo en Arequipa. En la región, los únicos datos oficiales con transmisión automática continua y en tiempo real provienen del OEFA, a través de sus monitores de atenuación beta (BAM-1020) en Socabaya y Uchumayo, disponibles en el Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA).

Si bien la Gerencia Regional de Salud (GERESA) cuenta con equipos propios de vigilancia sanitaria (dos unidades móviles y una fija que se despliegan para evaluaciones periódicas de diagnóstico) y la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) dispone de opacímetros y analizadores portátiles para la fiscalización del transporte vehicular, ninguna de las dos entidades opera una red abierta de monitoreo en tiempo real. Por su parte, el SENAMHI no cuenta con estaciones automáticas de calidad del aire en Arequipa, concentrando su red de PM2.5 en Lima Metropolitana y el Callao.

En ese sentido, los registros de OEFA desmienten que Arequipa lidere la contaminación nacional. Durante 2025, la estación de Socabaya registró un promedio anual de 25,21 µg/m³ (sobre 359 días evaluados), mientras que entre enero y setiembre de 2026 promedia 25,27 µg/m³.

Por su parte, la estación de Uchumayo registró en 2025 un promedio de 11,80 µg/m³, lo que comprueba que la calidad del aire varía sustancialmente dentro de provincia, por lo que no puede atribuirse un único valor a toda la ciudad.

En contraste, en Lima Metropolitana, las estaciones oficiales de monitoreo registraron concentraciones muy superiores a las de Arequipa en ese mismo periodo. Centros de monitoreo del OEFA en la capital como El Paraíso (77,33 µg/m³) y Nievería (59,33 µg/m³) duplican y triplican los valores de Socabaya. Del mismo modo, estaciones automáticas del SENAMHI como Pariachi (40,98 µg/m³ en 2025 y 37,35 µg/m³ en 2026) y Santa Anita (33,43 µg/m³ en 2025) superaron holgadamente los registros arequipeños.

Consultado para esta investigación, el director ejecutivo de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud (GERESA) de Arequipa, Yury Isasi Rosas, explicó que desde el punto de vista técnico no es riguroso catalogar el estado ambiental de toda una metrópoli a partir de un único punto de muestreo, en relación a las mediciones de IQ+Air. Isasi señaló que las partículas en suspensión responden a condiciones cambiantes de viento, temperatura, topografía y cercanía a fuentes de emisión vehicular o industrial.

En el plano normativo, el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para aire, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, fija para el PM2.5 un límite de 25 µg/m³ como promedio anual y de 50 µg/m³ para 24 horas.

Las mediciones de Socabaya se sitúan en torno al límite anual permitido (25,2 µg/m³), mientras que Uchumayo se ubica holgadamente por debajo. Si bien las concentraciones de Socabaya sobrepasan las directrices sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2021) —que fija una guía referencial de 5 µg/m³ anual—, esta situación ocurre en la mayoría de ciudades del continente y no sustenta que Arequipa encabece el ranking nacional o global.

Pancarta.pe se contactó con el candidato Yamel Romero Peralta para consultarle sobre la fuente documental de su afirmación. Romero respondió que la información «está en los medios de comunicación» y sostuvo que la había visto publicada en notas periodísticas. Al solicitársele precisiones sobre el reporte, la institución o la base de datos técnica a la que correspondía, el candidato indicó que no tenía la fuente a la mano y ratificó esa versión como su respuesta.

Cabe precisar que esta verificación no busca minimizar la problemática de la calidad del aire en Arequipa ni restar gravedad a los impactos que el material particulado genera en la salud de la población. De hecho, las propias mediciones oficiales comprueban que los monitoreos oficiales exceden ampliamente las recomendaciones sanitarias de la OMS. El objetivo de este chequeo es advertir que el debate público y las promesas electorales no pueden construirse sobre diagnósticos distorsionados o cifras ficticias, sino promover que la toma de decisiones y el diseño de políticas ambientales se sustenten en información científica rigurosa y datos de calidad.

En resumen, los registros oficiales del OEFA y el SENAMHI descartan que Arequipa sea la ciudad con mayor contaminación de material particulado del país, registrando niveles que son superados ampliamente por diversas estaciones de Lima Metropolitana que duplican y triplican sus valores. Asimismo, en el informe internacional de IQAir 2025, Arequipa ocupa el puesto 614 del mundo y el séptimo lugar en el Perú, con estimaciones derivadas de un único sensor privado de bajo costo y modelos satelitales.

En función de lo expuesto, Pancarta.pe concluye que es FALSA la versión del candidato a la alcaldía provincial de Arequipa, Yamel Romero Peralta, acerca de que la ciudad registra la contaminación ambiental más alta del Perú y la décimo segunda a nivel mundial.

Este chequeo fue realizado por Pancarta.pe, miembro de la red Ama Llulla, con la herramienta de inteligencia artificial Radar Pancarta.pe.

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El debate se emitió el 27 de agosto. En su intervención, Chávez Flores sostuvo: “160 obras ejecutadas en pandemia, en tiempos de pandemia” (minuto 02:18). No obstante, esto no es cierto.

Para realizar esta verificación, Pancarta.pe cruzó fuentes distintas de información: El Sistema de Seguimiento de Inversiones Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas y su Banco de Inversiones, el portal de InfObras de la Contraloría General de la República y el portal de transparencia de la propia Municipalidad Distrital de Cayma. Tras hacer el cruce de la información bajo distintos criterios, la cantidad de obras ejecutadas por la gestión de Jaime Chávez, entre 2019 y 2022, es mucho menor a la descrita por el candidato.

Antes de pasar a describir cada número, es necesario delimitar la definición de lo que puede considerarse o no una obra pública. Para ello se hizo una consulta con dos expertos desde distintas perspectivas: la técnica y la legal. En las entrevistas no se mencionó al candidato objeto de la presente verificación para no condicionar las respuestas.

En ese sentido, se consultó la definición de una obra pública al presidente del Capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú-Región Arequipa, Gustavo Guillén, quien respondió a Pancarta.pe que una obra pública es una inversión estatal que cuenta con expediente técnico, un equipo de ingenieros y un presupuesto asignado.

Para corroborar su versión, Pancarta.pe revisó el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF (página 57), en su anexo 1 de definiciones, en el cual se establece con rigor que una obra es una construcción o mejoramiento material que requiere dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. Y esa misma definición es la que usa la Contraloría para delimitar el concepto. También aplica para las obras ejecutadas por el mecanismo de Administración Directa.

Asimismo, el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Invierte.pe) Decreto Supremo N° 284-2018-EF, precisa en su Artículo 3, numeral 6, que las inversiones públicas “No comprenden gastos de operación y mantenimiento”.

Gustavo Guillén, ante nuestras consultas, resaltó que cada obra en su expediente tiene el cálculo de presupuesto por mantenimiento, por lo que técnicamente ese tipo de intervenciones no calificarían como obras públicas.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados, Jorge Sumari Buendía, tiene un criterio más abierto al respecto, ya que considera que «cualquier intervención» puede considerarse una obra de gestión. Pese a ello, hace una salvedad. «Las obras que ejecute un municipio que tengan que ver con mantenimientos no deben publicitarse como logros de gestión porque es su obligación ejecutarlas». El especialista también aclara que solo pueden atribuirse como obras de gestión los proyectos de inversión que se generan en mejora de la calidad de los vecinos, por eso las obras están enmarcadas técnicamente como inversiones. «Actuar sobre mantenimientos no puede calificarse como una mejora».

Además, si accedemos al Portal de Transparencia Estándar del municipio de Cayma, en la Municipalidad lista un histórico (2009-2026) de 236 proyectos de inversión bajo el título de «Obras de la Municipalidad Distrital de Cayma», lo que también nos da un criterio para delimitar lo que la propia municipalidad considera como una obra.

Asimismo, también es preciso señalar que entre obras públicas y otras intervenciones, el total de Proyectos de Inversión alcanza los 438 ítems en los últimos 25 años. El equipo de Pancarta.pe descargó esta última base de datos para evitar cualquier sesgo o problema de limitación en el análisis.

Habiendo zanjado ese aspecto, vamos a los números.

Para la presente investigación hemos usado dos criterios. El primero tiene que ver con los desembolsos registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); y el segundo, con el inicio real de las obras físicas durante la gestión basándonos en el Formato 8A del MEF. En este último cualquier equipo técnico de obra tiene la obligación de registrar el avance físico del proyecto. Desde ya adelantamos que en ninguno de los dos aspectos los números calzan.

En principio, el SIAF, consultable a través del portal de Consulta Amigable del MEF, registra que durante los cuatro años del mandato de Chávez la comuna movilizó recursos en 82 registros presupuestales de inversión. Sin embargo, este número no solo corresponde a obras iniciadas en su gestión, sino que también incluye proyectos culminados por sus antecesores para los que se hizo cierre financiero.

Si se aplica un estándar de autoría presupuestal —proyectos cuyo desembolso inicial ocurrió entre 2019 y 2022—, el municipio financió un total de 53 iniciativas (ver matriz). De ellas, culminó el gasto en 10 obras, mientras que los otros 41 quedaron con saldos pendientes que debieron seguir pagándose en el periodo siguiente, incluso a pesar de que su ejecución física culminó en su gestión. Los dos restantes tienen que ver con adquisiciones de bancas y una cisterna. Al día de hoy, 11 proyectos aún tienen saldos pendientes por gastar en la actual gestión.

Asimismo, la municipalidad ejecutó fondos en 29 proyectos heredados de administraciones previas, lo cual es una obligación legal salvo circunstancias consideradas en la ley. Estos proyectos no son atribuibles a su gestión ya que si aplicáramos ese criterio le restaríamos las obras que heredó a Juan Carlos Linares.

En resumen, bajo el criterio de gasto presupuestal se pueden atribuir 53 proyectos con Código Único de Inversión a la gestión de Jaime Chávez.

El segundo criterio de nuestro análisis tiene que ver con el inicio real de las obras físicas. Para hacer este análisis hemos descargado todos los Formatos 8A (registros de fases de ejecución) de las obras correspondientes al distrito. Al evaluar las obras que empezaron desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, el total de obras físicas iniciadas es 46: 4 en 2019, 6 en 2020, 11 en 2021 y 25 durante 2022.

De esas construcciones, un total de 38 culminaron durante su gestión y otras 8 continuaron ejecutándose en el mandato de Juan Carlos Linares.

En esas 46 obras físicas se le contaron todas aquellas donde inició ejecución física en su mandato, incluso si el proyecto o expediente técnico fue elaborado por sus antecesores. Además, corresponde sumar otras 7 obras físicas que se continuaron de gestiones anteriores.

No obstante, bajo este parámetro tampoco se alcanza las 160 obras mencionadas por el candidato.

Aquí corresponde aclarar que los criterios analizados difieren en número porque en uno se tiene en cuenta el año en el que inició el gasto y en el otro la fecha de ejecución de cada obra. En la primera pauta se respeta la autoría de la iniciativa y en la segunda se prioriza el inicio de la ejecución física. En ese sentido, no está de más precisar que el hecho de que una gestión haya invertido en un perfil o expediente no significa que haya alcanzado a iniciar las obras físicas, incluso algunos perfiles suelen ser descartados con relación a la prioridad de cada gestión.

En ambos parámetros se incluyeron todas las modalidades de inversión (IOARR, Administración Directa, Contrata, Proyectos de Reconstrucción con Cambios, etc).

Para la presente verificación nos contactamos a través del número personal del candidato Jaime Chávez para solicitarle sus precisiones. Recibimos respuesta a través de una carta por parte de su equipo de campaña.

En ella mencionan que formularon 68 proyectos de inversión, sin adjuntar alguna lista. Sin embargo, corroboramos su versión comparando este número con los datos combinados del MEF e InfObras. En el segundo queda constancia de que varios proyectos se fraccionaron en distintas etapas, contratos y expedientes. Al final, a la cifra inicial en la que se le atribuye autoría financiera de 53 proyectos (con CUI propio), podemos sumarle otros 15 (ver matriz: pestaña proyectos InfObras). No obstante, ello tampoco permite concluir que se alcanzó la cifra de las 160 obras mencionadas por el candidato.

Asimismo, en su respuesta mencionan 7 proyectos de continuidad de la gestión anterior. Aspecto que en todo caso ya forman parte de nuestro análisis antes descrito.

También aseguran que ejecutaron 50 obras en tres Proyectos de Inversión Multipropósito, una modalidad de inversión que agrupa a dos o más conjuntos de recursos (infraestructura, equipos, personal y organización) para proveer uno o varios servicios públicos de manera integrada. El objetivo es optimizar el gasto en intervenciones en las que un solo proyecto no sería viable. En ese sentido aseguran que intervinieron en 27 parques, 14 áreas recreativas y 9 áreas deportivas.

Sin embargo, tras revisar cada uno de los Códigos Únicos de Inversión (CUI) de esos tres proyectos multipropósito (2158964, 2483850, 2491267) encontramos que uno de ellos, el referido a los parques, había sido iniciado en gestiones anteriores, en las cuales se avanzaron 18 intervenciones en cuatro etapas. A la gestión de Chávez le correspondió trabajar las dos últimas etapas en las que intervino 9 parques, según InfObras. Por lo que los datos que nos entregó al respecto son engañosos.

En todo caso, si estirásemos el criterio a conveniencia de Chávez, y le sumáramos 32 intervenciones de estos 3 proyectos de inversión tampoco alcanzaríamos la suma de 160 obras. Con ese análisis benevolente llegaríamos a 100 «obras» con 53 CUI reales.

Asimismo, también respondieron que ejecutaron 62 intervenciones por administración directa y mantenimiento, sin detallar el respectivo listado. En ese sentido, esta verificación también incluyó en su análisis las obras por Administración Directa que cuentan con expediente (revisar matriz). Además, tras delimitar previamente con especialistas, y el marco legal vigente, que los mantenimientos no pueden considerarse obras o en su defecto no deberían publicitarse como tales, no podemos incluir este número en nuestro conteo. Y si lo hiciéramos sería como mínimo impreciso, engañoso e incoherente con la delimitación conceptual que hicimos al inicio de este chequeo.

También incluyeron en su respuesta 30 fichas que califican como obras ejecutadas mediante convenio con el Ministerio de Trabajo en el marco del programa Llamkasun Perú (antes Trabaja Perú). Este tipo de intervenciones son subsidios para generar puestos de trabajo a personas vulnerables. Se pueden trabajar en dos modalidades: Obras y Fichas. En nuestro análisis no pudimos hallar códigos de inversión de obras vinculadas a este programa en Cayma. Además, la segunda modalidad, las fichas de Actividades de Intervención Inmediata (AII) no figuran como Proyectos de Inversión.

Ambos especialistas consultados y referidos al inicio de este reportaje también coinciden en que este tipo de intervenciones no calificarían como obras, e incluso Sumari señaló que este tipo de fichas puede considerarse como un intento de sobredimensionar los resultados de cualquier gestión municipal.

En resumen, la versión del candidato Jaime Chávez no se sostiene ni en la asignación presupuestal del MEF, ni en las actas de avance físico del formato 8A del MEF, ni en los criterios técnicos de especialistas consultados del Colegio de Ingenieros y del Colegio de Abogados. En el aspecto financiero, su gestión solo originó 53 proyectos de inversión pública, de los cuales concluyó el gasto en 10 obras y 2 adquisiciones, mientras que 41 quedaron con saldos pendientes que la siguiente administración debió continuar pagando. Además, en su respuesta añadieron códigos únicos de inversión fraccionados, lo que permite sumar la cantidad de obras a 68, pero no evidencia que se alcance las 160 señaladas por el candidato.

Por otro lado, en la realidad material, Chávez inició 46 obras físicas —incluidos proyectos formulados por gestiones anteriores— (38 culminadas en su periodo y 8 terminadas en la gestión siguiente) y continuó la ejecución física de otras 7 de administraciones previas, alcanzando un total de 53 obras en terreno.

Para sostener que ejecutó 160 obras, el equipo técnico del exalcalde sumó mantenimientos y fichas de programas subsidiados que de acuerdo a los especialistas consultados no correspondería contabilizar como obras.

Cabe mencionar que si el rigor se hubiera ajustado solo a la pandemia, tal como lo mencionó el candidato los números hubieran sido mucho menores.

En función de lo expuesto, Pancarta.pe concluye que es FALSA la afirmación del exalcalde y candidato Jaime Chávez Flores acerca de que durante su gestión en la Municipalidad Distrital de Cayma se ejecutaron 160 obras.

Este chequeo fue realizado por Pancarta.pe, con la herramienta de inteligencia artificial Radar Pancarta.

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“Somos el tercer distrito con inseguridad a nivel de la región Arequipa en donde tenemos pues matanzas, extorsiones, robos al paso”.

Pero esto no es cierto.

En principio, el registro oficial más reciente previo al proceso electoral corresponde al primer semestre de 2026 del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), administrado por la Policía Nacional del Perú y disponible en el Portal Nacional de Datos Abiertos.

En dicho periodo, se registraron 28.241 denuncias por diversos delitos en los 109 distritos de la región Arequipa.

Al verificar el ordenamiento distrital del primer semestre de 2026, Miraflores se situó en el sexto lugar regional y provincial, al registrar 1.465 denuncias ante sus comisarías (el 5,19 % del total regional).

En realidad, el tercer distrito con más denuncias en la región es Paucarpata, con 2.059 hechos delictivos reportados; es decir, 594 delitos más que Miraflores (+40,5 %). Los dos primeros puestos corresponden al Cercado de Arequipa (4.425) y Cerro Colorado (3.224).

Ahora bien, el candidato Álvarez aludió específicamente a delitos de alto impacto como extorsiones y robos. Sin embargo, el desglose por modalidades delictivas del SIDPOL descarta que Miraflores encabece o integre el podio provincial en alguno de estos ilícitos.

En robos, con 44 denuncias entre enero y junio de 2026, Miraflores se ubicó en el noveno lugar de la provincia, muy por detrás del Cercado de Arequipa (255 casos), Cerro Colorado (161) y Paucarpata (141).

En extorsiones, la comisaría de Miraflores registró 6 denuncias en todo el semestre (octavo puesto provincial), frente a las 126 reportadas en la capital provincial. En delitos contra la vida, el cuerpo y la salud figuró en la sexta posición con 796 casos.

La posición de Miraflores tampoco es un hecho fortuito o coyuntural. Pancarta.pe revisó la serie histórica de denuncias policiales del SIDPOL entre 2018 y julio de 2026, que suma 509.069 denuncias en el departamento.

En el acumulado histórico, Miraflores ocupa el sexto lugar general con 26.008 denuncias, mientras que Paucarpata se mantiene de forma continua en el tercer puesto histórico con 42.696 denuncias (16.688 casos más que Miraflores). En ninguno de los años evaluados Miraflores ocupó el tercer lugar regional.

Los datos de volumen delictivo concuerdan con el dataset oficial de Indicadores y tendencias para planes de acción de Seguridad Ciudadana, publicado por el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) en el portal Datos Abiertos.

Esta base oficial asigna a cada distrito una posición regional calculada a partir de tasas por cada mil habitantes. En el corte de 2026, Miraflores se ubica en el puesto 28 de la región en delitos contra el patrimonio (tasa de 4,62 por mil habitantes) y en el puesto 27 en extorsión (tasa de 0,08 por mil habitantes). En 2025 ocupó los puestos 22 y 20, respectivamente; y en 2024, las posiciones 18 y 9. En ninguno de estos indicadores de criminalidad ocupó el tercer lugar.

Asimismo, los hallazgos oficiales coinciden con las investigaciones académicas sobre criminalidad en hogares. La reciente Encuesta de Percepción de Seguridad y Victimización, elaborada por el Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), midió la victimización directa sufrida por ciudadanos en el 2025.

En dicha medición sobre victimización efectiva, Miraflores se situó en el sexto lugar metropolitano en 2025 con 6,88 % de las menciones, por detrás de distritos como Cerro Colorado (16,60 %) y Paucarpata (14,98 %). Asimismo, en 2024, Miraflores ocupó el quinto puesto (8,10 %).

Asimismo, la encuesta de la UCSP muestra que, en una pregunta sobre qué distritos la población evita frecuentar por temor, Miraflores sí figuró en tercer lugar en 2022 (12,88 %) y empató en tercer puesto en 2024 con Hunter (14,88 %). Sin embargo, en 2025 esa percepción cayó al 0,00 %, concentrándose el temor en Hunter (46,47 %), Bustamante y Rivero (32,35 %) y Paucarpata (18,24 %).

En el documento metodológico del estudio de la UCSP, los investigadores precisan que el miedo al crimen responde a una expectativa subjetiva que no debe confundirse con la victimización objetiva o delincuencia fáctica.

Por su parte, el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana (PADSC 2024-2027) de Miraflores clasifica a las comunas en tercios técnicos de atención prioritaria. Miraflores integra el «primer tercio» regional (puestos 1 al 36) por sus tasas poblacionales, criterio que no equivale a ocupar el tercer puesto.

Con el fin de obtener precisiones, Pancarta.pe se contactó con el candidato Hubert Álvarez a través de llamada por WhatsApp para consultarle el sustento documental de su afirmación. El candidato prometió que revisaría el tema con su equipo y nos daría una respuesta. Sin embargo, al cierre de esta verificación, no recibimos ninguna comunicación adicional.

En resumen, las estadísticas oficiales del SIDPOL sitúan a Miraflores en el sexto lugar delictivo de la región Arequipa tanto en 2026 como en la serie histórica acumulada, superado ampliamente por Paucarpata, que realmente ocupa el tercer lugar. Asimismo, la base de indicadores de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior lo ubica en el puesto 28 en delitos patrimoniales y 27 en extorsión, mientras que los estudios de la UCSP lo sitúan en el sexto lugar de victimización efectiva, lo cual descarta que sea el tercer distrito con mayor inseguridad.

En función de lo expuesto, Pancarta.pe concluye que es falsa la versión de Hubert Álvarez, candidato a la alcaldía distrital de Miraflores por Ahora Nación, acerca de que este distrito ocupa el tercer lugar en inseguridad a nivel de la región Arequipa.

Este chequeo fue realizado por Pancarta.pe, miembro de la red Ama Llulla, con la herramienta de inteligencia artificial Radar Pancarta.pe.

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Hay cosas que ahora nos parecen bonitas porque ya no nos incomodan. La estética chicha, por ejemplo.

Hoy es fácil quererla. Con sus colores fosforescentes, tipografías inventadas, degradados neón, estrellas, corazones y fotografías saturadas, la chicha ya tiene exposiciones, libros, diseñadores que la estudian y marcas que la convierten en identidad visual.

Y como no hacerlo gracias a Los Shapis, Chacalón, y demás que son (personal y universalmente) auténticas leyendas.

Pero ¿qué pasa con los hijos de la chicha? 

Porque mientras la chicha ya consiguió entrar al museo, parece que sus descendientes todavía siguen intentando entrar por la puerta de servicio que todos ignoran.

Hablemos de la cumbia sureña.

La cumbia sureña no es simplemente “cumbia hecha en el sur”. Es una escena musical que se consolidó desde los años noventa, especialmente alrededor de Puno, Juliaca, y parte importante de Bolivia (ya no hablamos de un género nacional, sino de uno que como pocos, traspasa fronteras nacionales) y que mezcla cumbia, huayno, tecno y cultura popular andina.

Muchos sintetizadores, muchas cajas de ritmos, muchos riffs de guitarras eléctricas y mucho sentimiento.

Mucho sentimiento sobre todo.

Porque si la cumbia norteña puede hablar de amor, la del sur nos muestra la otra cara del romance: el abandono, la infidelidad, el alcohol, la pobreza y migración, la familia, el machismo, y hasta la humillación. Es decir, el amor como una tragedia social.

Hay una diferencia que me parece particularmente fascinante entre la cumbia norteña y la sureña: la imagen que construyen de sí mismas.

La cumbia norteña entendió muy bien que para entrar al imaginario mainstream había que verse bien. Y esto quizás es debido a las grandes oportunidades que ha tenido por ejemplo Grupo Cinco. Una imagen sobria, ellos con terno, orquestas profesionales, presentaciones elegantes, videoclips profesionales impecables, guiones y actores.

Mientras que la cumbia sureña tomó el otro camino, ternos de colores fosforescentes, brillantes, cabellos negros teñidos a rubio, lentes de contacto, piercings, casacas de cuero, videoclips con transiciones en 3D y tipografias de WordArt como atrapadas en el 2000.

La cumbia sureña a diferencia de la norteña, no intenta borrar el lugar donde fue hecha. En los videos de Los Puntos del Amor, por ejemplo, puedes encontrar a los músicos vestidos con trajes rojos y casacas de cuero, bailando delante del letrero que dice “Juliaca”, caminando entre mercadillos callejeros con letreros de “Gran Remate” o “Videocine”, comprando en carretillas de comida reales (no hay actores, solo la gente que tuvo la suerte de pasar ese dia por la plaza) o posando junto a una gigantografía de Shrek. No como metáfora. Simplemente Shrek.

Todo entra. Nada parece necesitar permiso para estar dentro del encuadre.

Aquí la fantasía es simplemente: hacer del lugar donde estás, un escenario. Porque mientras la publicidad hoy en día intenta controlar todo lo que aparece en las pantallas, estos videos parecen decir “mira todo lo que hay”. Y esa sinceridad hoy en día es tan escasa y anárquica, que hasta parece irreal.

En un videoclip más antiguo los Puntos del Amor llegan a Lima, la capital aparece casi como otro mundo. Admirando el hotel Sheraton, la playa y haciendola suya una vez mas, colocando a las bailarinas con bikinis de lentejuelas y botas taco doce hasta los muslos.

La capital no es una promesa ni un fin, es otro viaje más para ellos.

En los videos de Grupo Sociedad y de los Ronisch aparecen los mismos principios llevados a otro nivel, trajes extremadamente brillantes, patrones de leopardo, texturas psicodélicas y dobles teclados (hasta triples).

Muchas veces se habla de la cumbia sureña como si fuera una música “provinciana”, cuando visualmente está obsesionada con la tecnología. Sintetizadores, cajas de ritmos, efectos digitales, chromas. Un abrazo al futuro que no parece importarle mucho a otros géneros.

Y cuando miramos estas imágenes desde el presente, pienso ¿Cuándo una estética deja de ser llamada “huachafa” y se convierte en diseño de autor?

¿Cuándo cambia el público? ¿Cuándo cambia el precio? ¿Cuando la imprime una galería? ¿Cuando la utiliza una marca? ¿Cuándo un diseñador la reproduce? ¿Cuando un europeo dice que es “brutal”? ¿Cuando conseguimos explicarla con suficientes palabras para que deje de parecer un accidente?

¿O cuando deja de pertenecerle la gente que la creó?

Porque hay algo curioso en la historia reciente de la estética chicha: Primero se la desprecia. Después se la estudia, se la exhibe, luego se la reproduce y finalmente se la llama tendencia.

Es una transformación bastante conveniente.

Primero: “qué huachafo.” Después: “qué interesante estética popular.” Finalmente: “qué cool”.

La cumbia sureña todavía está en ese lugar incómodo. No porque carezca de público, todo lo contrario, en Juliaca, Puno y el circuito del altiplano existe una industria, llena de radios, escenarios, agrupaciones y públicos enormes. Es marginal en un sentido mucho más extraño, porque es masiva y, al mismo tiempo, culturalmente deslegitimada.

Y ahí la geografía importa.

Porque quizá el problema nunca fue que la cumbia sureña no se viera bien, quizá el problema es desde dónde la estamos mirando.

Hay música que llega a Lima y se convierte en hits nacionales. Y hay música que, aunque llene escenarios internacionales enteros, siguen siendo llamadas “de provincia”, “de borrachos”, “de indios” como bien menciona Bruce Quispe en su tesis que ahonda más en el tema.

La cumbia sureña no necesita ser legitimada, lo que merece ser interrogado es por qué nosotros necesitamos legitimarla.

Porque ese “demasiado” que tanto incomoda no es un defecto, sino la forma visual de una cultura que nunca tuvo que esperar a que alguien le explicara cómo debía verse.

Brilla mucho Cumbia Sureña, vístete de colores, lentejuelas, siente mucho, haz los guiños que se te dé la gana a la cultura pop, no hagas caso a nadie (ni a mi). Porque al final de cuentas ¿Quién decide qué música se ve bien?

Sobre la Autora:

Vanessa Begazo López (Arequipa, Perú) más conocida como La Perra Negra, es comunicadora social, diseñadora, ilustradora y artista visual. Su trabajo cruza el arte contemporáneo, la ilustración y la video-poesía experimental, con una estética realista-tercermundista e hyper-sensible influenciada por el punk, los videojuegos, el anime y la cultura pop. Ha trabajado como diseñadora para McCann y actualmente forma parte del Estudio Provincia. Se especializa en ilustración para bandas y proyectos musicales, y ha sido ganadora de premios nacionales e internacionales en ilustración. Desarrolla videopoemas y performances presentados en festivales y espacios culturales, destacando su participación en el Hay Festival Arequipa 2025 con la performance Oda a los doteros, oda a nadies. En 2024 fue coautora del libro Ser comunicadora: 20 voces de la comunicación. Su obra explora la fragilidad humana desde una mirada contemporánea, con una identidad hyper-latina, visceral y profundamente emocional.

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